El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó, el 23 de agosto de 2023, a Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolver de forma rápida, que no se distribuyeran los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal, en Chihuahua y Coahuila, pero tardar 8 meses, respecto al adeudo que Elektra -cuyo dueño es Ricardo Salinas Pliego- tenía por 2 mil 636 millones de pesos, de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales en el Impuesto sobre la Renta (ISR), aplicadas en la declaración del ejercicio de 2006.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el político tabasqueño cuestionó para quién trabajaba el ministro Aguilar Morales, a quien también acusó de conservador, retrógrada y de no ser un buen juez.
Publicidad
“Se le envía a Aguilar y dos días después lo resuelve Aguilar, paralizando la entrega de libros. Se llevó una semana, cinco días hábiles. Bueno, pero ya encarrerado, viene la de Coahuila, igual, le llega a la presidenta el 16, miércoles, el viernes se le asigna al mismo, y este 21 es lunes, ya resuelve que no se entreguen los libros en Coahuila”, afirmó el mandatario nacional.
“La solicitud la hizo el Gobernador de Coahuila que ya se va, pero está aspirando a otro cargo. ¿Cuántos días se llevó? Tres días hábiles, tres días hábiles. Ayer el Procurador Fiscal, [Félix] Arturo Medina [Padilla], denunció que este mismo ministro tiene desde hace ocho meses en sus manos, ocho meses, un expediente en donde hay una empresa que le debe a la hacienda pública, o que está en litigio, la hacienda pública sostiene desde hace 13 años que empezaron estos juicios, que tiene que pagar 25 mil millones de pesos, 25 mil millones de pesos y lleva ocho meses guardado el expediente en el escritorio, en la gaveta del escritorio del ministro Luis María Aguilar Morales”, se quejó López Obrador.
“¿Para quién trabaja el ministro? ¿Le importa que los niños tengan libros, que tengan libros de texto? ¿Está pensando él que si se quedan sin libros los niños sus padres no tienen para comprar libros? ¿Está pensando de que todos los libros son buenos, que los libros no se pueden prohibir, mucho menos destruir? ¿Ya leyó los libros o él cree que son libros para inyectar el comunismo? No, no, él no cree eso. Él tiene un pensamiento conservador, retrógrada, está en contra de nosotros, en contra de la transformación, pero no es un buen juez”, señaló el presidente de la República.
Publicidad
Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, anunció, el 22 de agosto de 2023, que el Gobierno Federal presentaría una queja en contra de Luis María Aguilar Morales, ministro de la SCJN, por supuestamente haber sido omiso en la resolución del caso de una empresa -de la cual no dijo el nombre-, misma que no había pagado impuestos por más de 25 mil millones de pesos, desde hace 13 años.
El diario Reforma publicó, el 23 de agosto de 2023, que el Gobierno Federal entró en pugna con la empresa Elektra, propiedad del magnate regiomontano Ricardo Salinas Pliego, por adeudos fiscales que superan los 25 mil millones de pesos.
“Sí se va a presentar [la queja contra Aguilar Morales], no, ya se presentó ayer, sí, hoy, hoy, para que los ministros traten este asunto […] Fíjense que en el primero de los casos y en el segundo, se cumple el principio de impartición de justicia pronta y expedita, nada más que acá [el caso de Elektra] no, es distinto”, sentenció el político tabasqueño.
Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suspendió, el 21 de agosto de 2023, la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos en el estado de Coahuila. Antes lo había hecho para Chihuahua.
El ministro detalló en su resolución las reglas que fijaba la Ley General de Educación (LGE) para la elaboración de los planes y programas de estudio, así como de los libros de texto, mismas que según los estados inconformes no fueron cumplidas ni por la SEP Federal, ni por la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG).
“El interés superior de los niños, niñas y adolescentes debe considerarse para la elaboración de las normas y la aplicación de los planes y programas de estudio; asimismo, se debe garantizar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, de diversos sectores de la sociedad, así como de especialistas en educación, salud, cultura, entre otros”, explicó Aguilar Morales.
