Con 30 votos a favor y 21 sufragios en contra, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó, el 10 de octubre de 2023, el dictamen que extinguiría 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) y que permitiría al Gobierno Federal disponer de aproximadamente 15 mil millones de pesos.
El dictamen que fue turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que el 11 de octubre de 2023 sea discutido en el Pleno de San Lázaro, se avaló por 30 votos a favor por parte de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM), así como 21 sufragios en contra del Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).
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Al inicio de la discusión, los grupos parlamentarios del PRI y del PAN pidieron que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro, se excusara del debate y se retirara del orden del día, al considerar que no se tenía competencia.
Ello debido a que la propuesta no implicaba una modificación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipio, e incluso a la Ley de Austeridad Republicana, “por lo que no se tiene competencia para el análisis de esta iniciativa”.
En la discusión de la propuesta, se ignoraron peticiones del grupo parlamentario PAN, para convocar a un Parlamento Abierto, donde fueran escuchadas las voces de jueces, magistrados y ministros, así como las de expertos y representantes de los trabajadores del PJF, porque, según los legisladores panistas, se estaban lesionando derechos ya adquiridos de los trabajadores, que formaban parte de prestaciones sobre condiciones generales del trabajo.
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La reforma prevé la extinción de 13 de los 14 fideicomisos que existen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que al segundo semestre de este año sumaban 21 mil 554 millones de pesos.
Lo anterior representa que solo uno de los 14 fideicomisos quede vigente, siendo este “el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia” del Consejo de la Judicatura Federal, mismo que cuenta con 6 mil 104 millones de pesos, mientras que los 15 mil 425.9 millones de pesos que restan en los otros 13 fideicomisos, “deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación [TESOFE]”.
De los 14 fideicomisos, seis corresponden a la SCJN, con un monto de 6 mil 241.9 millones de pesos; seis más son del CJF, con 15 mil 281 millones; y otros dos le corresponden al TEPJF, en los que tiene 15 millones 941 mil pesos.
La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe la existencia de fondos y fideicomisos, y en artículos transitorios, además de que señala el proceso de extinción de los fideicomisos existentes y que los recursos sean reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
En la actualidad, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que el PJF se auxiliará para el mejor desempeño de sus funciones, a través de “un fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia y administrar los recursos financieros que integren el mismo”.
“En el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente”, propone la iniciativa de reforma impulsada por Morena, el PT y el PVEM.
Según la exposición de motivos de la iniciativa presentada por Morena, los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación son utilizados, “principalmente para mantener las prestaciones de las y los ministros, consejeros y magistrados durante toda su vida”.
Agrega que el ejercicio de dichos instrumentos había sido observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual había sostenido reiteradamente que dichos instrumentos no se apegan a los principios de austeridad y racionalidad, además de que detectó acumulación de recursos públicos, lo que indica que la financiación de las actividades que eran objeto central de su creación, se estaban realizando con recursos públicos frescos y no con los de los fondos y fideicomisos.
El dictamen propone que una vez que fueran liquidadas las obligaciones adquirida por estos instrumentos, los recursos remanentes serían enterados a las unidades administrativas que fungen como Tesorería dentro de los órganos que conforman el PJF, para posteriormente ser enterados a la TESOFE, con el objetivo de que pudieran integrarse a las disponibilidades del Gobierno Federal.
“Los recursos remanentes deberán enterarse a las unidades administrativas que fungen como tesorerías dentro de los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, esos recursos no permanecerán en esas tesorerías, sino que deberán ser enterados a la Tesorería de la Federación para su mejor uso en beneficio de la Nación”, señala la exposición de motivos de la iniciativa.
El dictamen reconoce que si bien la reforma no afectaría derechos laborales básicos, ya que los recursos para cubrir éstas se encuentran previstos por la ley, sí tendría impacto en prestaciones complementarias de los trabajadores.
