Por mayoría calificada, integrantes de la XXIV Legislatura del Estado designaron a Jorge Álvaro Ochoa Orduño, como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a partir del 19 de septiembre del año en curso, con una duración de cuatro años.
Ochoa se desempeñaba como secretario ejecutivo de la CEDH, en la actual gestión de Miguel Ángel Mora Marrufo. Cuenta con una amplia carrera en el ramo profesional en torno a los Derechos Humanos; es abogado de profesión y ha participado en un gran número de actividades y organismos en la materia.
En la misma sesión, los diputados del Congreso del Estado nombraron a Luis Carlos Castro Vizcarra y José Francisco Gómez McDonough como los nuevos comisionados del ITAIPBC, para sustituir a Alberto Sandoval Franco y Cinthya Denis Gómez Castañeda.
Castro Vizcarra trabajó entre 2010 y 2013 como jefe de la Unidad Municipal de Acceso a la Información en el Ayuntamiento de Mexicali. Sin embargo, desde 2015 trabajó como docente en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Mencionó que una de sus propuestas principales -y urgentes- es la de socializar la protección de datos personales.
Por su parte, José Francisco Gómez McDonough fue el director de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC antes de ser nombrado comisionado. Aunque también trabajó en el sector público y privado.
Entre 2022 y 2007 laboró cómo jefe del Departamento de Comunicación y Promoción del Instituto de Cultura de Baja California. Posteriormente fue coordinador de CREA Cultura, en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali. Mientras que en el sector privado trabajó como coordinador de Comunicación en Coparmex Mexicali.
El pleno, además, designó como representante del Órgano Interno de Control del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) a Víctor Manuel López Magallón, ex director del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana (IEPBC). Laboró en el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP) como director de Área en la Dirección de Recursos Financieros.
Semanario ZETA publicó el 26 de octubre de 2012 que López Magallón percibía un sueldo de 97 mil pesos al mes como director general del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California (hoy IEEBC), posicionándose como uno de los funcionarios más caros del Estado.
Además, fueron nombrados para dirigir el OIC del ITAIP, y la CEDH, a Jesús Agustín Silva Ramírez y Carlos René Rayle Lizárraga, respectivamente.
Los tres fueron funcionarios estatales en distintas administraciones y, en el caso de Rayle Lizárraga, también fue proveedor del gobierno municipal de Tijuana, de la Delegación Estatal de la Secretaría de Bienestar y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Con contratos de adjudicación directa, y por cifras de hasta 727 mil pesos. Los tres directores permanecerán en el cargo por cuatro años y podrán buscar la reelección en una ocasión.