“Se concede la suspensión para el único efecto de que no se distribuyan los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, en el que se verificará que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la determinación de los planes y programas de estudio, establecidos en la LGE”, ordenó el ministro de la SCJN.
Valeriano Valdés Cabello, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Coahuila, interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 16 de agosto de 2023, una controversia constitucional para frenar la distribución de los libros de texto gratuitos, para el ciclo escolar 2023-2024, elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal.
En la controversia constitucional presentada por el Gobierno coahuilense -cuyo titular es Miguel Ángel Riquelme Solís, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, se reclaman actos de elaboración, edición, impresión y distribución de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, ante la incertidumbre que se había generado en la opinión pública el contenido de dichos materiales educativos.
GOBIERNO DE AMLO PRESENTARÁ QUEJA CONTRA MINISTRO, POR “GUARDAR EXPEDIENTE” DE EMPRESA DEUDORA DE IMPUESTOS
Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, anunció, el 22 de agosto de 2023, que el Gobierno Federal presentaría una queja en contra de Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por supuestamente haber sido omiso en la resolución del caso de una empresa que no había pagado impuestos por más de 25 mil millones de pesos, desde hace 13 años.
“Una empresa de gran tamaño con presencia nacional fue fiscalizada durante los años 2010, 2011 y 2013 y se encontró que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos. Esta empresa, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de impuestos”, detalló el funcionario federal.
“Estos 25 mil millones de pesos no han podido ser recuperados desde hace 13 años, se han interpuesto diversos juicios y -en particular- en los últimos ocho meses el Ministro Luis María Aguilar, quien con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa, pidió al Pleno de la Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada”, agregó Medina Padilla.
“La Corte ha sido omisa en resolver este asunto. Retrasar indebidamente la decisión atenta no sólo contra la Constitución, contra la propia naturaleza de la Corte que debe impartir justicia, sino también en contra de los recursos de todos los mexicanos”, expuso el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
“Anunciamos que frente a esta actuación, el Gobierno Federal presentará una queja en contra del Ministro por este actuar; este estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la administración de justicia debe erradicarse de esta Nación para el beneficio de los mexicanos”, insistió el funcionario federal.
Medina Padilla acusó a jueces y a ministros de afectar con sus resoluciones de los casos de grandes contribuyentes, el financiamiento de programas de bienestar y obras de infraestructura, por alrededor de 80 mil millones de pesos.
El funcionario federal detalló que en 17 asuntos de grandes contribuyentes. existía un adeudo de más de 55 mil millones de pesos, que, debido a la actuación de los jueces, dijo, se había retardado la impartición de justicia, ya que en 14 casos no se permitió la celebración de las audiencias necesarias.
Por su parte, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), precisó que la queja contra el ministro se realizaría ante el Pleno del máximo tribunal constitucional y no en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“En el caso de ministros no se pueden presentar las quejas ante el CJF, son los propios ministros los que se vigilan a sí mismos, por eso se va presentar la queja ante la Corte”, aclaró la funcionaria federal, durante la conferencia matutina presidencial, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
Luego del anuncio de que su Administración presentaría una denuncia contra Aguilar Morales, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al ministro a explicar por qué no había dado resolución al caso y acusó que existía un interés de por medio.
“Es muy importante lo que se dio a conocer hoy sobre el ministro de la Corte que lleva ocho meses con un expediente guardado que implica que se resuelva, a favor o en contra, 25 mil millones. El señor Aguilar, Luis María Aguilar, ese expediente lo pide para guardarlo, lo tiene ocho meses y no resuelve porque se trata de 25 mil millones de pesos, es el presupuesto de un Estado de la República, puede ser el presupuesto de Baja California Sur, de Tlaxcala, de Zacatecas, de Campeche, 25 mil, y no resuelve y lo tiene guardado. ¿Y dónde está la justicia pronta y expedita?, señaló el político tabasqueño.
