Con la amonestación al diputado Marco Antonio Blázquez Salinas, son cuatro los comentaristas de PSN, de Jaime Bonilla Valdez, que son sancionados por algún tipo de violencia política de género
Luego que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación (TJEPJF), oficializara la sanción en contra del diputado petista Marco Antonio Blázquez Salinas, por violencia simbólica en contra de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo anunció que inscribiría al legislador inmediatamente después que se emita la sanción formal por parte del tribunal local.
Con esto, Marco Antonio Blázquez se convierte en el cuarto bonillista -podríamos mencionar cinco sí incluimos al ex kikista, Julio Rodríguez- sancionado e inscrito como agresor por violencia política en razón de género, en cualquiera de sus modalidades.
Y es que según el documento público del Instituto Nacional Electoral (INE), Baja California es uno de los Estados donde más sanciones por este tema se han emitido a nivel nacional, y los bonillistas han influido con cuatro integrantes, quienes además laboran en la empresa PSN.
Además de Blázquez, se encuentra Rogelio Lavenant Sifuentes, acusado por violencia digital y con una sanción de un año; Odilar Moreno Grijalva, por violencia digital y mediática, por el mismo periodo; y el periodista Juan Arturo Salinas, por violencia mediática, quien tuvo que emitir una disculpa pública.
Tras esta sanción, Marco Blázquez se unirá a la lista de sancionados, los cuales -al menos durante el periodo de la sanción- se encuentran imposibilitados para ocupar un cargo público, por lo que si dicha sanción permaneciera durante un año, el petista y bonillista no podría participar en el proceso electoral 2024.
Lo interesante es que el ente encargado de emitir la sanción es el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC), cuyo apoderado es Jaime Vargas Flores, quien fuera abogado de Marco Antonio Blázquez.
El emporio electoral de Vargas Flores, se encuentra en un momento coyuntural, porque la sanción de Blázquez Salinas es un tema prioritario para la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, toda vez que representaría un espacio menos para Jaime Bonilla Valdez en el siguiente proceso electoral.
En otras palabras, Jaime Vargas y sus aliados dentro del tribunal, tienen la posibilidad de imponer una sanción seis 6 meses, un año; o bien, una disculpa pública, y nada más. La decisión del tribunal definiría el futuro político de Marco Blázquez en el Congreso del Estado.
Nadie respalda a José Ramón
Como es conocido, el regidor morenista de Mexicali, José Ramón López Hernández, fue denunciado por mal uso de recursos públicos, al favorecer con apoyos sociales a asesores y trabajadores de su equipo.
Lo interesante es que el caso fue denunciado hace más de un año, pero el síndico Héctor Israel Ceseña Mendoza, decidió iniciar la investigación hace apenas unos días, lo que evidentemente no puede comprenderse sin la cercanía del proceso electoral 2024.
Como es sabido, los marinistas y morenistas tradicionales se encuentran peleando por espacios de cara al siguiente proceso electoral; y como es sabido, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, secretario del Bienestar, es el líder del neomorenismo, mientras que José Ramón López Hernández, pertenece al grupo “tradicional”.
Coincidentemente, el Síndico Procurador, presume ser cercano a Netza Jáuregui, y no es descabellado pensar que una orden del segundo hacia el primero motivó el inicio del proceso sancionador contra José Ramón, para borrarlo del mapa electoral en 2024.
