Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina del 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, fue condenada, el 6 de diciembre de 2022, a 6 años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos, luego de que la justicia la encontró culpable del delito de defraudación al Estado, por favorecer al empresario patagónico Lázaro Báez, en la adjudicación de obras públicas para la provincia de Santa Cruz.
En cambio, la ex senadora no fue encontrada culpable por el delito de asociación ilícita, la otra figura por la que había sido acusada. Se trata de la primera vicepresidenta argentina en ser condenada por corrupción, mientras ejerce su cargo.
Sin embargo, Fernández de Kirchner no irá presa, además de que podrá seguir siendo funcionaria y candidata en las próximas elecciones al cargo que desee, ya que la sentencia quedó firme y tenía aplicación, cuando -según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia-, se hubieran agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia de la nación sudamericana rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años.
El veredicto, leído desde los tribunales por el juez Jorge Gorini, dictado junto con sus colegas Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, fue recibido con protestas por unas 200 personas que se reunieron frente al edificio judicial. Los acusados y el fiscal Diego Luciani siguieron la lectura del fallo por la aplicación Zoom, al igual que la vicepresidenta, que estaba en su despacho del Senado, desde donde emitiría un mensaje a través de sus diversas cuentas de las redes sociales.
Además de Fernández de Kirchner, fueron condenados a seis años de prisión, por fraude, el ex secretario de Obras Públicas José López; el ex titular de la Dirección Vialidad Nacional, Nelson Periotti; y Lázaro Báez, dentro de un lote total de 13 imputados. En cambio, el ex ministro de Planificación Federal y ex diputado Julio De Vido, fue absuelto de todos los cargos.
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López ya estaba condenado a seis años de cárcel por enriquecimiento ilícito, por lo que al volver a ser condenado, la pena sería unificada con la anterior. Lo mismo sucedió con Báez, que ya fue sentenciado a 12 años de cárcel.
A pesar de que el fiscal Luciani había acusado a Fernández Kirchner de ser jefa de una asociación ilícita y del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por lo que pidió una condena de 12 años de cárcel, los jueces entendieron que solo correspondía condenarla por el delito de fraude.
-Con información de La Nación.
¿QUIÉN ES CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER?
Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, de 69 años de edad, ha sido diputada por la provincia de Santa Cruz, entre 1989 y 1995, así como senadora nacional por las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires, en los periodos 1995-2007 y 2017-2019. Desde el 10 de diciembre de 2019 se desempeña como vicepresidenta de la Nación Argentina.
El 22 de agosto del 2022, el fiscal Diego Luciani solicitó, durante su alegato final en el juicio que se le sigue a Fernández de Kirchner, que una tribunal la condene a 12 años de cárcel y la inhabilite a perpetuidad para desempeñar cargos públicos, por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas, del 2003 al 2015.
ATENTAN CONTRA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, ACTUAL VICEPRESIDENTA DE ARGENTINA; RESULTA ILESA
Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, resultó ilesa, el 1 de septiembre del 2022, luego de que un hombre la atacó con una pistola abastecida con al menos 5 balas, aunque el arma no produjo disparo alguno.
Según medios locales, el incidente se suscitó a la entrada del domicilio particular de la actual vicepresidenta argentin -aubicada en el barrio La Recoleta, en Buenos Aires-, donde cientos de manifestantes se congregan desde hace días para respaldarla, en medio de un juicio que se le sigue por corrupción.
En diversas imágenes se podía ver a un hombre -presuntamente brasileño- apuntando con el arma de fuego a la viuda de Néstor Carlos Kirchner -presidente de Argentina entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007-, en medio de una multitud, pero sin que pudiera disparar la pistola, misma que estaba cargada.
El ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Domingo Fernández, le confirmó al diario Clarín, que la persona retenida portaba una pistola. Se trataría de un hombre de 35 años de edad, de nacionalidad brasileña, con antecedentes por portación de arma, que ya había sido detenido en marzo de este mismo año.
Se trataría de Fernando Andrés Sabag Montiel, quien fue imputado por una contravención, al portar un arma no convencional, en La Paternal, donde tendría su domicilio particular. Según fuentes de seguridad, citados por el mismo rotativo, el brasileño fue detenido con un cuchillo en su poder y declaró que era para su defensa personal.
“Una persona que es indicada por quienes estaban cerca de él que tenía un arma es detenida por personal de la custodia. Lo apartan, se encuentra el arma y ahora tiene que ser analizada”, dijo a la cadena C5N, el ministro de Seguridad argentino.
JUEZ PROCESA A CRISTINA KIRCHNER COMO “JEFA” DE UNA BANDA QUE RECIBIÓ SOBORNOS Y SAQUEÓ ARGENTINA
El juez federal Claudio Bonadio dictó, el 17 de septiembre de 2018, con prisión preventiva, a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina del 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios de la obra pública durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015). Sin embargo no pude ser detenida por ser senadora y tener fuero.