“No se miden con la misma vara, en este caso como se trata de proteger un asunto de 25 mil millones de pesos. No estoy diciendo que deban ya los jueces dar la razón al Gobierno para recuperar ese dinero, no. Estoy planteando que se resuelva de conformidad con la ley, pero por qué lo guarda, lo tiene en la gaveta. Es que tienen ellos un asunto desde hace ocho meses este ministro y no creo que no haya tenido ocho meses, claro que hay un interés de por medio”, cuestionó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
El mandatario nacional criticó a Aguilar Morales por resolver en “fast track”, la suspensión a la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua y al Gobierno de Coahuila, tras admitir la controversia constitucional que promovieron en contra de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal, por aparentes violaciones a los procedimientos en la aprobación de los contenidos de los libros de texto gratuitos, para el ciclo escolar 2023-2024, mientras que en el caso de la empresa, el ministro mantenía archivado el expediente.
“El asunto [de Chihuahua] lo resuelve así [en ‘fast track’]. ¡Ah! ¿Ya resolvió [lo de los libros de texto gratuitos en Coahuila]? ‘Fast track’, pero en este caso [de la empresa] ocho meses. Hoy [se presenta la queja], no voy a hablar de eso, tiene que ver con el debido proceso [el nombre de la empresa]”, enfatizó el presidente de la República.
“Ellos [los ministros] pueden explicarlo, él mismo podría decir, la Suprema Corte, porque a lo mejor lleva mucho tiempo, es un asunto complejo, pues que lo informen. Pero, ¿8 meses? Y eso porque ahora se está denunciando, porque si no nosotros seríamos alcahuetes, cómplices. Si no se da a conocer, se lleva el resto del año, ojalá se resuelva porque se trata de 25 mil millones de pesos. Pero no mantenerlo ahí guardado, archivado el expediente”, finalizó López Obrador.
SCJN CONFIRMA QUE ELEKTRA DEBE PAGAR 2 MIL 636 MDP DE ISR AL SAT
Por tres votos contra dos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) confirmó, el 19 de enero de 2022, que Elektra debía pagar 2 mil 636 millones de pesos de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales en el Impuesto sobre la Renta (ISR), aplicadas en la declaración del ejercicio de 2006.
La resolución del máximo tribunal constitucional confirmó las sentencias previas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y de un tribunal colegiado de circuito. La Segunda Sala consideró que la revisión interpuesta por Elektra era improcedente, ya que no contemplaba algún tema de Constitucionalidad que ameritara la intervención de la SCJN.
Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificara de forma oficial la sentencia -tras casi cuatro años de haber recibido el amparo 2497/2018-, Elektra tendría que pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), los 2 mil 636 millones de pesos de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales del ISR, en el ejercicio fiscal del 2006.
Después de conocer el fallo de la Segunda Sala de la SCJN, Grupo Salinas -conglomerado de empresas, entre ellas Elektra, Banco Azteca, TV Azteca, Tiendas Neto, Italika y Total Play-, anunció que recurriría a instancias internacionales, ya que, dijo, contaba con pleno derecho a discrepar con las autoridades y a defenderse de lo que consideraban una violación flagrante a sus derechos.
“Grupo Salinas considera que la justicia le ha sido denegada. Ello en función de que la mayoría de los Ministros de la Segunda Sala de la SCJN se negaron a analizar el fondo de nuestro amparo, violando así abiertamente nuestro derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa, consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos”, indicó en un comunicado.
“Contamos con pleno derecho a discrepar con las autoridades y a defendernos de lo que consideramos una violación flagrante de nuestros derechos humanos […] Hacer uso de ellos es una manera no solo de defender nuestras empresas y negocios, sino a nuestros colaboradores y nuestra convicción de pleno respeto al libre mercado y el Estado de derecho”, agregó el corporativo.
CONFIRMA TFJA CRÉDITO FISCAL DE 4,916 MDP DE ISR OMITIDO POR ELEKTRA EN 2011
El 27 de enero del 2021, por unanimidad, los 11 magistrados de la Sala Superior del TFJA declararon infundado, el juicio de nulidad promovido por Grupo Elektra, para impugnar la resolución del SAT, respecto a un crédito fiscal de 4 mil 916 millones de pesos, por el ISR, omitido en el ejercicio del 2011.
De octubre a dicha fecha, el TFJA había confirmado tres créditos fiscales contra Grupo Elektra que sumaban más de 25 mil millones de pesos, de los 34 mil mdp en créditos fiscales que la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego tenía en litigio a principios del 2020.