“En efecto, puede advertirse que los fondos a los que se hace referencia en la iniciativa refieren aspectos como: pensiones complementarias, prestaciones complementarias, prestaciones médicas adicionales, remanentes presupuestales, mantenimiento de casas habitación, apoyos médicos complementarios y apoyo económico extraordinario, etc. Como puede advertirse, se trata de prestaciones adicionales que resultan independientes de los derechos básicos laborales asegurados por ley”, agrega la iniciativa.
Entre los fideicomisos más cuantiosos que prevén extinguir del PJF, se encuentran el de Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados, que cuenta con recursos por más de 4 mil 722 millones de pesos, así como el Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal, con una disponibilidad de cerca de 4 mil 309 millones.
Además, el de Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, con 2 mil 972 millones, y Remanentes presupuestales, con mil 386 millones. Otros instrumentos son el Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España, el Fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.
Con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, Pensiones complementarias mando superior, Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados y Plan de prestaciones médicas.
JUZGADORES RECHAZAN EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL PJF
Un total de cinco asociaciones de impartidores de justicia rechazaron, el 10 de octubre de 2023, la iniciativa de extinguir varios fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que en conjunto administran más de 15 mil millones de pesos.
En un posicionamiento conjunto, dichos organismos afirmaron que la aprobación de esta reforma promovida por la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sería un grave ataque a la independencia judicial y afectaría la subsistencia de los servidores públicos y sus familias.
“Las asociaciones que suscriben externan su más amplio rechazo a la iniciativa de adiciones al articulado transitorio del Decreto que expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y otros ordenamientos, mediante la cual se pretende extinguir diversos fideicomisos institucionales que, en su mayoría, financian recursos necesarios para la infraestructura y la administración de la Justicia federal, así como diversas prestaciones que reciben los miles de empleados que conforman la fuerza de trabajo de dicha institución”, señalaron las asociaciones.
“De ser aprobada dicha reforma se consumaría un grave ataque a la independencia judicial, que redundará en un perjuicio directo a la ciudadanía, pues el derecho a una administración de justicia pronta y especializada se verá inevitablemente afectado, incumpliendo así con la responsabilidad asumida por el Estado Mexicano ante la comunidad internacional. Pero, además, se atentaría contra los derechos laborales de los trabajadores de la Judicatura Federal, poniendo en riesgo la subsistencia de miles de familias mexicanas al afectar prestaciones que constituyen derechos adquiridos con base en las condiciones generales de trabajo”, insistieron las asociaciones.
El posicionamiento fue suscrito por la magistrada Rosa Elena González Tirado, presidenta del Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ), y la magistrada Hortencia María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C.
También por la magistrada Gloria Avecia Solano, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, A.C.; así como por Rosa Elena Alonzo Méndez, directora del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, A.C.; y Froylán Muñoz Alvarado, director de la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales (JUFED).
Las asociaciones resaltaron que quienes trabajaban en el PJF tenían prohibido legalmente contar con otra fuente de ingresos, ni siquiera cuando fueron docentes o expusieran su experiencia y conocimientos en el ámbito académico.
“Se debe considerar que la subsistencia de los trabajadores y sus familias depende únicamente de su fiel dedicación a la función jurisdiccional; por tanto, es necesario que se respete su derecho a obtener una remuneración decorosa por el desempeño honesto y responsable de su trabajo, que les permita llevar una vida digna y realizar su función en beneficio de la sociedad con absoluta autonomía e independencia y libre de influencias y presiones externas, pues ello garantiza que las decisiones que emitan sean justas e imparciales”, señalaron las asociaciones.
En su posicionamiento refirieron que, si bien la estructura del PJF era perfectible, la efectividad del sistema de justicia federal se legitimaba a través de las resoluciones que emitían los diversos órganos que lo integran, quienes garantizaban el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ante las determinaciones arbitrarias del Estado. “De ahí que resulta indispensable el respeto irrestricto a los recursos financieros que ya se encuentran asignados para el ejercicio de tan alta encomienda”, concluyeron.
