Esta semana destacan dos hechos (otro está por darse en los siguientes días) de impunidad para la clase política, y todos tienen como común denominador al Partido Acción Nacional.
El primero tiene que ver con la reincorporación al Senado de la República de Jaime Bonilla Valdez, ante una decisión divida en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Está claro, argumentaron los dos magistrados que votaron en contra el proyecto del conocido Magistrado Billetes, Jorge Luis Vargas -quien por supuesto lo elaboró para el regreso de Bonilla-, que el ex gobernador optó por asumir el Poder Ejecutivo de Baja California y agotó su derecho a ocupar la senaduría, por lo que consignaron que debía mantenerse la resolución de la Sala Regional que lo retiraba del escaño en la Cámara Alta y hacía un llamado al suplente para tomar el cargo.
Pero resulta que más que el fondo, el Magistrado Billetes vio la forma. Consideró que el Comité Directivo del PAN en Baja California, no era el organismo facultado para presentar el recurso, por tanto, a grandes rasgos, reincorporó al ex gobernador -a quien la Ley no le asiste- al Senado.
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, ha guardado silencio ante la pregunta de por qué no fue el Comité Ejecutivo Nacional del partido, él mismo, quien presentara el recurso para la destitución de Bonilla. No lo hizo en su momento, y no lo hace ahora.
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Detrás de la negativa para actuar del dirigente nacional y de su silencio, los panistas consideran que hay un ignominioso pacto con Morena, cuya prenda de cambio sería precisamente un panista, el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, íntimo amigo de Santiago Creel Miranda, pretenso a la candidatura albiazul a la Presidencia de la República en 2024.
El PAN de Baja California, y algunos consejeros nacionales, coinciden en que el objetivo sería permitir el ilícito regreso de Bonilla al Poder Legislativo, a cambio de no investigar, y por lo tanto no castigar, las corruptelas de “Kiko” Vega y sus secuaces ex colaboradores, lo cual lleva al segundo caso de impunidad política. La no vinculación a proceso, días después de la reincorporación de Bonilla al Senado, de tres ex subsecretarios en la administración de Vega de Lamadrid.
Se trata de, José Luis Berumen, Isauro López Cárdenas y Miguel Ángel Rodríguez Castro, quienes fueron denunciados durante la administración de Bonilla a través de su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, de desvío de fondos por mil 586 millones de pesos. Actividad irregular que alertó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Las transacciones por esos mil 586 millones de pesos, las realizaron directamente los tres mencionados, sin convocatoria, sin licitación y con adjudicación directa, a diversas empresas fantasma, es decir, que no tenían registro en el padrón federal o estatal de la Propiedad y el Comercio.
El juez que determinó la no vinculación a proceso, argumentó que la Fiscalía General del Estado, y por la fecha estamos hablando de la que encabezó Guillermo Ruiz Hernández, y la que titula Ricardo Iván Carpio Sánchez, no presentaron pruebas suficientes -facturas o emisión de las mismas- para probar el desvío de recursos, con lo que la corrupción y desviación de recursos que detectó la ASF queda en la impunidad.
Favor con favor se paga entre Morena y PAN.
El tercer caso sucederá el 15 de agosto, cuando a las nueve de la mañana en Mexicali, comparecerán en calidad de imputados tanto Jaime Bonilla Valdez, como once de sus secuaces/colaboradores: Luis Salomón Faz Apodaca, ex secretario del Agua; Adalberto González Higuera, ex oficial mayor y ex secretario de Hacienda; Rodolfo Castro Valdez, ex secretario de Hacienda; Israel Clemente González, ex oficial mayor; Marco Octavio Hilton Reyes, ex oficial mayor; Miriam Lizbeth Álvarez Martínez, ex directora de la Comisión Estatal de Energía; Pablo Alonso Hernández Arellano, ex subsecretario de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones; Amador Rodríguez Lozano, ex secretario general de Gobierno; Karen Postlethwaite Montijo, ex secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; además de Héctor Martínez Rivas y Alberto Julio Pani Bano. Todos, acusados de delitos de corrupción, peculado, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, y peculado impropio.
El ex gobernador podrá invocar el fuero que como senador reinstalado posee, para no presentarse a la audiencia de imputación, mientras el resto de sus ex colaboradores deberían presentarse, y lo de deberían es porque en el entramado de negociaciones para cubrirse unos a otros, panistas a morenistas y viceversa, con toda impunidad podrían no atender el citatorio judicial.
Llama la atención, pues, que mientras regresa uno de Morena, deslindan de corrupción a tres del PAN en cuestión de días, y especialmente el silencio y la falta de acción del dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, que de oposición tiene muy poco, especialmente cuando ha de “defender sus intereses” o intentar mantener en la impunidad los actos de corrupción de sus correligionarios de partido, así sea pactando con autoridades locales de Morena en cualquier Estado, sea en Aguascalientes, Tamaulipas o Baja California.
Entre la negociación entre partidos integrados por corruptos, no hay justicia que llegue a la clase política. La impunidad a todo lo que da para estos delincuentes de cuello albiazul, o guinda, o tricolor… para el caso, da lo mismo.
