En las próximas semanas, el conocido Cártel del Mar podría resurgir en San Felipe. Varios de sus operadores originales identificados por las autoridades están a un paso de recobrar su libertad, debido a la pésima integración ministerial; o bien, porque las pruebas en su contra se desmoronaron una a una.
El Cártel del Mar es una organización criminal dedicada al tráfico de totoaba en el Alto Golfo de California, que abastecía -principalmente- la necesidad del mercado negro chino interesado en consumir la vejiga natatoria del animal endémico.
Identificado desde 2017, pero se presume se fundó como estructura dos años antes, se creó a consecuencia de las restricciones derivadas de la veda de pesca impuesta por el Gobierno de la República a petición de su homólogo estadounidense, bajo el argumento de la protección de la vaquita marina.
Así, la pesca de San Felipe se volvió prácticamente ilegal para sus residentes, lo que dio un espacio ideal para las actividades furtivas.
El acoso al Cártel del Mar se dio durante los últimos años de la presidencia de Enrique Peña Nieto y todavía en la naciente etapa del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.
Primero cayó Óscar Parra Aispuro, conocido como el Parra o el Tekolín, en 2018, acusado del delito de homicidio en contra de un militar; y posteriormente varios de sus presuntos operadores como Gastón Eduardo, hermano de Óscar; José Luis García Ruiz la Yegua; Enrique García Sández, ex inspector de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Enfrentan un proceso judicial a nivel federal desde noviembre de 2020 cuando fueron detenidos por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Mediante amparos o procesos judiciales, todos se encuentran frente a una inminente salida de prisión, pero en el caso particular de Óscar Parra Aispuro, su salida podría darse dentro de los próximos días, pues el caso armado en su contra por el delito de homicidio se cayó a pedazos. El Parra saldrá purificado.
FGE PIDE SOBRESEIMIENTO CONTRA EL PARRA POR HOMICIDIO DE MILITAR
En septiembre de 2017, la administración de Perla del Socorro Ibarra Leyva como procuradora de justicia presumía la captura de Óscar Parra Aispuro, considerado uno de los principales generadores de violencia en el puerto de San Felipe, el cual además se volvió un enemigo público para un sector del empresariado del puerto.
El nombre del presunto operador del Cártel del Mar salió a relucir en varios casos como el ataque armado al hijo de un agente investigador de nombre Adán Uribe Herrera; el atentado en contra del ex subdirector de Inteligencia de la extinta Policía Estatal Preventiva (PEP), Fabricio Ruiz Valenzuela, perpetrado en San Felipe; y en el asesinato de un militar de nombre Emmanuel Esaú Saldaña Ramos, ocurrido la madrugada del 31 de diciembre de 2017 sobre Avenida Mar de Cortés, casi esquina con Calle Acapulco, en San Felipe.
El asesinato se perpetró debido a un conflicto de tránsito que generó la ira del conductor de un pick-up color blanco, el cual vestía de negro y con gorra; el asesino -presuntamente Parra Aispuro- tuvo una discusión con Emmanuel Esaú. Acto seguido, el conductor abrió la puerta del piloto, sacó el torso, posicionó su arma encima de la cabina de su auto y disparó a sangre fría. Todo fue captado por la cámara de vigilancia ubicada a las afueras del bar Rockodile.
En los primeros dos casos no se le pudo demostrar su intervención, pero en el tercero se giró un mandamiento judicial que culminó con la captura realizada por elementos de la PEP en septiembre de 2018 en posesión -supuestamente- de armas largas.
Rápidamente se le trasladó de San Felipe a las instalaciones de la PEP en Mexicali, donde fue interrogado y finalmente entregado a la Fiscalía General de la República (FGR), donde destrozó las acusaciones de portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
Parra Aispuro fue devuelto a Mexicali para enfrentar la acusación de homicidio en contra del castrense, crimen asentado en el Número Único de Caso (NUC) 0202-2017-55005, por el que fue vinculado a proceso.
Entrevistado por ZETA el miércoles 31 de mayo de 2023, al término de la conferencia mañanera de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el fiscal Ricardo Iván Carpio Sánchez aceptó que el Ministerio Público a su cargo solicitó un sobreseimiento del caso, toda vez que -comentó- no se contaba con pruebas para procesarlo.
“Habría una situación donde se revisó el caso de manera específica, se valoraron algunas pruebas de carácter documental y la valoración del Ministerio Público es que la ausencia de testigos que en su momento existieron, y que ya no son localizables, ya no laboran en las instituciones, si lo hacían pues derrumban la posibilidad de un caso sólido”, refirió.
