El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de investigar la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fue menos crítico con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que con el de su antecesor, Enrique Peña Nieto.
Así lo consideró Jacobo Dayán, investigador e integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quien señaló que “lo que no se toleró entonces, en este gobierno se toleró más”, debido a a la cercanía que Ángela Buitrago y Carlos Beristain -los dos últimos integrantes del GIEI que permanecían en México- tienen con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
En una nota difundida por la organización civil “A dónde van los desaparecidos” -firmada por César Martínez-, Dayán indicó que el regreso del GIEI a México en el actual sexenio invisibilizó la crisis de desapariciones, pues el gobierno destinó casi todos sus recursos al caso Ayotzinapa y desatendió a otros grupos. “De una manera muy perversa, el gobierno utilizó el caso Ayotzinapa para invisibilizar el resto de la tragedia [de personas desaparecidas]”, afirmó.
El pasado 25 de julio de 2023, Ángela Buitrago y Carlos Beristain anunciaron el fin de los trabajos de GIEI en México, debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en la actual administración no les entregaron toda la información, en un comportamiento más corporativo que comprometido con la verdad.
Para que haya justicia se necesita que la Fiscalía General de la República (FGR) tenga la independencia y profesionalidad que se requiere, y no sufrir los obstáculos de personas que participaron en la construcción de la verdad histórica o han seguido protegiendo a responsables, como se ha dado en distintos momentos del trabajo, señalaron Buitrago y Beristain, tras ocho años de investigar la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.
El fin de los trabajos del GIEI fue visto por Mario César González, padre del estudiante César Manuel González Hernández como algo lamentable, pues consideró que fueron las primeras personas que les hablaron con la verdad y los trataron con dignidad.
“Creo que el presidente la está regando muchísimo, podría haber cambiado todo el rumbo de la historia y desgraciadamente dejó que el Ejército se saliera con la suya”, señaló González. “Desafortunadamente, las reuniones [con López Obrador] se fueron pareciendo cada vez más a lo anterior [con el expresidente Enrique Peña Nieto]”, agregó.
Meses antes, en octubre de 2022, el abogado penalista chileno Francisco Cox y la primera mujer fiscal general de Justicia en Guatemala Claudia Paz y Paz dejaron de colaborar en el GIEI con el gobierno. Lo anterior, debido a que en agosto del año pasado, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) ofreció, sin consultarles, un informe en el que incluyó capturas de pantalla de conversaciones por celular de supuestos integrantes de Guerreros Unidos durante el 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los normalistas, cuyo origen y autenticidad fueron cuestionados por el grupo de expertos.
Y de que, en septiembre de 2022, personal de la FGR ajeno al caso solicitó a un juez del Estado de México, con sede en Toluca, cancelar 21 órdenes de aprehensión de un total de 83 obtenidas un mes antes; medida que favoreció a 16 militares acusados de delincuencia organizada y provocó que Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) presentara su renuncia.
Tras la desaparición de los 46 normalistas, como una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitada por Tlachinollan y el Centro Prodh en representación de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, surgió el GIEI el 3 de octubre de 2014.
Originalmente el GIEI estuvo conformado por el abogado penalista chileno Francisco Cox; la primera mujer fiscal general de Justicia en Guatemala, Claudia Paz y Paz; el médico y doctor en psicología vasco, Carlos Beristain; el abogado colombiano, Alejandro Valencia; y la abogada colombiana Ángela Buitrago.
Además de haberse identificado los restos de tres normalistas por la Universidad de Innsbruck, en Austria; la detención del ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam, autor de la llamada “verdad histórica”, y haber expuesto la participación del Ejército en la desaparición de los normalistas fueron considerados como logros del GIEI según diversas fuentes consultadas en la nota de “A dónde van los desaparecidos”, de César Martínez.
