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miércoles, enero 18, 2023
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Un año de impunidad

A Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista, lo mataron una mañana del 17 de enero de 2022. Del terrible crimen ha transcurrido un año y ni los motivos del asesinato han sido develados, ni el autor intelectual está encarcelado.

El caso de investigación en la Fiscalía General del Estado de Baja California se le “juntó” al entonces recién nombrado fiscal, Ricardo Iván Carpio, con el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, que ocurrió seis días después, también en Tijuana, Baja California.


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Dos periodistas asesinados en menos de una semana, en una misma ciudad, prácticamente al inicio de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda ocurrieron en aquel enero de 2022, el año en que más periodistas han sido acribilladosen México en años recientes.

Después de la muerte a sangre fría de Lourdes Maldonado, sus homicidas la espiaron, esperaron a que llegara a su hogar y antes de bajarse del carro le dispararon a quemarropa. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador envió un “equipo especial” para la investigación de los homicidios.

No fue gratuita tal decisión presidencial. Tres años antes, en el 2019, Lourdes Maldonado acudió a una mañanera de López Obrador para denunciar que temía por su vida, pues un largo litigio contra el entonces gobernador, el morenista Jaime Bonilla Valdez, estaba empañado por la corrupción y el abuso de poder de Bonilla.


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Entonces, en 2022, a Tijuana llegaron elementos de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, y de las Fuerzas Armadas, para, a nombre del presidente, colaborar con la fiscalía local en la resolución de los asesinatos.

Una vez más, se demostró que, si el presidente quiere, se puede. A las pocas semanas de haber llegado el “equipo especial”, integrado por más de 50 personas que tomaron parte de las oficinas de la FGEBC, tres presuntos participantes en el asesinato de Lourdes Maldonado fueron aprehendidos. Y un par de semanas después, tres presuntos asesinos de Margarito Martínez también fueron detenidos.

En el caso de Lourdes, las tres personas detenidas, el que disparó, el que manejó el taxi y el que hizo de “halcón” y recogió los casquillos, fueron sentenciados, en juicios abreviados, a entre 20 y 24 años de prisión.

Lo mismo sucedió con dos de los asesinos de Margarito Martínez que accedieron a un juicio abreviado y así fueron sentenciados a 25 años de prisión: quien disparó y a quien lo reclutó. Dos personas más, el que dio la orden de asesinar al fotoperiodista, y quien llevó a cabo el fatal plan, están presos. El primero, el autor intelectual, no ha podido ser vinculado a proceso por el crimen de Margarito (permanece en prisión por otro homicidio), y el segundo está a la espera del inicio de su juicio oral.

David López Jiménez “El Cabo 20”, un visible operador del cártel Arellano Félix, fue acusado por el gobierno de la República de ser el autor intelectual de ambos crímenes, el de Margarito y el de Lourdes. Sin embargo, al de Mendoza no ha sido ligado por las autoridades bajacalifornianas, como sí ha sido señalado en el caso de Martínez Esquivel.

De la probable implicación de Jaime Bonilla Valdez, hoy Senador con fuero, ya nada se dijo pese a que la propia Lourdes Maldonado así lo denunció en una mañanera, y por lo menos en dos ocasiones, una en una de sus conferencias y otra en una gira por Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha exculpado al exgobernador.

Como ahora se sabe en el atentado al periodista Ciro Gómez Leyva en la Ciudad de México, a algunos de los detenidos se les encontró evidencia de pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación, y al modo de las fiscalías de los Estados, en la de la Ciudad de México presumen que se puede tratar de una célula ligada al cártel, es decir, que se estaría frente a sicarios. Lo mismo sucedió con anterioridad en Baja California y en el caso de Lourdes Maldonado. A los tres hombres que participaron en su asesinato, la fiscalía informó que les habían pagado entre 3 mil y 5 mil dólares por el crimen, pero no han llegado a la autoría intelectual.

En el caso de Margarito Martínez, aun con presumiblemente más elementos, también refirieron un pago a uno de los autores materiales, y la confabulación de otros – en este caso “el Cabo 20”, el otro que está a la espera de su juicio oral, y los dos ya sentenciados – para asesinar al fotoperiodista, por razones que se desconocen, pero ordenado el homicidio por el representante criminal del cártel de los hermanos Arellano Félix.

Con las sentencias de juicios abreviados, el asesinato de Margarito Martínez Esquivel y el de Lourdes Maldonado López siguen en la impunidad. A la fecha se desconocen los motivos del crimen y el nombre de quienes ordenaron matar a los periodistas.

Bajo estas condiciones se confirma la ausencia de un Estado de Derecho en México y las nulas garantías para el ejercicio de la libre expresión en un País en el cual el jefe del Ejecutivo sostiene un enfrentamiento abierto, empecinado, con la prensa que es crítica a su administración.

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Autor(a)

Adela Navarro Bello
Directora general del semanario ZETA, Consejero de Artículo 19 y del CPJ para las Américas, entre otros reconocimientos, tiene el Maria Moors Cabot 2021 de la Universidad de Columbia.
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