Con 18 votos en contra, cuatro abstenciones y un voto a favor, el pleno del Congreso de Baja California aprobó la Cuenta Pública 2021 del Poder Judicial. Ello, pese a que el dictamen 251 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público elaborado con base en el Informe Individual de la Auditoría Superior del Estado contempla no aprobarla al encontrarse diversas irregularidades en el ejercicio del gasto público.
El único voto a favor en respaldo del dictamen 251 fue el de la morenista Alejandra María Ang Hernández, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien no razonó su voto. En tanto, los panistas Santa Alejandrina Corral Quintero, Juan Diego Echevarría Ibarra, Amintha Briseño Cinco y el petista Marco Antonio Blásquez Salinas se abstuvieron.
“En abstención por no contar con los elementos necesarios para poder determinar el sentido de nuestro voto, debido a que se desprenden varias observaciones que fueron de manera recurrentes”, señaló Briseño Cinco, en la sesión de este 6 de julio de 2023.
Para votar a favor de la Cuenta Pública rechazando el dictamen, Rocío Adame Muñoz aseguró que el Poder Judicial ha presentado de “forma clara y detallada” la información financiera, presupuestaria y programática correspondiente al periodo auditado.
El Poder Judicial -encabezado por Alejandro Isaac Fragoso López- “ha establecido mecanismos de control interno para garantizar la correcta administración de los recursos públicos. Además, se han llevado a cabo auditorías internas y externas las cuales han permitido identificar y corregir posibles irregularidades asegurando la integridad y legalidad de los procesos”, afirmó.
La cuenta pública 2021 del Poder Judicial refleja “un uso eficiente y responsable de los recursos asignados optimizando su utilización y evitando cualquier tipo de malversación, se ha mostrado una utilización adecuada de los fondos públicos priorizando las necesidades y requerimientos del Poder Judicial”, aseguró Adame Muñoz
Secundando la proposición de aprobar la Cuenta Pública, el legislador Juan Manuel Molina García señaló que la Cuenta Pública del Poder Judicial se encuentra en un rango medio en el análisis cuantitativo de la ASE.
“No está en una tesitura reprobatoria, que no pudiera… en fin esto permite que tomemos un criterio de análisis ponderando las condiciones como las que acaba de comentar la diputada que me antecedió en el uso de la palabra (Adame Muñoz) y la posibilidad de que la Ley Orgánica del Congreso del Estado nos permite modificar en las discusiones el alcance de un dictamen sometido a la consideración del Pleno”, justificó.
NO PAGAR IMPUESTOS, UNA DE LAS IRREGULARIDES
Según el Dictamen 251 de la Comisión se realizaron 80 procedimientos en la auditoría de la Cuenta Pública 2021 del Poder Judicial, de los cuales 35 generaron resultados con observación. De éstas 11 no fueron solventadas, y de éstas 4 son “faltas recurrentes”.
Entre las irregularidades detectadas se encuentra haber pagado por diversos conceptos de beneficios laborales por un monto total de 319 millones 885 mil 850 pesos, sin retener ni enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), ni haber realizado el cálculo anual por cada empleado, así como “no proporcionar evidencia sobre la emisión de los comprobantes fiscales digitales (DFDI) por ingresos y pagos realizados” contraviniendo lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.
Los beneficios pagados fueron: prima vacacional 33.0 millones de pesos (mdp); gratificación de Fin de Año 95.0 mdp; compensaciones, 158.2 mdp; incentivo a la Eficiencia 16.4 mdp; bono por buena disposición 5.8 mdp; y estímulo por Productividad 11.1 mdp.
Hasta el 5 de diciembre de 2022, el Poder Judicial contó con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Durante 2021, el Poder Judicial retuvo el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por el pago de Sueldo Tabular y Remuneraciones (18.0 mdp), por el pago de liquidaciones 462 mil 664 pesos; y por el pago de pensión del fideicomiso número 140898-2 Banamex por 260 mil 301 pesos, pero no lo entregó al SAT.
Por otro lado, el Poder Judicial presentó en su estado de situación financiera 7 saldos antiguos en el rubro de Cuentas por Pagar a corto plazo, provenientes del ejercicio anterior por el importe total de 92.8 millones de pesos, mismos que a la fecha no han sido pagados o en su caso depurados o ajustados, incumpliendo con el artículo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En cuanto a la ejecución de obra, la ASE detectó que el Poder Judicial pagó con sobreprecio 1.5 millones de pesos el corte de material en la construcción de dos salas civiles en Playas de Rosarito, y tuvo una “deficiente” planeación de los trabajos ya que la obra fue contratada sin contar con la disposición del predio, en el que había patrullas en desuso del Ayuntamiento de Rosarito.
Previamente, en la sesión de hoy rindieron protesta los nuevos integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
