Keneth Lee Salazar, titular de la Embajada de Estados Unidos en México, aseguró, el 27 de julio de 2023, que el Gobierno encabezado por el presidente estadounidense Joseph Biden, juzgaría a las empresas que se dediquen a la venta de armas cuyo destino final es el territorio mexicano.
“Si esas empresas están vendiendo armas que ellos saben que van a llegar a México […] esas empresas también las vamos y las estamos investigando, y las vamos a juzgar”, señaló Salazar, durante conferencia de prensa, llevada a cabo desde la sede diplomática.
El embajador estadounidense reconoció que el 70 por ciento de las armas que llegaban a territorio mexicano eran de producción estadounidense, motivo por el que el Gobierno de EE.UU. trabajaba en detener a los traficantes, a quienes señaló de cometer “un crimen grave e internacional”.
Asimismo, el diplomático estadounidense destacó que la primera medida que tomaría la Administración encabezada por el presidente Bidenm en torno a dichas investigaciones, sería compartir más información con México.
“En el pasado, México y Estados Unidos compartían escasa información sobre el flujo de armas, y eso debe cambiar. Esta mayor transparencia nos permitirá identificar y actuar más eficazmente contra el tráfico ilegal de armas en la región”, dijo el embajador de EE.UU.
GOBIERNO DE MÉXICO EXIGE 15 MDD DE INDEMNIZACIÓN A ARMERÍAS ESTADOUNIDENSES
El Gobierno de México presentó, el 25 de julio de 2023, en la Corte de Apelaciones de Boston, Massachusetts, los argumentos con los que buscaba que fuera admitida la demanda interpuesta contra 11 armerías por el comercio negligente y venta de armas en Estados Unidos.
Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que de prosperar la querella, México exigiría un pago de 15 mil millones de dólares, el equivalente a lo que ha “gastado en responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas”.
“Según estimamos, el Gobierno de México ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares, arribita del cinco por ciento de su Producto Interno Bruto [PIB], en responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas”, afirmó el consultor jurídico de la Cancillería mexicana.
Celorio Alcántara recordó que en México sólo existía un lugar, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en el que se podía adquirir armas de fuego de bajo calibre, por lo que el resto de armas que circulaban entraron al territorio mexicano de manera ilegal y, en ello, los fabricantes tenían responsabilidad, debido a que habían comercializado sus productos de manera negligente.
“La inundación de armas y el alto poder de fuego viene por el tráfico ilícito desde los Estados Unidos, es algo externo, es algo que México no desea, no quiere y para lo que tiene que responder con recursos de contribuyentes que se podrían utilizar para pagar servicios de salud o de educación o para generar mayor infraestructura en nuestras comunidades rurales. De eso se trata el reclamo”, explicó el consultor jurídico de la SRE.
“Hemos perdido a funcionarios, vidas humanas, heridas, servicio psicológicos servicios médicos, servicios funerarios, reemplazar vehículos, aeronaves, hay muchos gastos en los que ha incurrido el Gobierno de México, con dinero de los contribuyentes, para responder a este flagelo del tráfico ilícito de armas desde los Estados Unidos”, enfatizó Celorio Alcántara.
El litigante indicó que la presentación fue oral y se hizo énfasis en tres argumentos: el primero, que La Ley sobre Protección al Comercio Legal de Armas ofrece ciertas inmunidades a la industria armamentista en EE.UU., contra demandas por responsabilidad civil.
El segundo es que se debía estudiar si es el derecho mexicano era el que aplicaba o el estadounidense. Mientras que el tercero era si dicha ley aplicaba o estaba vigente para dicho caso, debido a que el Gobierno mexicano podría recurrir a ciertas excepciones que dicha legislación incluía.
Celorio Alcántara dijo que, a juicio del Gobierno mexicano, la ley de inmunidades que hizo valer el juez de primera instancia no aplicaba en este caso, debido a que dicha norma excluía de responsabilidad a los fabricantes de armas del uso que se hiciera de su producto en territorio estadounidense, no fuera del mismo.
Dicha ley, según precisó el consultor jurídico de la SRE, no podía ser aplicada extraterritorialmente, por lo que la Corte de Apelaciones de Boston debería reconsiderar el desechamiento y ordenar que se reabriera el juicio.
“No es una demanda contra el Gobierno de los Estados Unidos, contra las personas estadounidenses, o contra el derecho consagrado en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos [a portar armas]. Esta es una demanda donde el Gobierno de México le exige a las empresas de la industria de las armas que se conduzcan de manera responsable”, aclaró el litigante.
Asimismo, Celorio Alcántara aseguró que el panel de tres jueces escuchó con mucha atención los planteamientos y esperaban que la Corte de Apelaciones diera su veredicto en un plazo de entre seis y ocho meses.
“El mejor escenario es que la Corte decida que el juez de Distrito ordene que el litigio continúe, que vuelva a revisar quizá los argumentos. El peor, que le dé la razón al juez de primera instancia”, agregó el consultor jurídico de la SRE.
El 9 de junio de 2023, Marcelo Ebrard Casubón, entonces titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), anunció que a las 09:30 horas del 24 de julio del presente año se realizaría una audiencia, como parte de la apelación que interpuso el Gobierno de México contra la decisión de la Corte de Distrito de Boston, en Massachusetts, de desestimar su demanda contra los fabricantes de armas en Estados Unidos.
F. Dennis Saylor, juez de la Corte Federal del Distrito de Massachussets -en Boston- desechó, el 30 de septiembre del 2022, la demanda que interpuso el Gobierno de México en contra de 11 grandes fabricantes de armas en Estados Unidos, a quienes acusaba de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente a territorio mexicano.
La demanda que inició el Gobierno de México fue contra las siguientes empresas estadounidenses: Smith & Wesson Brands; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding; Century International Arms; Colt´s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock GES; Sturm, Ruger & Co.; Witmer Public Safety Group; e, Interstate Arms.
El 22 de noviembre del 2021, las armerías estadounidenses solicitaron el desechamiento de la demanda bajo el argumento de que el Gobierno de México no tiene capacidad para demandarlas, pues gozan de una llamada “inmunidad procesal” de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que desde 2005 escuda a los fabricantes y distribuidores de EE.UU., de recibir querellas por la vía civil, por el mal uso de sus productos.
Ebrard Casubón informó, el 31 de enero del 2022, que el Gobierno de México presentó las pruebas respecto a la presunta negligencia cometida por 11 grandes fabricantes de armas en Estados Unidos, a quienes acusaba de ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente a territorio mexicano.