El caso resuelto este día por el TFJA derivó de la supuesta pérdida de 9 mil 611 millones de pesos que la empresa de Grupo Salinas habría sufrido en 2011, por la venta de sus acciones en Impulsora de Negocios Omega, una entidad que previamente era Mexicana de Aviación.
Sin embargo, el SAT rechazó que la venta hubiera existido y también consideró ilegal que, para no pagar ISR, la empresa de Salinas Pliego hubiera sumado a sus cálculos una serie de pérdidas fiscales de principios de la década de los 90 del Siglo pasado.
Según el último informe financiero presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo Elektra reportó en el apartado de “Contingencias Fiscales”, que enfrenta siete juicios por adeudos de créditos fiscales por más de 34 mil 063 millones de pesos con el SAT, mismos que litiga en tribunales y en la SCJN, y que dicho monto estaba “debidamente garantizado” ante la autoridad.
En diciembre del 2021, Elektra pidió a la SCJN atraer un amparo directo con el que impugna un crédito por 18 mil 455 millones de pesos, confirmado en octubre del 2020 por el TFJA, que es el mas cuantioso.
El conjunto de empresas del magnate regiomontano Ricardo Salinas Pliego debían alrededor de 40 mil millones de pesos de impuestos pendientes de pagar, según reveló el 4 de febrero del 2021, Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del SAT.
Asimismo, la funcionaria federal aseguró durante una entrevista en la cadena La Octava, que la autoridad fiscal ya había ganado al Grupo Salinas y al Grupo Elektra, seis juicios en primera instancia, y uno de esos también fue favorable para el SAT en segunda instancia.
La jefa del SAT indicó en la entrevista, que los grupos del empresario regiomontano debían aproximadamente 32 mil millones de pesos en montos históricos, cifra que todavía se debía actualizar al valor de ese momento.
Sin embargo, el SAT rechazó que la venta hubiera existido y también consideró ilegal que, para no pagar ISR, la empresa de Salinas Pliego hubiera sumado a sus cálculos una serie de pérdidas fiscales de principios de la década de los 90 del Siglo pasado.
Según el último informe financiero presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo Elektra reportó en el apartado de “Contingencias Fiscales”, que enfrenta siete juicios por adeudos de créditos fiscales por más de 32 mil 460 millones de pesos con el SAT, mismos que litiga en tribunales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Grupo Salinas es una conglomerado de empresas (entre ellas Banco Azteca, TV Azteca y Total Play), que tiene más de 70 mil trabajadores que habían seguido laborando a pesar de la entrada de la Fase 3 de la epidemia en México, decretada por las autoridades federales el 22 de abril de 2020.
ELEKTRA SE AMPARA PARA SEGUIR OPERANDO A PESAR DE FASE 3 DE PANDEMIA DEL COVID-19: REFORMA
Grupo Elektra “sostiene una disputa jurídica desde hace un mes para no cerrar sus puertas”, a pesar de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). Según lo reportó el diario Reforma, el 3 de mayo de 2020, la cadena comercial de la empresa de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, presentó un amparo contra la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno Federal, para impugnar “el cierre de actividades de la empresa”.
Según registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), citados por el rotativo de circulación nacional, “en el último mes [Elektra] ha interpuesto amparos en varias ciudades del país, para mantener abiertas sus sucursales, cuestionando la constitucionalidad de las medidas gubernamentales frente a la emergencia sanitaria”.
Grupo Elektra informó el 4 de mayo de 2020, que sus más de 7 mil tiendas en México, Centro y Sudamérica, continuarán operando para ofrecer “sus productos y servicios esenciales”, asegurando que sus sucursales y oficinas “cumplen con todas las medidas de protección e higiene” dictadas por las autoridades nacionales e internacionales ante el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).
“Para garantizar la seguridad y salud de nuestros colaboradores y clientes, en el 100% de las sucursales y oficinas de Elektra se cumplen con todas las medidas de protección e higiene dictadas por la Secretaría de Salud [SSa] y a la Organización Mundial de la Salud [OMS]”, señaló Grupo Elektra a través de un comunicado.
