El ex alcalde de Tijuana Arturo González Cruz afirmó que el contrato que la administración a su cargo firmó con la empresa Global Sight para la adquisición y mantenimiento de cámaras de seguridad, se celebró con apego a lo que establece la Constitución federal en materia de contratos celebrados por los Ayuntamientos.
Ello a propósito de la denuncia que la diputada del Partido Acción Nacional Alejandrina Corral Quintero presentó este martes 17 de octubre ante la Fiscalía Regional Tijuana, bajo el argumento de que como alcalde del XXIII Ayuntamiento de Tijuana González Cruz debió haber solicitado autorización al Congreso del Estado para adquirir una deuda pública ascendente a 589 millones de pesos en un afán de contratar los servicios de la empresa en la modalidad de contrato plurianual a 7 años.
“Los Ayuntamientos están facultados para usar los recursos municipales, pero de acuerdo a ciertas reglas, reglas que se cumplieron cabalmente”, manifestó a ZETA el ex presidente municipal, quien actualmente funge como diputado del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Unión.
“La Constitución establece que para que un contrato que celebre un Ayuntamiento tenga validez por tiempo superior al de la administración, o sea de los funcionarios, tiene que ser votado a favor por más de las dos terceras partes del mismo, entonces esos contratos fueron votados por unanimidad”, indicó.
Sostuvo que además los contratos en cuestión le comportaron un ahorro millonario al municipio.
“Le salvaron a Tijuana, le arreglaron el problema de las cámaras que había, que multaban, esa empresa tenía ya un fallo a su favor por más de entre mil 260 millones o mil 700 millones de pesos, pero lo que se hizo fue que se logró negociar con la compañía para efecto de que si celebrábamos en contrato nuevo le iba a costar a Tijuana mil 200 millones de menos de lo que ya estaba condenada en juicios anteriores, no de mi administración, a pagar, entonces fue un contrato que le ahorró a Tijuana mil 200 millones de pesos”, indicó.
La diputada de la XXIV Legislatura de Baja California refirió que conforme a una revisión de las cuentas públicas de los Ayuntamientos de Baja California, en el caso de Tijuana y Tecate se percató de “muchos actos que ameritan una sanción, ya sea una sanción leve, grave, inhabilitación o incluso la presunción de un delito”.
Acusó que “los órganos de control interno no están haciendo nada” y que en el Congreso del Estado no prosperó una petición que hizo para que se revisara esa presunta omisión.
A propósito de la denuncia presentada por Alejandrina Corral Arturo González Cruz dijo sentirse “tranquilo”. Admitió que “observaciones puede haber”, con el pormenor de que también se pueden aclarar.
“Si bien es cierto que hubo algunas cosas que se señalaron, se aclararon y se van a seguir aclarando”, remató.