El magistrado federal dictó el procesamiento por “asociación ilícita” contra la ex mandataria -cuya detención dependería de que dos tercios de los senadores aprobaron su desafuero- y diversos miembros de su Gobierno, así como contra varios de los empresarios sospechosos de haber pagado sobornos para favorecerse con contratos. Asimismo le impuso un embargo de 4 mil millones de pesos (alrededor de 100 millones de dólares).
Junto con la ex mandataria, el juez Claudio Bonadio procesó a otros 41 imputados entre ex funcionarios y empresarios, a quienes se señala de haber integrado un organización delictiva entre 2003 y 2015, que se dedicó a poner en marcha un sistema de recaudación de fondos ilegales.
La investigación llamada “los cuadernos K”, se inició luego de que la justicia argentina accedió a copias de cuadernos con anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por un chófer del Ministerio de Planificación Federal, quien aparentemente fue testigo privilegiado de la recolección del dinero ilegal.
La decisión de Bonadio tuvo lugar horas después de que Cristina Kirchner lo acusara, en un video publicado en la plataforma YouTube, de “romper todo” en su casa de El Calafate, durante los últimos allanamientos. El juez había informado que el expediente acumulaba “32 cuerpos de actuaciones y voluminosa documentación”, al tiempo que se realizaron “70 allanamientos” y se incautaron unos 6 millones de pesos argentinos y poco más de un millón de dólares.
Desde principios de agosto de 2018, varios empresarios y exfuncionarios se habían declarado como imputados “arrepentidos” -figura legal que otorga beneficios penales para los que colaboren con la Justicia- y han reconocido la existencia de los sobornos y la supuesta implicación de Fernández de Kirchner y su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner, presidente entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007.
Con éste, Fernández de Kirchner sumaba ya seis procesamientos en distintas causas judiciales, y sin embargo, continuaba siendo la dirigente opositora más popular y mejor perfilada para las elecciones generales de 2019, según coincidieron diversas encuestas.
Bonadio ordenó, además, el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y otros exfuncionarios de dicho Ministerio, así como de varios empresarios del rubro energético y de la construcción, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del entonces presidente Mauricio Macri. También se encontraba el ex juez federal Norberto Oyarbide, a quien se le cuestionaba el cierre de varias causas contra los Kirchner por enriquecimiento ilícito sin una debida investigación previa.
El juez federal ordenó, también, el procesamiento de dos altos ejecutivos del Grupo Techint, un conglomerado de empresas del rubro energético y metalúrgico, entre otros, que opera en distintos países; y del Grupo Roggio, ligado a negocios de infraestructura y servicios.
El listado incluye además a algunos de los empresarios más poderosos del país, como Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Luis Betnaza, Carlos Wagner y Enrique Pescarmona. Bonadio procesó también al exsecretario de Obras Públicas, José López, preso desde que fue atrapado ocultando 9 millones de dólares en un convento, así como al extitular del órgano de control de concesiones viales, Claudio Uberti.
En total son 42 los procesados, entre exfuncionarios y empresarios, sobre los cuales se trabó un embargo a cada uno también por 100 millones de dólares. De estos, sólo 12 fueron eximidos del pedido de prisión preventiva.
En su resolución, Bonadio sostuvo que entre 2003 y 2015 operó en Argentina “una colusión de funcionarios y empresarios que hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro… y todo esto se hizo para distribuir coimas [sobornos] a funcionarios corruptos”.
Por este esquema de recaudación ilegal, los empresarios que pretendían ganar una obra pública “entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios” que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner “designaban para esos menesteres a fin de recibir estos ‘retornos’ o ‘coimas’”, afirmó el juez.
Debido a que un porcentaje del costo de cada obra pública en cuestión era destinado a sobornos, los costos fijados por el Estado para estas contrataciones “estaban ‘inflados’ en perjuicio del conjunto de los argentinos”, según el juez Bonadio, quien concluyó que el dinero espurio “era utilizado para sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites; comprar voluntades del Poder Judicial o de funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política”.
El magistrado añadió que, “todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos” que actuaron “por avaricia y codicia”, así como a un “selecto grupo de empresarios”, quienes “se llenaron los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posterior un discurso acomodaticio y cobarde”.
Bonadio enfatizó que la mayor parte de los sobornos fueron para “engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República”, es decir, los Kirchner.
La ex presidenta tenía otras causas penales abiertas: una por supuesta defraudación al Estado con la compra de dólares en el mercado a futuro, otra por lavado de dinero y una tercera por el supuesto encubrimiento de los responsables del ataque terrorista contra una mutual judía de Buenos Aires en 1994. Además de enfrentar cargos por lavado de dinero y administración fraudulenta, en otras investigaciones por corrupción.
Sin embargo, Fernández de Kirchner negaba los cargos y denunció una serie de irregularidades en el proceso encabezado por Bonadio, a quien calificó de “juez enemigo” que actuaba en sintonía con el entonces Gobierno del conservador Macri, para perseguir a opositores y ocultar la crisis económica.
