A Montserrat Caballero Ramírez, alcaldesa de Tijuana, la están dejando sola.
Su partido, los gobiernos como el suyo, emanados de Morena, la han abandonado. Prácticamente quieren que llegue hasta donde se tope y caiga.
En una decisión que evidentemente responde más a un tema político, dejar sola a la alcaldesa con los problemas de deslaves por los que ha atravesado la ciudad con las recientes y copiosas lluvias, significaría “sacrificarla” para la reelección. Dejarla fuera. Out.
El problema está en que al abandonarla a su “suerte” o a sus capacidades (o incapacidades), tanto el Gobierno de México, como el del Estado, están siendo insensibles, omisos e irresponsables con los residentes de Tijuana.
De 71 deslaves que han ocurrido en la ciudad en los últimos dos años (ver reportaje en página 9 de esta edición de ZETA), dos llamaron la atención en las últimas dos semanas, por la severidad de los daños y las consecuentes afectaciones al tránsito y a la vivienda digna: el socavón del Cañón del Matadero, que tiene ralentizado el flujo vehicular de acceso y salida de la zona de Playas de Tijuana y hacia Rosarito-Ensenada; y el deslave del cerro en el fraccionamiento La Sierra, que tiene en vilo dos edificios departamentales y el subsecuente colapso del Bulevar Cuauhtémoc Sur, que conecta no sólo la Zona Centro y Suroeste de la ciudad, sino también con los municipios de Rosarito y Ensenada, después de pasar por la gran mancha urbana de Santa Fe.
En ambos casos, los deslizamientos de tierra anticipan tragedias, pérdidas, colapso de las vías de comunicación y afectaciones tanto de seguridad como económicas a la región.
El problema del desarrollo urbano de la ciudad, caótico, sin supervisión, irregular y en casos corrupto, lo que es el origen de los deslizamientos, no corresponde enteramente a la administración de Montserrat Caballero. Empezó hace muchos años.
En 1993, cuando las torrenciales lluvias de marzo de aquel año dejaron once muertos, el deslave de cerros y el crecimiento de los arroyos naturales se debió a una indiscriminada entrega de permisos para construir sobre los cerros los nuevos desarrollos de vivienda y comerciales de Tijuana.
A pesar de aquel antecedente, las administraciones municipales, estatales y federales que siguieron, no concretaron reglamentos, leyes y normas para ordenar el crecimiento urbano de la ciudad y evitar con ello la pérdida de vidas, al autorizar construcciones irregulares, o, como es el caso, en zonas de peligro y sin seguir las normas técnicas para evitar tragedias.
Uno de los complejos departamentales que está por colapsar en el Bulevar Cuauhtémoc Sur, da cuenta el reportaje en ZETA de Julieta Aragón Domínguez, fue autorizado para su edificación en 2009; el otro, años más tarde recibió un adendum para construcción, apenas en 2021.
Del 2009 a la fecha, Tijuana ha tenido ocho alcaldes -tres del PAN, dos del PRI y tres de Morena-: Jorge Ramos Hernández, Carlos Bustamante Anchondo, Jorge Astiazarán Orcí, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Eduardo Terreros Martínez, Arturo González Cruz, Karla Ruiz Macfarland y la actual, Montserrat Caballero Ramírez.
Gobernadores han sido dos del PAN y dos de Morena: Francisco Vega de Lamadrid y José Guadalupe Osuna Millán (además, ambos ex alcaldes de la ciudad) los albiazules; y Jaime Bonilla Valdez y Marina del Pilar Ávila Olmeda por el partido vinotinto.
Desencuentros entre gobernadores y alcaldes de Tijuana entre 2009 y 2023 se registran dos: el sostenido durante el bienio del ahora petista Jaime Bonilla, contra el ahora verde ecologista Arturo González, donde incluso intentó el estatal llevar a prisión al municipal; y el presente, el que de manera soterrada encabezan la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez.
Ávila ha dejado sola a Caballero. Yendo contra los tijuanenses que las eligieron a las dos en 2019. La gobernadora no apoya ni con recurso económico ni técnico, ni con gestiones, para que Tijuana pueda salir del gran desafío que enfrenta. La alcaldesa solicitó públicamente ayuda, y no se le ha concedido. Además, solicitó un pago de las participaciones federales que se le adeudan a la ciudad para poder salir del brete, y tampoco (a Tijuana se le adeudan 814 millones 314 mil 16 pesos con 98 centavos de participaciones federales; de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, se deben 151 millones; de la de Bonilla, 256 millones; y Marina Ávila debe a la ciudad, participaciones federales por 407 millones de pesos).
En el desamparo local, sin el interés más allá de en vivos y redes sociales por parte de la gobernadora, la alcaldesa de Tijuana está esperando que llegue el Presidente de la República para hacerle saber la delicada situación en que se encuentra la ciudad, para ver si se compadece y apoya al Norte, aunque esa, es sabido y demostrado, no es la política de desarrollo de Andrés Manuel López Obrador.
La gobernadora hace un en vivo desde el socavón en el Cañón del Matadero sin la presencia de la alcaldesa, a quien dicen sí invitó, pero Caballero decidió no acudir y enviar representante. Marina Ávila ofrece una conferencia con todos los alcaldes y no convida a la de Tijuana, y así se la llevan, en detrimento de la administración pública, el trabajo coordinado de mandataria estatal con la municipal y viceversa.
En la lucha de egos quien pierde es la ciudadanía, afectada por la insensibilidad, el desinterés y una baratísima grilla política.
En los trágicos deslaves de cerros de Tijuana deberían estar buscando una solución técnica y científica para aminorar el golpe, tanto los encargados de Infraestructura y Bienestar del Estado, como los responsables de las áreas de Desarrollo Urbano y Protección Civil del Ayuntamiento, pero no. No hay esfuerzo conjunto, no hay coordinación, no hay compromiso con los electores ni con los afectados, mucho menos con la ciudad.
Varias tragedias surgidas a partir de la temporada de lluvias en Tijuana, que evidencian claras irregularidades cometidas por Estado y Municipio, que afectan a dos grandes áreas de la zona urbana, están siendo utilizadas políticamente para afectarse unos a los otros, sacrificando la seguridad y el desarrollo urbano.
Hoy viernes 31 de marzo suman 10 días desde que el Ayuntamiento de Tijuana comenzó a desviar el tráfico promedio diario de 40 mil automovilistas de y hacia Playas, debido al socavón en el Cañón del Matadero y aún no existe una acción clara de ningún nivel de gobierno para solucionar una falla de infraestructura que puede ser trágica.