Residentes de San Luis Río Colorado y el Golfo de Santa Clara en Sonora, residen en zonas consideradas “estratégicas” para el Cártel de Sinaloa, donde sus sicarios secuestran, matan y se encargan de todas las actividades ilícitas en ambas comunidades de poca población. Sin pensarlo, y menos poder evitarlo, los sencillos pobladores conviven con el crimen organizando tocando a su puerta, libremente e infundiendo terror con la evidente colusión de los tres órdenes de gobierno, hoy morenistas.
Estos ciudadanos no sólo esquivan a la delincuencia organizada; también se ven agobiados o acosados por la intervención de policías e incluso elementos de la Secretaría de Marina implicados en la desaparición de dos personas en hechos distintos, que, sin embargo, coinciden debido a la intervención directa de la autoridad.
El joven Rafael Gaspar Alvarado Espinoza, estudiante de la carrera de Criminología, y José Abran Jáuregui Rodríguez, pescador originario del Valle de Mexicali, son dos presuntas víctimas de la propia autoridad que -en teoría- tiene por obligación proteger a la ciudadanía.
Rafael Gaspar se encuentra desaparecido desde febrero, a escasos días de haber denunciado a un grupo de policías municipales que irrumpieron en su casa y le exigieron 100 mil pesos a cambio de no hacerles daño. José Abran fue detenido el pasado fin de semana por individuos vestidos como elementos de la Secretaría de Marina. Así, sin más ni más. Luego de tres días de búsqueda, su cuerpo fue hallado con huellas de tortura en la carretera que une al Golfo con San Luis Río Colorado.
“(Santos) hizo lo que ningún otro partido hizo: vender la plaza”, refirió enfurecida Dora Luz Espinoza, tía de Rafael Gaspar Alvarado Espinoza, quien dijo haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de los agentes implicados en la desaparición de su sobrino.
El lunes 18 de septiembre, elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República (FGR) intentaron capturar a cuatro elementos de la Policía Municipal de San Luis Río Colorado por su presunta participación en la desaparición de Rafael Gaspar, pero fue el propio alcalde Santos González Yescas, quien impidió la detención de uno de ellos que se encontraba dentro del Palacio Municipal. Los otros tres lograron protegerse en la Comandancia para evitar su captura.
Desde entonces González Yescas calla y el gobernador Alfonso Durazo se ha limitado a confirmar que se intentó aprehender a un policía en San Luis. Así, a la ligera, como si el bienestar de los sonorenses valiera menos que nada.
MARINOS IMPLICADOS EN DESAPARICIÓN DE JOSUÉ ABRAN
El reloj marcaba las 13:30 de la tarde del 15 de septiembre cuando Josué Abran Jáuregui Rodríguez salió de su casa, subió al vehículo de su tío -una camioneta Chevrolet Tahoe color blanco- y emprendió la marcha. Dijo que iría a hacer un mandado.
Pescador de la zona del Golfo, abordó el auto y llegó a una tienda de autoservicio Oxxo, donde compró algunas cosas sin mayor importancia para luego volver a su vivienda.
En el breve trayecto, sobre la calle Chiapas, entre Tercera y Cuarta, una cámara de vigilancia captó el momento en que el auto Tahoe circulaba por la zona y fue intervenido por una unidad de la Secretaría de Marina color gris, tripulada por varios elementos tanto en la cabina como en la caja trasera.
El video en poder de ZETA exhibe cómo los marinos descendieron del vehículo y abordaron a José Abran. Conversaron por unos minutos y posteriormente la unidad de la Semar se retira, dejando la Tahoe abandonada en el camino de terracería.
Cuando los familiares de Josué Abran fueron a buscarlo, encontraron la camioneta blanca abandonada en la que todavía estaba el mandado, su teléfono celular y las llaves del vehículo.
