La defensa de 4 de los militares detenidos por el caso Ayotzinapa, anunció, el 8 de noviembre de 2022, que ya se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra quienes resulten responsables de la presunta fabricación de pruebas en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Asimismo, durante una conferencia de prensa, los abogados Alejandro Robledo Carretero y César Omar González Hernández pidieron la renuncia de Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), por la presentación de un informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ), que, según los litigantes, “contiene pruebas falsas”.
“El subsecretario hizo a un lado a sus colaboradores presentando a sus espaldas un informe falto de rigor, elaborado con evidencia cuestionable y puso en peligro el futuro de la investigación y las esperanzas de los familiares de los estudiantes y la confianza de la sociedad”, señaló González Hernández.
Los abogados representan al general José Rodríguez Pérez, al capitán José Martínez Crespo, al subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y al sargento Eduardo Mota Esquivel, los cuatro recluidos en una cárcel militar, después de ser acusados de los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, por supuestamente participar en los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Asimismo, los abogados de los 4 militares acusados, mencionaron que en la denuncia solicitaron la comparecencia en calidad de testigos, de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como del propio subsecretario de la SEGOB.
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“Estas afirmaciones son falsas. Lo más grave es que evidencian la politización de un caso profundamente doloroso para México y acreditan la perversión del derecho penal con fines ideológicos que atentan contra la verdad y manchan el buen nombre del Ejército. Reiteramos, los miembros del Ejército no tuvieron participación en los hechos que falsamente le atribuye la comisión”, apuntó González Henández.
La investigación, según apuntó el litigante, se basa en el testimonio de oídas del testigo clave “Juan”, quien es Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, ex jefe de sicarios de Guerreros Unidos. “En su intento por obtener pruebas rápidas, [Encinas Nájera] hizo a un lado a sus colaboradores y puso en peligro el futuro de la investigación y de las esperanzas de las familias de los estudiantes”, expresó el abogado.
La defensa de los cuatro militares ofreció a la FGR un dictamen en materia de informática que descarta la veracidad de loa chats presentados por el presidente de la COVAJ, donde habló de intercambio de sicarios de Guerreros Unidos respecto al destino de los normalistas, pericial que no es la presentada por el GIEI.
“En su intento de obtener resultados rápidos y visibles, el subsecretario Encinas hizo a un lado a sus colaboradores, presentando a sus espaldas un informe falto de rigor, elaborado con evidencia cuestionable, por no decir abiertamente falsificada, y puso en peligro el futuro de la investigación y las esperanzas de justicia de los familiares de los estudiantes y la confianza de la sociedad”, insistió González Hernández.
“Es fundamental que no se pierda de vista que las capturas de pantalla a que hace referencia el subsecretario Encinas en su informe ni siquiera forman parte del proceso que hoy tiene privados de la libertad a nuestros representados. Por increíble que parezca, es el testimonio singular y de oídas, de un miembro de la delincuencia organizada identificado como Juan lo que sustenta toda la versión probatoria en contra de los elementos del Ejército”, añadió el abogado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió, el 1 de noviembre de 2022, la investigación realizada por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), presidida por Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez -titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)-, de quien dijo, es un hombre “incapaz de falsear”.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-. el político tabasqueño aseguró que “son elementos sólidos y hay pruebas suficientes, hay más de una prueba en cada caso”. Asimismo, aseveró que hubo una “rebelión” al interior de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la detención de Jesús Murillo Karam, ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR).
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aseguró, el 31 de octubre de 2022, que, según un peritaje forense, no se puede determinar la autenticidad de los mensajes de Whatsapp contenidos en el informe que dio a conocer la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), presidida por Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
En conferencia de prensa, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el GIEI indicó que, de 467 capturas de pantalla contenidas en el informe, en 181 imágenes se determinó que existen incoherencias e inconsistencias entre los metadatos y las capturas de pantalla, por lo que podrían ser usadas como pruebas judiciales, en el caso los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
El GIEI indicó que decidieron someter a peritaje los mensajes luego de que estos fueran dados a conocer el 18 de agosto de 2022, sin que los integrantes del GIEI previamente supieran de su existencia y ante las dudas que generaron entre los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos.
Sin embargo, los expertos aseguraron que la existencia de dichos mensajes no altera las investigaciones realizadas por la de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la Fiscalía General de la República (FGR), debido que la solicitud de 83 órdenes de captura no se basaron en los datos contenidos en el informe presentado por la Comisión presidida por Encinas Nájera.
En agosto del 2022, el titular del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, emitió 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
