Han pasado veinte años de que las empresas del giro pesquero en la zona de El Sauzal provocan malos olores y las demandas de empresarios han sido desechadas. Ley de Responsabilidad Ambiental y tribunales no están funcionando
El olor que emiten empresas del sector pesquero en el corredor industrial, ubicado en el acceso Norte a Ensenada, ha causado malestar social entre empresarios y pobladores a tal nivel, que el asunto podría ser llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Han pasado más de veinte años y, quienes viven en los alrededores de la zona y los visitantes a la ciudad, son afectados con los desagradables aromas que derivan problemas de salud.
El abogado ambientalista Alejandro Casillas encabeza una demanda judicial y administrativa, en busca de que los empresarios pesqueros acaten la Norma Oficial Mexicana (NOM).
Aunque el litigante representa a un empresario del sector turístico que compró una vivienda propiedad del ex Presidente Abelardo L. Rodríguez, aseguró que hay un anillo de damnificados por las emisiones, desde residentes de escasos recursos económicos, como empleados y el turismo que por fuerza debe pasar por la zona al entrar a la ciudad.
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Las autoridades correspondientes han hecho caso omiso a las denuncias administrativas, por lo tanto, recurrirán a la SCJN para que los ministros revisen el caso “en caso de que el fallo del Juzgado no sea favorable”, declaró.
Aunque existe la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, no hay manera de cumplirla.
Sostuvo que uno de los análisis aplicados a una de las empresas, refiere que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) no tiene un dictamen, es decir, aunque las procesadoras aseguran que cumplirán las normas, no especifican cómo lo harán, ni se les exige brindar esa explicación.
TRIBUNALES AMBIENTALES SIN FUNCIONAR
El litigante Alejandro Casillas aseguró que el olor es resultado de una bacteria que se descompone, e insistió en que hay manera de medir el malestar social que las empresas causan.
Recordó que en 2011 se reformó la Ley de Amparo y se crearon los tribunales especializados en materia ambiental, pero en la práctica no están funcionado.
Los ciudadanos pueden acceder a la justicia ambiental, incluso a la Ley de Atención de Víctimas, que pondera proteger a personas de delitos por estas y otras cuestiones.
En el amparo presentado se señala el Artículo Cuarto, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se menciona que todos tienen derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Casillas ejemplificó otro caso que lleva en Mexicali con una empresa ganadera que comenzó a generar emisiones de gas metano y olores por la descomposición de heces.
Con ese antecedente, casi a sentencia, la admiten, “les presento los acuerdos, pero cuando reciben, piensan que es un juicio civil, y el juez pide peritos y estudios, y la empresa, nada”, refirió el abogado.
“Las empresas pesqueras en operaciones generan gases odoríferos, es un problema de responsabilidad, las secretarías e instancias encargadas de tutelar el medio ambiente no están funcionando”, por lo cual es necesario garantizar el acceso a toda persona a la justicia ambiental en Baja California, no sólo para las empresas, sino a ciudadanos en general.
Que los tribunales conozcan los juicios y se especialicen después de nueve años, tanto en Mexicali como en Ensenada.
“Que las empresas asuman los costos ambientales y sociales de una vez por todas, que su actividad desplaza recursos ambientales, realizamos medidas técnicas para mitigar compensar los daños adversos. Los costos sociales que genera una empresa porque quieren ampliar o hacer una actividad, sólo dar dádivas para efectos de seguir con la operación y de manera irregular o ilícita”, denunció el legista.
El Artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas establece que el desempeño de los servidores debería admitirse, “que apliquen las normas y las leyes, los reglamentos y tratados internacionales, para que cumplan con la Ley, porque ellos dicen que no hay una norma, no significa que vas a incumplir”, sostuvo Casillas.
CONGRESISTAS AFIRMAN QUE ES PROBLEMA DE SALUD
En 2016, en la LXIII Legislatura, la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso habló de un proyecto de decreto en el que se adicionaba el Artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, referente a la contaminación por olores.
“Es una de las múltiples preocupaciones existentes en materia ambiental. Este tipo de contaminación involucra no sólo situaciones que efectivamente representan un riesgo o daño para la salud de los individuos (…) Las molestias causadas por los malos olores pueden causar efectos tanto físicos como mentales. Sin embargo, es preciso señalar que hasta ahora no se ha podido establecer una relación directa entre el olor de las sustancias y su toxicidad, expresada como efectos patógenos”, referiría la regidora perteneciente al Partido Verde Ecologista de México.
No obstante lo anterior, se han observado reacciones fisiológicas no toxicológicas causadas por olores actuando sobre el sistema nervioso central o periférico. Las manifestaciones fisiológicas más recurrentes a concentraciones altas de olores, se asocian a síntomas respiratorios, gastrointestinales, irritación fisiológica, entre otros.
La exposición a niveles no deseados de ruidos u olores causa un malestar agobiante, dando lugar a molestias y fastidio que a final de cuentas pueden conducir a mayores niveles de estrés en la población expuesta. A su vez, el aumento del nivel de estrés conduce a efectos fisiológicos adversos, señala un exhorto del Congreso.
ESTADO MANTIENE ACTIVAS MEDIDAS DE SUSPENSIÓN
La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California informó que su personal ha realizado inspecciones alrededor de la zona de Fondeport, Parque Industrial que concentra a empresas del giro pesquero en el área del poblado de Manchuria.
Información otorgada por la dependencia que encabeza Mónica Vega Aguirre, tiene como antecedente dos operativos de inspección y vigilancia instaurados en contra de empresas de giro pesquero ubicadas dentro del Parque: el primero iniciado en diciembre de 2019, y el segundo el 20 de abril de 2021, teniendo como resultado la suspensión de actividades por mal manejo de residuos, clausuras de emisiones (harineras) y diversas irregularidades, principalmente en cuanto al manejo de residuos y obligaciones en las que fueron omisos.
En 2022, a la fecha se han efectuado cinco inspecciones por programa, cuatro procesadoras (congeladoras) y una harinera (Procesadora Mar).
La empresa Harinera San Carlos, SA de CV sigue con la medida de suspensión de actividades, dentro del expediente 1.046/20 impuesto el 14 de julio de 2020.
De un levantamiento de campo realizado en diciembre de 2019, se registró un total de 37 empresas dentro del giro pesquero, ubicadas dentro de la delegación El Sauzal de Rodríguez y Parque Industrial Fondeport Actualmente sólo hay tres harineras operando: Aene Produce, SA de CV; California Bahías, SA de CV y Obdulia Delgado Serrano (Grupo Cabrales).