Durante la búsqueda también fueron intervenidos por elementos de la Marina Armada de México, pero en ese momento comenzaron a grabarlos para evitar una situación de riesgo.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado de Sonora indicaron que el sábado, cuando la familia acudió a presentar la denuncia por desaparición, debido a que ninguna autoridad -incluyendo la Semar- brindaba información sobre el paradero de Josué Abran. Todos decían no conocer su paradero ni tener datos de una posible intervención.
La mañana del lunes 18, el cuerpo de Josué Abran apareció a un costado de la carretera que conecta al Golfo de Santa Clara con San Luis Río Colorado. Tenía huellas de tortura evidentes y estaba atado de pies y manos. A su lado había una cartulina con la siguiente leyenda: “Atte: Comandante Gorila NENE GARIBAY ESTO TE PASO POR TRAICIONERO Y LO MISMO LE VA PASAR AL QUE TRAICIONE A LA CHAPIZZA”.
El cuerpo vestía una camiseta roja con un pantalón de mezclilla azul, pero cuando Josué Abran desapareció, llevaba una camiseta tipo Polo color blanco. La familia lo identificó y confirmó que el cuerpo corresponde a Josué, no al supuesto Nene Garibay.
ZETA intentó contactar a la familia para obtener una versión sobre este hecho criminal, pero no fue posible. Sin embargo, en la FGE Sonora ya existe una carpeta de investigación sobre el caso y se cuenta con imágenes en video de la intervención militar y del último momento en que se tuvo certeza que Josué estaba vivo.
De confirmarse el involucramiento de marinos en el caso, se podría hablar de una ejecución extrajudicial más en un país donde parece que los balazos son para los ciudadanos y los abrazos se reparten entre autoridades coludidas con la delincuencia organizada.
MARINOS Y FGE INTENTAN DETENER A POLICÍAS DE SLRC
Mientras que en el primer caso, elementos de la Semar figuran como sospechosos de un crimen, en San Luis Río Colorado participaron en un operativo para capturar a cuatro elementos de la Policía Municipal.
El lunes 18 de septiembre, tanto Semar como FGR patearon la puerta de Palacio Municipal e intentaron detener al subdirector de la Policía Municipal, Martín Ochoa. De manera simultánea, otros tres policías intentaron ser asegurados por la corporación federal, pero lograron refugiarse en la Comandancia ubicada en la intersección de calle Guerrero y 34 de dicha comunidad.
Tanto el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado como la corporación local, no brindaron información oficial al respecto, pero trascendió mediante fuentes cercanas al caso que el operativo tenía como intención asegurar a los mandos policíacos Miguel Amaro, Melissa González, así como al comandante Gerardo Camacho. Todos lograron burlar la acción de la justicia al solicitar apoyo a sus elementos, quienes rodearon ambas oficinas gubernamentales para evitar la intromisión de los elementos federales.
Por medio de sus teléfonos celulares, algunas personas captaron el arribo de la Semar a Palacio Municipal, pero no se concretó una sola detención. De hecho, el subdirector se encontraba en una reunión de seguridad cuando los marinos acudieron a concretar la captura, pero según fuentes, de nuevo fue el alcalde Santos González exigió que se retiraran del lugar y no concretaran la aprehensión.
Mientras se ganaba tiempo, los agentes se comunicaron con abogados para ampararse en Hermosillo y Mexicali. Este recurso les fue negado en ambos casos y, tras varias horas de conflicto, los marinos decidieron retirarse para evitar una situación más complicada.
Y es que las instalaciones del Palacio Municipal fueron rodeadas por agentes municipales que tenían la instrucción de desalojar a los allí presentes y evitar la detención de cualquier funcionario municipal.
Durante su conferencia mañanera, el gobernador sonorense Alfonso Durazo se limitó a confirmar que se intentó detener a un agente de la corporación y éste se había refugiado en las oficinas gubernamentales. Agregó que el mandamiento se ejecutaría en otro momento “sin aspavientos”.