Es decir, la FGE decidió no llevar el caso a juicio y dejarlo en manos del Juez de Control; luego de cinco años decidió que no contaba con elementos para vincularlo al hecho delictivo y retiró las acusaciones.
Carpio Sánchez agregaría que los testigos eran militares, pero renunciaron a las Fuerzas Armadas y, al no convencerlos para presentarse a declarar, optaron por no continuar. Los ex miembros del Ejército Mexicano a los que se refiere son Charles William García y Eduardo Ortega Sandoval.
Respecto al video en el que se capta el momento exacto en que un individuo toma un arma de alto poder y dispara al militar, el cual -se presumía- era Parra Aispuro, el fiscal central Rafael Orozco Vargas, quien también fue coordinador de Homicidios en Mexicali, aseveró que la grabación fue invalidada por el juez Héctor Cortés Peña, toda vez que no se había extraído de manera correcta.
De acuerdo con Orozco, existe documentación que confirmaba la autorización del dueño del bar que captó el momento de la agresión, donde les autorizaba el ingreso. Sin embargo, para el juez hubo una violación en el procedimiento y desechó una de las pruebas más importantes en el caso.
Durante la audiencia del 25 de marzo de 2018, la defensa de Parra presentó como testigo al encargado del bar Rockodile, Misael Gutiérrez Cázares, cuyas cámaras captaron el momento del ataque. En su declaración aseguró que los agentes preventivos y militares irrumpieron en las instalaciones del bar para extraer los vídeos por su cuenta. Pese a que la FGE argumentó contar con un documento donde les permitían el ingreso, Misael dijo que sólo él tenía autorización para permitir el ingreso al inmueble.
Por su parte, el fiscal Carpio Sánchez indicó que la FGR sostuvo un acercamiento para analizar la posibilidad de procesarlo por el delito de delincuencia organizada el pasado 27 de abril, pero Parra logró que le modificaran las medidas cautelares que tenía por las acusaciones federales en su contra.
Es decir, que por el tiempo recluido pudiera continuar su proceso, pero en libertad, lo cual fue aceptado por otro juzgador con sede en Hermosillo, Sonora.
Según fuentes investigadoras, Parra se encuentra recluido en el complejo penitenciario El Hongo en Tecate, solamente por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Es decir, manutención. Por tratarse de una falta menor, podrá solicitar su proceso en libertad o reparar el daño.
LA YEGUA TAMBIÉN SALDRÍA DE PRISIÓN
El burdo caso que armó la FGR en contra de los presuntos integrantes del Cártel del Mar, se ha ido desmoronando con el pasar de los meses, al grado que, de los siete detenidos en 2020, sólo cuatro permanecían presos al cierre de esta edición.
Los cuatro detenidos son Segundo Valenzuela -presunto líder de su propia estructura criminal en el Alto Golfo-, Juan Luis García Ruiz, la Yegua y supuesto socio de Parra; Enrique García Sández, ex inspector de la Profepa atacado a balazos por fuerzas castrenses meses antes de su captura; y Gastón Eduardo Parra Aispuro -hermano del Parra-. Todos ellos estarían próximos a recobrar su libertad en algunos días, tal y como lo hicieron en momentos diferentes los líderes pescadores Luis Aldaz, su esposa Carmen Ávila y Sunshine Rodríguez Peña.
Hay que recordar que, en noviembre de 2020, un operativo de la FEMDO culminó con la captura de estos siete individuos, de los cuales tanto Aldaz como Ávila, recobraron su libertad a los pocos días, luego de un férreo alegato de la defensa, quien tumbó el caso en su contra durante la primera audiencia en una sala de Ciudad de México.
En febrero de 2023, Sunshine Rodríguez Peña tuvo oportunidad de presentar sus pruebas tras dos años de retrasar su juicio y logró salir absuelto de las acusaciones en su contra. Era la segunda vez que tumbaba las endebles acusaciones de la FGR en su contra.
En una entrevista con ZETA, comentó que las únicas pruebas que tenía la fiscalía en su contra eran reportes periodísticos donde lo señalaban como supuesto líder del tráfico de totoaba, pero nada más; la FGR no hizo trabajo de investigación.
Su estancia en prisión se debió -principalmente- a que durante los dos años de pandemia se retrasó de forma sustancial el sistema de justicia, por lo que procesos de meses pudieron extenderse hasta por años.
A más de cinco años de identificado el grupo delictivo, autoridades locales y federales no tuvieron la capacidad de sostener sus investigaciones.
