La salida de la magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, dice mucho más de lo que podría interpretarse en una simple sentencia legal; está plagada de juegos de poder, recursos legales y golpeteo político que empantanan aún más el ya de por sí empantanado panorama electoral por conflictos entre integrantes del propio Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) e Instituto Estatal Electoral (IEE), donde incluso algunos consejeros -y el secretario ejecutivo- llevan un proceso penal en su contra.
El jueves 27 de julio, la hoy ex magistrada electoral Elva Regina Jiménez Carrillo, quien goza de una trayectoria de dos décadas en materia electoral, fue removida del puesto que ostentaba desde hace más de siete años, por determinación del Senado de la República. Su lugar fue ocupado por el secretario del TJEBC, Germán Cano Baltazar.
La abogada, quien tenía que dejar el cargo el 18 de noviembre de 2022 -al cumplirse los siete años que le fueron conferidos- sostenía una batalla legal para mantenerse como magistrada, en tanto la Cámara Alta del Congreso de la Unión definía a su sucesor, hecho que contempla el Artículo 12 de la Ley del Tribunal Electoral de Baja California.
La omisión legislativa estaba por cumplir 10 meses, por tanto, Jiménez Castillo seguía laborando en el pleno y cobrando 172 mil 641.31 pesos mensuales, al igual que sus compañeros Carola Andrade Ramos -presidenta- y Jaime Vargas Flores. Precisamente al último en mención se le atribuye el plan para tumbar -de una vez por todas- a quien considera, y casi todas las voces en materia electoral refieren, como su “rival político”: Elva Regina.
El camino de ambos está plagado de dichos, declaraciones, zancadillas y recursos legales, pero sólo en las discrepancias en criterios puede vislumbrarse públicamente la oposición entre ambos, sobre todo en las de alta trascendencia, como la Ley Bonilla que, por ejemplo, Vargas apoyó sin miramientos y Jiménez se opuso ante la inconstitucionalidad.
Para la elaboración de este reportaje, ZETA solicitó una entrevista directamente al magistrado Jaime Vargas Flores y a Germán Cano Baltazar y Carola Andrade Ramos mediante funcionarios del TJEBC, pero todos se abstuvieron; lo mismo ocurrió con la ex magistrada Jiménez Castillo.
LOS JUICIOS
El 18 de noviembre de 2022, la entonces magistrada Jiménez Castillo culminaba su encargo en el TJEBC, tras siete años de conformar el pleno y 20 de ejercicio profesional especializado en materia electoral.
Sin embargo, el Senado de la República ha sido omiso en la designación de magistrados locales y de salas regionales durante varios años, lo que ha provocado rezagos en la designación de jueces supremos en al menos 22 entidades federativas.
El Artículo 12 de la Ley del Tribunal Electoral de Baja California contempla que los magistrados electorales pueden permanecer en el cargo en tanto no exista una designación en el Senado. Partiendo de esta premisa, Elva Regina Jiménez Castillo dio aviso a instancias superiores para permanecer en el puesto.
A raíz de ello, indicó que fue víctima de una serie de acusaciones y acoso por parte de representantes del tribunal, quienes -aseguró- dejaron de atender los ordenamientos de la magistrada, debido a que había cumplido con su encargo.
El acoso que refiere Jiménez Castillo fue tal, que presentó un recurso legal ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual quedó plasmado en el expediente SUP-JDC-1387/2022, donde le exigieron al tribunal local abstenerse de cometer hechos probablemente constituidos como violencia política en razón de género.
“La actora refiere que se le ha impedido el ejercicio de su cargo, que aún no concluye, y que se le ha solicitado que deje de ejercer los recursos materiales y financieros que le fueron previamente otorgados. Lo anterior, debido a que, si bien el siguiente 19 de noviembre concluye su cargo, la norma aplicable establece que debe permanecer en él hasta en tanto el Senado de la República nombre a quien ocupará la vacante”, refirió el comunicado enviado por la Sala Superior.
La propuesta de otorgar medidas cautelares fue propuesta por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso -cercana a Elva Regina-, a fin de que se asegure la permanencia en el cargo que ocupa.
Según el abogado electoral Víctor Lujano, tal determinación imposibilitó al tribunal para abrir cualquier proceso judicial contra la entonces magistrada. Las medidas cautelares fueron impuestas el 19 de noviembre de 2022, y apenas dos semanas después, concretamente el primero de diciembre, la directora de la Unidad de Derechos Humanos y Género, Rosa María Geraldo Venegas, le presentó una denuncia también por violencia política en razón de género a Jiménez Castillo, la cual obra en el expediente SUP-JDC-1473/2022.
“La parte denunciante señala haber sido víctima de violencia política contra las mujeres en razón de género por parte de la magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, derivada de la invitación de manera verbal que le efectuó al personal que se encontraba presente en el Tribunal Electoral para la realización de una dinámica relacionada con el ‘día naranja’ el 25 de noviembre de 2022, a las 13:30 horas; en la cual se entrevistó con la magistrada y ésta profirió diversas expresiones, provocando una afectación a la denunciante, no solo emocional y psicológica, sino también una descalificación y humillación a su desempeño laboral. Asimismo, señala, que genera una incertidumbre respecto de su actuar hacia su persona y atenta contra el libre desarrollo de su cargo”, refiere un estudio realizado por el IEE, ente que recibió la denuncia, considerándola improcedente.
La ofendida impugnó la determinación ante Sala Superior, pero ésta turnó el caso ante la Sala Guadalajara, la cual, a su vez, lo envió al tribunal local. Los magistrados Vargas Flores y Jiménez Castillo se excusaron debido a que una es la interesada y el otro recibió una denuncia en contra de la propia magistrada, por lo que no podían enterarse del caso.
