Poco menos de 300 policías han sido asesinados en México durante el 2023, y apenas el año anterior la cifra superó los 400 ataques letales contra elementos de los cuerpos de seguridad, principalmente locales.
Sólo en la última semana se documentaron cuatro ataques armados en Baja California, contra agentes de las diversas corporaciones de seguridad, donde perdieron la vida tres elementos: dos de la Policía Municipal y uno de la Guardia Nacional, en Tijuana; además de un ataque armado contra el domicilio del comandante de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Heriberto González García.
En este contexto, agrupaciones de policías y diputados presentaron en conjunto una iniciativa que pretende reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado, cuya finalidad, refieren, es brindar un poco más seguridad a los policías municipales y estatales de Baja California, donde básicamente se permita que carguen con su arma de cargo fuera del horario laboral, además de tener la capacidad de realizar reparaciones en talleres propios de la corporación.
Los diputados Diego Echevarría Álvarez, del PAN, y Juan Manuel Molina, de Morena, presentaron una iniciativa respaldada por La Unión, un colectivo de policías dirigido por el ex director de la Policía Municipal de Mexicali y elemento de carrera, Alejandro Monreal Noriega, quien cuestionó que el marco legal en materia de armamento policial en México se encuentra desfasado ante la realidad del país, donde se cuenta con un armamento que no compite con las herramientas de la delincuencia organizada.
El proyecto ha sido respaldado por diputados y organizaciones de la sociedad civil, pero ha encontrado una postura opuesta por parte de los titulares de los entes de seguridad, como lo son el secretario de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán; y el propio director de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, quienes afirmaron que las disposiciones legales propuestas por diputados discrepan totalmente con lo establecido en la licencia colectiva de armas 186 que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le entregó al Poder Ejecutivo local, en la que se rigen todas las corporaciones de seguridad de Baja California, ejecutarla, podría representar una violación a la misma, y por ende, habría riesgos hasta de una sanción contra los cuerpos policíacos de la entidad.
LA REFORMA
El documento presentado por el diputado Diego Echevarría, del PAN, en 2022, fue ampliado en agosto del 2023 por su compañero Juan Manuel Molina y es parte de una exigencia realizada por representantes de organizaciones policiales.
El objetivo es una modificación a los artículos 19 y 46 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, para que los agentes -mediante una petición expresa- puedan solicitar el uso de su arma de cargo fuera del horario laboral.
La reforma contempla, además, definir lineamientos restrictivos y justificados para los que un oficial tenga derecho a portar su arma más allá de su jornada.
Asimismo, faculta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a que pueda firmar convenios de colaboración para que el armamento que dispone la autoridad pueda ser reparado en los propios talleres de las corporaciones de seguridad y no sea la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la encargada de ello.
El documento no lo dice, pero el ex director de la Policía Municipal, Alejandro Monreal Noriega, refiere en este último punto que a veces la reparación de un arma puede durar hasta dos años en concretarse, debido a los procesos y manejo de la propia Sedena.
El documento precisa que los agentes podrán solicitar su arma de fuego siempre y cuando sea para protección personal y el oficial cumpla con las siguientes disposiciones:
*Realizar solicitud por escrito.
*Realizar una exposición de motivos por los cuales sea necesario que el agente requiera el arma fuera del horario laboral.
*No tener denuncias de violencia familiar.
*No tener auto de vinculación a proceso.
*No haber sido suspendido, destituido o inhabilitado por una resolución firme como servidor público.
*No estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa por incumplimiento de sus obligaciones o de separación de cargo por la falta de requisitos de permanencia.
*Que exista disponibilidad de armamento suficiente.
*Que la licencia colectiva correspondiente lo permita.
*Someterse a la evaluación de control y confianza.
En su artículo 19 también se le faculta al secretario de Seguridad, responsable de la licencia colectiva en la entidad -y por ende, de todas las corporaciones locales-, para signar convenios que permitan reparar armamento de manera directa en los talleres de la policía.
Alejandro Monreal Noriega, uno de los inicialistas de este proyecto, dijo que son conscientes que a dicha reforma es insuficiente debido a que se necesita hacer modificaciones de carácter federal a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y en el Reglamento Interior de la propia Sedena.
El policía de carrera refirió que tomaron “la ruta larga”, pero que el trasfondo del proyecto es hacer modificaciones que abran el debate para reestructurar las licencias colectivas de armas para corporaciones de seguridad.
En entrevista, comentó que la Ley de Seguridad Pública reconoce al policía como un profesional de 24 horas, los siete días de la semana; pero -asegura- el marco jurídico no les da las herramientas para ser un oficial a todas horas, sólo la obligación como tal.
El diputado Juan Manuel Molina, aseveró que la reforma es necesaria porque un policía puede ser requerido fuera de su horario laboral, y en caso de no presentarse, puede ser acreedor a una sanción.
“En el análisis que le comento en la designación federal, permite (no es pregunta), en su momento, si este Congreso aprueba la reforma, tenemos la cercanía para ir a Sedena, el Congreso de la Unión y contar con el apoyo (de la SSC)”, refirió el legislador, quien promueve la reforma con la intención de solicitar el apoyo de las autoridades federales para que actualicen algunas disposiciones de la Ley federal.
