Los abogados defensores de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), informaron, el 27 de abril de 2023, que iniciarán un proceso de diálogo con la empresas paraestatal, así como con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para buscar la reparación del daño ocasionado en los casos Agronitrogenados y Odebrecht.
El juez control Genaro Alarcón López difirió la audiencia programada para las 12:30 horas del 27 de abril de 2023, mismo que se llevaría a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Ahora se llevará a cabo a las 12:30 horas del martes 18 de junio del presente año.
“Parece sorprendente que estén echando largas, [Alonso] Ancira [Elizondo] firmó el acuerdo reparatorio, mi familia y yo no tenemos ese derecho, utilizar la persecución de mujeres y la prisión preventiva para obtener un incremento en el monto, va en contra de mis derechos”, aseveró el ex funcionario federal, antes de que el juez de control difiriera la audiencia.
“Llevamos muchos años señor juez colaborando, y he accedido a las peticiones de la Fiscalía General de la República y a la reparación del daño, pero eso no refleja en lo absoluto que yo asuma las acusaciones. Nos parece sorprendente que sigan echando largas. Debe haber equidad y no discriminación en las partes […] Utilizar la prisión preventiva y la persecución contra las mujeres para intentar obtener un incremento en el monto, atenta contra mis derechos”, acusó el ex funcionario federal.
Ante estos señalamientos, Alarcón López mencionó que las declaraciones del ex director general de PEMEX eran “subjetivas” y que ambas partes tendrían que dialogar. Por su parte, el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), aseveró que no se podía obligar a las instituciones a ello. En tanto que los representantes del UIF expresaron que estaban dispuestos en sostener las pláticas con la defensa de Lozoya Austin.
“Voy a diferir esta audiencia, tengo que privilegiar la solución del conflicto”, expuso el juez de controla del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la diligencia que duró poco más de una hora.
Miguel Ontiveros Alonso, uno de los abogados del ex director general de PEMEX, declaró que insistirían en alcanzar un acuerdo reparatorio, por la afectación que generó la compra de la planta “chatarra” de fertilizantes de Agronitrogenados. El litigante reiteró la voluntad de su cliente de pagar 10 millones 736 mil 351 dólares, para que se le retiren los cargos al ex funcionario federal, así como a su madre, Gilda Margarita Austin y Solís; a su hermana, Gilda Susana Lozoya Austin; y a su esposa, Marielle Helene Eckes.
El abogado detalló que el monto fijado en enero de 2022, por PEMEX y la UIF, fue de 7 millones 336 mil 352 dólares con 074 centavos por el caso Odebrecht, y 3 millones 400 mil dólares por el caso de Agronitrogenados. “En suma, por los dos casos, dan un total en materia de reparación del daño de 10 millones 736 mil 351 dólares con 74 centavos”, enfatizó Ontiveros Alonso.
“Está aprobado que senadores, diputados y distintos actores recibieron sobornos en efectivo para la aprobación de la reforma energética […] es lo que vamos a firmar el día de hoy, creemos claramente que vamos a lograr un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad”, dijo el abogado.
“Recordemos que hace un año nos comprometimos todas las partes en la reparación del daño la suma es de 10.7 millones de dólares y estamos dispuestos a garantizar la reparación”, aseveró el litigante defensor, al llegar a los juzgados del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la Ciudad de México.
“Que se mantengan firmes dos compromisos. Primero, que se mantengan los montos de reparación del daño, es un piso mínimo que la defensa solicita. La segunda solicitud es que, tal y como lo solicitó Emilio Lozoya Austin al fiscal general de la República [Alejandto Gertz Manero], los beneficiarios de los acuerdos sean él y sus familiares, tres mujeres, madre, su hermana y su esposa. Todo lo demás puede ser modificable”, expresó el litigante.
Asimismo, Ontiveros Alonso pidió a los representantes de las instituciones, la FGR, la UIF y PEMEX, comprometerse al menos de palabra, de respetar ambos puntos, al recordar que en enero de 2022 ya tenían dicho acuerdo, pero lo echaron abajo de última hora, por “instrucciones superiores” del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El abogado también aseguró que existían condiciones jurídicas para que el Gobierno de México solicitara a España la extradición del ex presidente Enrique Peña Nieto, al considerar que Lozoya Austin había presentado las suficientes “pruebas sólidas”, para que el ex mandatario mexicano fuera enjuiciado en México, por los presuntos sobornos recibidos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.
