En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, el 20 de julio de 2023, los lineamientos para la fiscalización de los gastos de precampaña 2023-2024, lo que le permitirá verificar y contabilizar los gastos y propaganda que realizan los seis aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT), también llamadas “corcholatas”.
Así como el de los 12 aspirantes para ser candidatos a la Presidencia de la República en 2024, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la alianza “Va Por México” y que junto a grupos de ciudadanos conforman el Frente Amplío por México (FAM).
Las llamadas “corcholatas” de Morena son: Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Ricardo Monreal Ávila, ex presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado; así como Adán Augusto López Hernández y Marcelo Luis Ebrard Casaubón, ex titulares de las secretarías de Gobernación (SEGOB) y Relaciones Exteriores (SRE), respectivamente.
El candidato de la llamada “cuarta transformación” saldrá entre seis aspirantes, entre ellos cuatro militantes de Morena y dos de los partidos aliados de la coalición, el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), es decir, Manuel Velasco Coello y Gerardo Fernández Noroña, senador y diputado federal con licencia, respectivamente.
Mientras que las 12 personas aspirantes para ser candidato a la Presidencia de la República en 2024, de la alianza “Va Por México” y que junto a grupos de ciudadanos conforman el Frente Amplío por México, son: Silvano Aureoles Conejo, Santiago Creel Miranda, Enrique Octavio de la Madrid Cordero, José Jaime Enríquez Félix, Xóchitl Gálvez Ruiz, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola Vera, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Beatriz Paredes Rangel, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Israel Rivas Bastida y Sergio Iván Torres Bravo.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del órgano constitucional autónomo, la presidenta Guadalupe Taddei Zavala, así como los consejeros Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Norma irene de la Cruz Magaña, pidieron aplazar la aprobación de dichos lineamientos, hasta que el INE fuera notificado oficialmente, de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien ordenó al Instituto Nacional Electoral, emitir lineamientos generales para regular y fiscalizar las giras de los aspirantes presidenciales de la llamada “4T” y del FAM.
Sin embargo, por una mayoría de 7 votos a favor y 4 en contra, el Consejo General del INE aprobó los lineamientos para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideraron como de apoyo de la ciudadanía y precampaña, correspondientes a los procesos electorales federal y locales concurrentes 2023-2024.
El Consejo General del INE aprobó los mecanismos para la coordinación y comunicación de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), con otras áreas del INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), para realizar el monitoreo de propaganda en vía pública y mítines, y con ello garantizar un flujo de información expedito, celeridad en las diligencias y elaboración de las actas.
Los lineamientos aprobados establecen que los partidos políticos y las personas que participen en los procesos de selección interna de candidaturas, así como en los procesos electorales extraordinarios que se deriven de los ordinarios, les serán aplicables todos los criterios en materia de fiscalización.
El Consejo General del INE fija como gastos de propaganda los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, todos los gastos realizados con motivo de la celebración de eventos políticos, propaganda utilitaria y otros similares, que durante el periodo de precampaña difundan las precandidaturas, con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo de elección popular.
Esto incluirá gastos por propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, así como aquellos para realizar encuestas y estudios de opinión, que tengan por objeto conocer las preferencias respecto de quienes pretendan obtener una candidatura.
Las personas que resulten precandidatas deberán presentar los informes de ingresos y gastos de precampaña a través de su partido político. En el caso de las personas que realicen aportaciones, tanto en efectivo como en especie, podrán ser sujetas a los procedimientos de revisión y confirmación con terceros, incluidas las autoridades financieras y fiscales.