Esto quiere decir que la reforma planteada en el Poder Legislativo sólo servirá como un empuje para que el Poder Ejecutivo gestione modificaciones legales a nivel federal. Sin embargo, según el secretario Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, la reforma local continúa sometiéndose a la disposición federal.
SSC Y DSPM, CUESTIONAN REFORMA
Aunque reconocen que existe la necesidad de reforzar el marco jurídico para proteger a los policías municipales de la entidad, tanto el secretario Leopoldo Tizoc Aguilar Durán y el director de la Policía Municipal, Pedro Ariel Mendívil, cuestionan la factibilidad de la propuesta.
Durante la glosa realizada el pasado 31 de agosto, el secretario fue cuestionado por el planteamiento del diputado Juan Manuel Molina, defensor de la iniciativa.
“Hay que entender que el arma no es del policía, es del Estado; es un instrumento de trabajo y cuando deja de hacerlo debe guardarla y no hay autorización para que esa persona la lleve a su domicilio”, refirió el funcionario, quien remató que, con dicha reforma “vamos a poner en indefensión al mismo policía; contra la espada y la pared. Él cree que con la Ley del Estado puede poner su arma, pero si llegan autoridades federales como la Sedena, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, lo van a consignar a la Fiscalía General de la República”.
Aguilar Durán fue enérgico al decir que el armamento es una cuestión de seguridad pública, no personal o privada, y por ello, aseguró, a partir del 2024 esto eliminará la posibilidad de que elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana sean “prestados” o utilizados como escoltas.
La misma reforma establece, según el secretario, que tendría que supeditarse a la licencia colectiva de armas 186 de Baja California, la cual tiene una restricción expresa de que los cuerpos policíacos no podrán llevar las armas de fuego fuera del horario laboral.
ZETA buscó información específica de dicha licencia, pero la información de la misma fue reservada por el Poder Ejecutivo en la última administración panista.
Por su parte, el director de la Policía Municipal, Pedro Ariel Mendívil García, reconoció que durante los casi dos años que lleva al frente de la institución se han incrementado los enfrentamientos policíacos con grupos delictivos, y aseguró que en este periodo van 17 ataques con un saldo de 23 criminales abatidos.
Aseguró que es importante proteger la integridad de los agentes, pero indicó que cumplir con las disposiciones de la Ley local, representaría un riesgo de sanción para los titulares de áreas de seguridad, toda vez que no se puede ir por encima de una disposición federal clara, que impide el uso de dichas armas fuera del horario laboral.
Mendívil García refirió además que no cuentan con suficiente armamento para dotar a toda la corporación -que, dicho sea de paso, el Ayuntamiento de Mexicali no ha comprado armas desde hace 15 años-, por lo que es urgente renovar dicho rubro y culminar con el cambio a equipo glock.
Según un estudio policial en poder de ZETA, que descubre el inventario de la corporación, Mexicali cuenta con mil 346 armas cortas, 322 largas, 1952 chalecos, 101 cascos balísticos, 234 antimotines, 60 escudos y 139 bastones PR. Partiendo del hecho de que se cuenta con más de mil 900 elementos, sería imposible dotarlos a todos.
El funcionario municipal aseveró que actualmente se cuenta con 17 elementos comisionados que llevan el arma fuera del horario laboral formal, pero se debe a que se trata de mandos que deben atender funciones prácticamente todo el día; lo mismo ocurre con escoltas.
Al respecto, agregó: “Creo que más que una reforma estatal tiene una competencia totalmente federal. Las direcciones de seguridad y las secretarías de seguridad, nos regimos por una licencia colectiva donde el titular es el propio Ejecutivo y el Secretario; sin embargo, la licencia colectiva emerge de la Sedena, donde hay una legislación federal que establecen los requisitos mínimos en materia de obligaciones respecto al uso y portación del armamento”.
Mendívil García refirió que “crear una reforma estatal no podría aplicarse, su estatus de vigencia, en lo que es el Estado de Baja California; porque el arma, si bien es propiedad del municipio, técnicamente la portación es una facultad federal. Nosotros nos armamos y desarmamos por turno y el uso es colectivo”, sentenció el jefe policíaco de Mexicali.
Lo que sí reconoció el propio mando es que existen ciertas complicaciones al momento de inscribir en la licencia colectiva a los agentes de nuevo ingreso, toda vez que pueden pasar hasta seis meses sin armamento debido al propio procedimiento de la autoridad federal.
Monreal Noriega, consideró que es importante renovar los esquemas de la propia licencia, pues los lineamientos ya cuentan con más de 20 años de vigencia y limitan -por ejemplo- el uso de armas semiautomáticas y cierto calibre, cuando los grupos delictivos cuentan con el equipo más moderno para enfrentarlos, por lo que -aseguró- continuarán con las gestiones para que se contemple una reforma más profunda en el Congreso de la Unión.
Como dato adicional, de 2013 a 2018 fueron asesinados 802 policías en todo México, pero sólo en 2021 se contabilizaron 401 crímenes -es decir, la mitad de los que se documentaron en cinco años-, de los cuales 15 se suscitaron en Baja California.
