Las imágenes muestran zonas en este país en las que, es evidente, no existe el Estado de Derecho. Acciones criminales que superan al Estado Mexicano y vulneran a la sociedad completa. Lo único que cambia es la geografía. Puede tratarse del Estado de México, Tamaulipas, Guerrero, Chiapas, Michoacán. Las balas y la violencia son el común denominador.
En el penúltimo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y a su vez en el preámbulo de la campaña electoral de las elecciones de 2024, cuando se habrán de renovar la propia Presidencia de la República, las cámaras legislativas y varias gubernaturas, la violencia en el país se recrudece.
Sin un plan integral de contención de la criminalidad organizada en lo que va del sexenio, el narcotráfico y las mafias que dominan diversos sectores productivos como el transporte, los mercados de abastos, la agricultura, el comercio, la pesca y otros, el caos se apodera del territorio mexicano. Ya nadie está a salvo.
En un dejo de soberbia delictiva, el 29 de junio, hombres armados -presuntamente 20 integrantes de la criminalidad organizada de acuerdo a investigadores- asesinaron al líder de las autodefensas michoacanas, Hipólito Mora. Lo hicieron con tal tesón y saña que no hay forma de que hubiese sobrevivido. Sí o sí, lo iban a matar frente a autoridades policíacas y procuradoras de justicia de un Gobierno de la República que pregona los abrazos por encima de los balazos.
Mil tiros lanzaron las armas largas de los criminales contra el vehículo de Mora. Cuando la protección del blindaje en la camioneta del autodefensa les impedía cumplir con su criminal y fatal consigna, incendiaron el vehículo, acabando con la vida del líder agricultor.
Ni los de la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano que tenían destacamentos en las inmediaciones de donde los criminales llevaron a cabo el atentado, pudieron hacer algo para salvar la vida de Hipólito Mora, quien, diez años atrás, ante el hartazgo de la comunidad agrícola michoacana ante el embate de los criminales agrupados en Los Caballeros Templarios, instauró con otros ciudadanos las autodefensas para protegerse ante la desatención del gobierno de entonces y de todos los que le han seguido, dado que su asesinato ocurre en uno emanado de Morena.
En México se transita de una noticia de violencia e inseguridad de alto impacto a otra. Unos días antes del terrible asesinato de Hipólito Mora, 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública de la administración estatal de Chiapas, también en un gobierno morenista con Rutilio Escandón, fueron secuestrados por criminales. Los mantuvieron cautivos exigiendo, a cambio de su liberación, la separación del cargo de tres miembros oficiales de las corporaciones locales. El director de la Policía Estatal Preventiva, el director de la Policía Estatal fronteriza y el subsecretario de Seguridad Pública.
Al tiempo, en lugar de orquestar un operativo de inteligencia federal, en el cual no necesariamente se deben utilizar los balazos para darle el contentillo al Presidente, López Obrador les dedicó palabras y frases en sus conferencias matutinas. Prácticamente se puso a negociar, aun de manera velada, la liberación de los funcionarios, so pena de acusar a los criminales con sus padres y sus abuelos.
Del secuestro de 16 trabajadores de seguridad, que ya fueron liberados, los mexicanos pasaron a ser testigos del atentado a balazos contra el secretario de Gobierno de Tamaulipas, entidad gobernada por el morenista Américo Villarreal. Por la fortuna de transitar en una unidad blindada, el secretario Héctor Villegas salvó la vida, lo mismo sus escoltas, pues los criminales atacaron y se retiraron, dejando daños materiales.
Y mientras los ciudadanos, espectadores vulnerables de la inseguridad y la violencia en México, observaban imágenes de un terrible incendio en la Central de Abastos de Toluca, Estado de México -que de acuerdo a testigos fue provocado por un comando criminal armado que roció con gasolina la zona de locales, desatando el siniestro y la muerte de nueve personas-, por supuesto no hay investigaciones para esclarecer lo sucedido, pero indagaciones periodísticas refieren un pleito entre locatarios o mafias que controlan el mercado, que cobraron, por su cuenta y ley criminal, la vida de nueve personas con total impunidad, como si realmente en el país imperara la ley delincuencial y no el Estado de Derecho.
Pero aún no se salía del asombro de ver cómo incendiaron y mataron a nueve personas, cuando la escena en Chilpancingo, Guerrero parecía más una puesta en escena del cineasta Luis Estrada: cientos, miles, de personas armadas con machetes, palos y explosivos hechizos, tomaron vehículos oficiales, carreteras, avenidas, edificios públicos y retuvieron contra su voluntad a cinco elementos de la Guardia Nacional, cinco policías estatales y tres trabajadores de la Secretaría General de Gobierno.
Guerrero, cuya Capital fue tomada por los autoidentificados como transportistas, es gobernado por la morenista Evelyn Salgado, quien, como AMLO, le apuesta al “diálogo” antes que al uso de la Fuerza Pública, para lo cual por cierto está facultada en su calidad de gobernadora. La realidad, los elementos de seguridad y los de la Guardia Nacional, tuvieron que retroceder ante el avasallador número de manifestantes en Chilpancingo.
Otra región más sin Ley, donde su alcaldesa, Norma Hernández, fue videograbada mientras se reunía y evidentemente acordaba con un criminal no identificado del grupo delincuencial Los Ardillos, quienes, de acuerdo a autoridades federales, son responsables de las violentas manifestaciones y la toma de carreteras, pues señalan que en realidad, la toma de Chilpancingo fue debido a la aprehensión en días anteriores de dos miembros de esa organización criminal que, hasta donde se sabe, inició como célula del Cártel Beltrán Leyva en la región montañosa de Guerrero, pero que en los últimos años, con total impunidad en la política de abrazos, no balazos, han logrado cobrar relevancia criminal a partir del secuestro, el apoderamiento de tierras, la mafia en el transporte, el narcotráfico y la extorsión.
Con una violencia que invade desplaza y aterroriza a los ciudadanos, la presente semana se convirtió en otra serie de espectáculos dantescos provocados por integrantes de cárteles de la droga que sin límite se burlan de un gobierno ausente, carente de autoridad.
El 10 de julio, el ataque en la comunidad Los Hoyos en Apatzingán, Michoacán fue aéreo; drones dejaron caer artefactos explosivos en las casas de ciudadanos horrorizados, mientras la noche del 11 de julio, elementos de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco, policías e integrantes de colectivos, fueron agredidos con explosivos mientras realizaban una búsqueda en un predio en Tlajomulco de Zúñiga, al que acudieron por denuncia. Y ni siquiera ha pasado un mes del 28 de junio, cuando elementos de la Guardia Nacional fueron lesionados tras la explosión de un carro bomba en Celaya, Guanajuato.
México está sumido en un caos de inseguridad y violencia ante un gobierno negado a proveer seguridad con un programa de inteligencia, sin balazos, para ejercer el Estado de Derecho y hacer que prevalezca la justicia, no el ajusticiamiento y la toma de ciudades ante los burlescos abrazos de un mandatario que parece mofarse de esta realidad mexicana que así ha agravado.