“La mayoría de los mexicanos viven al día y no cuentan con el privilegio de acceder a las compras por internet ni la facilidad que brindan las tarjetas de crédito; Elektra está para quienes requieren de productos y servicios necesarios durante la emergencia […] Por ellos mantenemos nuestras puertas abiertas; con responsabilidad, continuaremos reforzando y atendiendo las disposiciones de las autoridades”, expuso.
La tienda propiedad de Ricardo Salinas Pliego, agregó que en pleno cumplimiento de las disposiciones del Consejo de Salubridad General, Elektra continuaría ofreciendo productos y servicios esenciales para que la población hiciera frente a la emergencia.
Entre ellos: transmisión y recepción de remesas; venta de productos de telefónicos; venta de productos “de primera necesidad” (refrigeradores, hornos de microondas y estufas); así como los elementos necesarios en un hogar para poder cumplir con el confinamiento derivado de la crisis sanitaria; Equipos de cómputo y televisores; y motocicletas, que permiten la “entrega a domicilio de alimentos, medicamentos, materiales de curación y más”.
Aunque no especificó cuáles eran, Grupo Elektra afirmó que el resto de sus artículos no esenciales, no estarían a la venta y se encontraban acordonados, tal “como ha sido verificado por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)”.
Asimismo, la tienda departamental y de servicios, indicó que en sus tiendas se cumplía con todas las medidas de protección y seguridad necesarias, tales como distanciamiento de más de 1.5 metros entre personal y clientes, con marcaje en suelo, con líneas no mayores a diez personas.
Además, Grupo Elektra aseguró que brindaba atención especializada a grupos vulnerables, exigiendo el uso forzoso de cubre bocas, así como dispositivos de gel desinfectante antibacterial, evitando las aglomeraciones superiores a 50 personas por tienda.
Según el último informe financiero presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo Elektra reportó en el apartado de “Contingencias Fiscales” que enfrentaba siete juicios por adeudos de créditos fiscales por más de 32 mil 460 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mismos que litigabaen tribunales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El 4 de mayo de 2020, Luisa María Alcalde Luján, entonces titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que las tiendas Elektra era una de las empresas que se negaba a cumplir con las medidas recomendadas por el Gobierno Federal para evitar los contagios de coronavirus en el país, pese a no estar en sectores esenciales de la economía.
La funcionaria federal indicó que Elektra tenía más de 10 mil trabajadores en todo el país. Asimismo, señaló que los lugares en donde detectaron que la empresa de Grupo Salinas no cumplía con el cierre de sus sucursales, están en Ciudad de México, Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Edomex, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Además, la sede ubicada en Insurgentes Sur 3579, en Tlalpan, en la capital de la República.
Grupo Salinas es una conglomerado de empresas (entre ellas Banco Azteca, TV Azteca y Total Play), que tenía más de 70 mil trabajadores que han seguido laborando a pesar de la entrada de la Fase 3 de la epidemia en México, decretada por las autoridades federales el 22 de abril de 2020.
Un día después de que se decretara la emergencia sanitaria, el 30 de marzo de 2020, y se hiciera un llamamiento masivo a la población, así como a todos los sectores productivos a quedarse en casa, los trabajadores del Grupo Salinas recibieron un mensaje que sonaba a advertencia en la bandeja de entrada de su correo electrónico laboral. “México nos necesita”, se leía en el comunicado firmado por Salinas Pliego.
Antes, el 17 de abril de 2020, Javier Alatorre Soria, conductor estelar de la cadena de televisión del Grupo (TV Azteca, con una audiencia de 92 millones de espectadores al mes, según sus propias cuentas), instó en el noticiero nocturno a no seguir las recomendaciones del Gobierno Federal.
“Ya no le hagan caso a [Hugo] López-Gatell [Ramírez]. Sus cifras se volvieron irrelevantes”, señaló en el noticiero sobre las ruedas de prensa respecto al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, que ejerce de portavoz del Gobierno de México ante el coronavirus.