“Creemos también que, tal y como sucedió en el caso del expresidente de Perú [Alejandro Celestino Toledo Manrique], hace unos días, que fue extraditado desde Estados Unidos por el caso Odebrecht, también en este caso hay suficientes condiciones para que el ex presidente de México sea extraditado desde España, para que responda a las acusaciones de Emilio Lozoya”, señaló Ontiveros Alonso.
LOZOYA TIENE DERECHO A ACUERDO REPARATORIO, DICE ADÁN AUGUSTO
Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), afirmó, el 27 de abril de 2023, que Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), tenía derecho a un acuerdo reparatorio por el caso de Agronitrogenados.
“Todo individuo o ciudadano que esté sujeto a un proceso tiene derecho a explorar y en todo caso a obtener un acuerdo reparatorio”, declaró el funcionario federal, durante la conferencia de prensa matutina presidencial, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
Sin embargo, el titular de la SEGOB aclaró que dicha decisión no correspondía al Poder Ejecutivo Federal, sino al Judicial de la Federación (PJF). Asimismo, agregó que Lozoya Austin tenía que hacer un planteamiento a la autoridad correspondiente, para que se conciliara un acuerdo reparatorio entre las partes. Por último, reiteró que no debía de haber impunidad para nadie.
JUEZ DESECHA DEMANDA DE LOZOYA PARA ANULAR TESTIGOS DE ODEBRECHT
Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del Juzgado Primero de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, desechó, el 13 de abril de 2023, un amparo con el que Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de PEMEX, pretendía que los testimonios y videos de los interrogatorios a ocho ex directivos de Odebrecht fueran anulados, para su eventual juicio por los presuntos sobornos que habría recibido de la constructora brasileña, elementos probatorios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR).
“El amparo fue desechado, pero impugnamos y creemos que lo vamos a ganar; siendo así, se desvanece una buena cantidad de material probatorio proveniente de Brasil”, dijo Miguel Ontiveros Alonso, abogado de Lozoya. Austin, quien en su demanda de garantías, demandó la inconstitucionalidad del Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mútua entre México y Brasil, por tres razones distintas.
Una, porque el documento no fue firmado por el titular del Poder Ejecutivo Federal, sino por el Procurador General de la República, Alejandro Gertz Manero, violando el artículo 89, fracción X, de la Constitución. Dos, porque el Tratado violaba el principio de “Juez Natural”; y tres, por transgredir los principios del Sistema Procesal Acusatorio.
Las pruebas que Lozoya Austin buscaba anular eran los citatorios y declaraciones que eventualmente rendirían en el juicio Marcelo Bahía Odebrecht, ex presidente de la firma brasileña; Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de la filial en México; Luis Antonio Mameri, ex vicepresidente para América Latina y Angola; e Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva, ex jefes del Departamento de Operaciones Estructuradas.
También, los de Fernando Miglaccio Da Silva, ex jefes del Departamento de Operaciones Estructuradas; Olivio Rodrigues Junior “Gigolino”, operador financiero de dicho departamento; de Antonio Suárez Solís, apoderado en México; y, de Luis Eduardo Da Rocha Soares, operador financiero del Departamento de Operaciones Estructuradas.
Además, el ex director general de PEMEX buscaba con el amparo, que también fueran cancelados para el juicio los videos y transcripciones de los interrogatorios practicados en Brasil a siete de los ocho ex directivos de Odebrecht mencionados.
El 10 de marzo de 2023, durante el desarrollo de la audiencia intermedia del caso Odebrecht, Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, aprobó la inclusión de dichas pruebas en el eventual juicio de Lozoya Austin.
En esa misma audiencia, el juzgador desechó pruebas clave de la FGR para el juicio, al determinara que era ilegal toda la información financiera que entregó Brasil y Suiza a México, para acreditar los supuestos sobornos de Odebrecht a Lozoya Austin, al estimar que eran informes que no fueron obtenidos con orden judicial.