Esto provocó que el tribunal local se considerara incapaz para emitir una sentencia y turnar el caso para un estudio más profundo al Senado de la República, donde sigue estancado, pero pendiente.
En febrero de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó la acción de inconstitucionalidad 170/2022, donde reclamó la permanencia de un magistrado de Oaxaca en su cargo, toda vez que lo consideraron un acto ilegal.
Pese a que la permanencia en el cargo está permitida en las leyes locales, los ministros determinaron de forma unánime la inconstitucionalidad de mantener el cargo por más tiempo del conferido.
Extrañamente, no fue hasta finales de junio cuando el secretario del TJEBC, Germán Cano Baltazar -y aspirante a magistrado, pues se encuentra en la lista en el Senado- presentó un recurso legal para combatir las medidas cautelares impuestas por la Sala Superior que protegían la permanencia de Jiménez Castillo.
Cano Baltazar, quien al igual que Carola Andrade, magistrada presidenta, son considerados aliados de Jaime Vargas Flores dentro del tribunal, presentó el recurso SUP-JDC-254/2023, donde básicamente exigía ocupar el espacio de la magistrada.
El tribunal -según el proyecto de sentencia en poder de ZETA– se negó a hacerlo, debido a que había medidas cautelares que protegían a la magistrada, por lo que llevó el caso a la Sala Superior, aquella que el año pasado le otorgó las medidas cautelares para evitar violencia política de género, decidió dejar sin efecto la protección de la justicia.
Tras ese recurso, la magistrada ya veía venir su salida, toda vez que poco antes de la sentencia presentó un documento para desistirse de las acusaciones en contra de Jaime Vargas Flores, dejándola -aparentemente- en total indefensión.
LAS CONSECUENCIAS
Mientras que allegados a la ex magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, refirieron que era víctima de un constante acoso por parte de administrativos y personal del tribunal, los cuales fueron convencidos o impuestos por Jaime Vargas Flores, los afines al magistrado acusan simplemente de conductas prepotentes a la contraria.
ZETA consultó diversas opiniones de abogados electorales y/o representantes de partidos para conocer el trasfondo jurídico y político, concluyendo con su respeto y respaldo a la magistrada.
El abogado panista Víctor Lujano sustentó a la ex togada, y cuestionó sí Germán Cano contaba realmente con personalidad jurídica para exigir el cargo de la magistrada, pues la Sala Superior sentenció a que el tribunal local designara libremente a quien debería ocupar el espacio de Jiménez Castillo, pero nunca definió a Cano como el afectado a quien se le violaron sus derechos político-electorales. Es decir, duda si Cano Baltazar podía reclamar ese derecho, pues no se establece propiamente que el nombramiento sea forzosamente a su persona, sino que los magistrados tienen la libertad de definir al suplente.
Respecto a la intervención de Vargas Flores en el tema, Lujano se limitó a decir que el magistrado “siempre va a decir que no”.
El diputado Juan Manuel Molina, representante de Morena ante el organismo electoral local, comentó que el Poder Legislativo analiza la posibilidad de interponer un recurso legal en contra del Senado de la República, debido a que el incumplimiento de la designación de magistrados está afectando a las entidades. Sin embargo, aún exploran posibilidades.
Molina García cuestionó cómo la Sala Superior echa abajo sus propias medidas cautelares, pues al principio protegió a Elva Regina, y luego le quitó el respaldo.
Respecto al conflicto entre magistrados, sólo pudo decir que era evidente en algunas determinaciones y denuncias que se interpusieron durante ese tiempo, pero no pudo precisar más detalles.
Joel Abraham Blas Ramos apoyó a la magistrada, a quien consideró, sería una pena que terminara su carrera en materia electoral después de tantos años y tanta experiencia.
“El primer juicio que se entiende es la propia recurrente, quien solicita el desistimiento de esta acción; por tanto, las medidas cautelares quedan eliminadas de facto y fue la nada jurídica. El segundo juicio, el punto se analiza sin el espectro de las medidas cautelares, sólo el aspecto legislativo; por tanto, no veo una contradicción o criterio diferente, simplemente”.
LA CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL
El magistrado Jaime Vargas Flores, quien dentro de dos años dejará el encargo, siempre ha sido vislumbrado como allegado a Jaime Bonilla Valdez; es amigo de Marco Antonio Blásquez y fue uno de los defensores de la conocida Ley Bonilla, cuando mediante lo que fue considerado como un fraude constitucional -según la SCJN- se intentó modificar el Artículo Octavo Transitorio Constitucional que ampliaba el periodo de mandato de dos a cinco años en 2019.
Quien firmó dicho proyecto, es la hoy nombrada secretaria general de Acuerdos, Karla Giovanna Cuevas Escalante, cuando era secretaria proyectista de Leobardo Loaiza, otro de los impulsores de la ilegal Ley Bonilla.
Fuentes allegadas al propio tribunal sugieren que la magistrada Carola Andrade Ramos, ha sido una clara aliada del magistrado Vargas tanto en determinaciones internas, como sentencias emitidas dentro del tribunal.
El recién ascendido Germán Cano Baltazar, es allegado al ex magistrado Germán Leal Franco y forjó una relación cercana con Jaime Vargas Flores durante su estancia dentro del tribunal.
No conforme con ello, Marina Ceja Díaz, fiscal especializada en Delitos Electorales -una de las últimas designaciones de Jaime Bonilla en el poder-, también es considerada una aliada del propio Jaime Vargas Flores, con quien coincide en corriente política.
Toda la estructura de procuración y justicia electoral, es afín a Vargas Flores, con lo que, aseguran especialistas, está monopolizando las instituciones electorales.