Tras la polémica por las declaraciones, de la que opinó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin desdecirse de ellas, el 21 de abril de 2020, Alatorre Soria entrevistó para su noticiero nocturno a López-Gatell Ramírez, en la cual no se proporcionó ninguna explicación, ni del presentador, ni de la cadena.
Un día antes, el presidente López Obrador recomendó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) no sancionar a TV Azteca por el comentario de su conductor estelar, Alatorre Soria, quien pidió no hacer caso a López-Gatell Ramírez, para así, según él, preservar la libertad de expresión.
“Aprovecho para decir que la Secretaría de Gobernación, en el caso de Azteca, actuaron en el cumplimiento de su deber. Tuvieron que presentar una sanción porque si no ellos estarían incumpliendo con su responsabilidad. Mi recomendación es que no haya ninguna sanción, aún cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad, que quede a salvo el derecho a manifestarse, la libertad de expresión”, indicó durante su conferencia de prensa matutina.
Después de presentar un video con la semblanza curricular de cada uno de los especialistas que están a cargo de la estrategia contra la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), el mandatario nacional minimizó los efectos de la declaración del conductor del noticiario nocturno de Televisión Azteca.
“Esto ayuda a entender y estar tranquilos, porque también sale una noticia sin fundamento o una declaración apresurada y hay alarma, pues no debe preocuparnos tanto porque, repito, la gente está muy avispada, muy consciente”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Son otras razones, cuestiones de tipo ideológico que alguien no quiera cambiar y pueden haber evidencias de que esté equivocado se sigue manteniendo la misma postura, no es porque no tenga información y no sepa discernir entre lo que es bueno y es malo”, agregó el político tabasqueño.
“¿Y por qué actuar así? ¿Por qué la libertad? Porque tenemos un pueblo muy consciente, se puede decir ‘es que se hace daño’, sí, pero no mucho, eh, no mucho. Porque en este caso si el presidente dice que es conveniente, que se sigan las recomendaciones en materia de sanidad para seguir enfrentando de la mejor manera el coronavirus y que no se enferme la gente, que no se hospitalice, mucho menos que pierdan la vida, la mayoría de la gente hace caso y tenemos pruebas de que así es”, refirió.
López Obrador afirmó que se equivocan quienes pensaban que todavía se podía manipular a la gente y usar a los medios para formar “opinión pública”, como se hacía antes. Por ello, llamó a la población a seguir actuando de manera responsable y hacerle caso a los medios y especialistas. “Hugo López-Gatell es un especialista de primer orden, respaldado por un grupo de científico”, acotó.
“Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre el COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell”, dijo Alatorre Soria, la noche del 17 de abril de 2020.
“Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del Subsecretario de Salud. Incluso, el propio López-Gatell se fue de bruces en una entrevista con The Wall Street Journal, y aceptó sus falsedades”, añadió el conductor del noticiero de Televisión Azteca -cuyo presidente es Ricardo Salinas Pliego-, al usar declaraciones de Jaime Bonilla Valdez, entonces gobernador de Baja California, para tratar de respaldar su tesis.
“Se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López Gatell. Creo que fue una actitud no bien pensada. Javier es una persona buena. Cometió un error, como cometemos errores todos. Hizo uso de su libertad”, dijo López Obrador, un día después, el sábado 18 de noviembre, en un mensaje transmitido en vivo desde Palacio Nacional.
“No debe haber un linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista. Tiene el derecho a expresarse, que viva la libertad, prohibido prohibir. Nosotros llegamos aquí [a la Presidencia] porque queremos que se respeten las libertad, que no haya autoritarismo”, añadió el mandatario nacional.
“[…] sigan las recomendaciones, los consejos, que están trasmitiendo los especialistas, de manera muy particular, las recomendaciones del doctor Hugo López-Gattel, es una persona con mucha preparación. Es un científico, que además es un hombre responsable, honesto, le tenemos toda la confianza”, abundó.
“Está apoyado por un grupo de especialistas, científicos. Estamos hablando de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, Premios Nacional de Ciencia […] No está bien el llamar a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell. Él es una autoridad. A mí me representa. Debemos hacerle caso a los especialistas”, agregó el presidente.