En la primera entrevista que González Yescas brindó a ZETA, comentó que la Comandancia “no está en venta”. Para Dora Luz Espinoza, tía de un joven desaparecido, el alcalde vendió la plaza y colocó “narcopolicías” al frente de la corporación.
Sus declaraciones cobran relevancia, debido a que los presuntos objetivos de Marina y FGR son los mismos que la familia ha exhibido como implicados en la desaparición del joven Rafael Gaspar, ocurrida en febrero de 2023, cuando salió de su vivienda sobre Avenida Constitución casi esquina con Monterrey, en San Luis Río Colorado.
El 17 de enero, Rafael estaba conviviendo con unos amigos en casa de su tía Dora Luz, donde también vivía. Los jóvenes observaron el arribo de un imponente operativo de seguridad y decidieron ingresar al domicilio, según narra su tía, quien no se encontraba ahí, pero fue la explicación que le dio el joven.
Los agentes detuvieron su marcha y le pidieron permiso para ingresar al domicilio, bajo el argumento de que había una persona armada que ingresó sin que se dieran cuenta.
Los uniformados recibieron el rechazo del joven y sus amigos, indicando que se trataba de una mentira, pero los oficiales se aferraron a entrar a la vivienda.
En el video se observa claramente a algunos agentes, entre ellos los arriba mencionados, a excepción del Comandante Camacho. Todos intentaban persuadir al joven para que les permitiera el acceso.
Según lo narrado por el joven a su familia, los oficiales lograron entrar y golpearon a quienes se encontraban al interior, exigiéndoles entregar las armas -que no tenían- y que necesitaban 100 mil pesos para dejarlos en libertad.
Luego de propinarles una golpiza y causar múltiples daños a la vivienda, los agentes remitieron a los jóvenes, pero éstos quedaron en libertad sin un proceso judicial abierto.
“Dice (el parte policíaco) que les arrojaron piedras (a los policías) y que todas las corporaciones se retiraron de la escena, los testimonios de las personas que yo llevé no declararon, y para ellos, conseguir documentos de todos ellos, consiguieron testigos de ellos mismos. Tenían los reportes y todo” refirió Dora Luz, quien insistió al joven para que denunciara ante la Contraloría por la vía penal y ante la Comisión de Derechos Humanos. A dondequiera que acudieron, fueron minimizados o ignorados por el personal.
Notablemente molesta durante una entrevista vía Zoom con ZETA, la afectada acusó directamente a esos agentes de haber desaparecido a su sobrino, debido a que en reiteradas ocasiones la habían denunciado no sólo mediante la vía penal a nivel local, sino que hizo públicas sus acusaciones en redes sociales, viajó a Hermosillo para presentar una querella y se trasladó a Ciudad de México, donde habló con funcionarios en Palacio Nacional para que la ayudaran a atender su caso.
Tres días antes de la desaparición de Rafael, la mujer presentó denuncia formal ante Derechos Humanos. El 5 de febrero de 2023, el joven salió de la vivienda y caminó rumbo a la casa de un amigo, donde harían una carne asada.
Las cámaras de vigilancia de la vivienda captaron el momento en que Rafael salió del domicilio y al andar fue seguido, primero, por una patrulla, después, por un vehículo con las luces apagadas. Nunca llegó al convivio. Lo desaparecieron en ese trayecto sin que hasta el momento se tenga más información.
Medios de San Luis Río Colorado confirman que los mandamientos judiciales están relacionados con la desaparición del joven, y son más delitos en los que estos agentes se han visto implicados.
ZETA solicitó una entrevista o versión a la FGE de Sonora y a la Policía Municipal de San Luis Río Colorado, pero se limitaron a apegarse a lo declarado por el gobernador Alfonso Durazo sobre el caso.
Desde ese momento no han vuelto a ver a Rafael. Dora Luz ha radicalizado su posición contra los mandos policíacos y los padres del muchacho buscan sus restos de forma incesante en las inclementes zonas agrestes de Sonora.