El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó, el 19 de julio del 2022, que el Tramo 5 del Tren Maya —que va de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo— fue declarado como una obra de “seguridad nacional”, por lo que ahora estará bajo la responsabilidad de las secretarías de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC9 y Gobernación (SEGOB), así como para garantizar que no sea frenada por ningún juicio de amparo.
“Se decidió sobre algunas autoridades y ahora se usó otro procedimiento: que la obra se considerara de seguridad nacional. Ante los jueces se lleva el procedimiento para terminar de demostrar que no hay ningún daño, pero además por ser asunto de seguridad nacional se tomó un acuerdo y es el que se está aplicando. No [hay riesgo de que jueces acusen desacato]. Hace una semana [se reiniciaron las obras] y se va avanzando”, comentó el mandatario nacional.
“Alguien hablaba del Tren Maya, ya que tocan el tema, ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional. Y que no por los intereses de un grupo de corruptos y pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo. Y además el tiempo que llevaba parada estaba significando un alto costo al presupuesto, que es dinero del pueblo. ¿Nada más por intereses políticos de estos conservadores corruptos [la vamos a parar]?, no”, dijo el político tabasqueño.
“Son obras públicas y no podemos aceptar que los intereses de grupos, de facciones, se sitúen por encima del interés general. Eso correspondía a la época del neoliberalismo, ahora es el interés del pueblo lo más importante de todo. Vamos a seguir y vamos a cumplir para entregar el Tren Maya en diciembre del año próximo”, aseguró López Obrador.
“No puedo hablar más porque no lo vayan a utilizar los Claudios X., este abogado [José Ramón] Cossío [Díaz]. Además, mucha filtración de información, sabía que se iba a tomar un acuerdo y media hora antes presentan los recursos de amparo. Estamos trabajando en 4 tramos, pero en este, en el quinto, media hora antes de que se hiciera valer el acuerdo interpusieron [un amparo], es una conspiración”, finalizó.
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TREN MAYA, DECLARADA COMO OBRA DE “SEGURIDAD NACIONAL”, AFIRMA DIRECTOR DE FONATUR; SEGOB Y SSPC SE HARÁN CARGO
Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) informó, el 18 de julio del 2022, que el Tramo 5 del Tren Maya —que va de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo— fue declarado como una obra de “seguridad nacional”, por lo que ahora estará bajo la responsabilidad de las secretarías de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC9 y Gobernación (SEGOB), así como para garantizar que no sea frenada por ningún juicio de amparo.
“Es un tema de seguridad nacional, una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional donde la obra es prioritaria, es un tema se seguridad nacional y está a cargo de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo el funcionario federal, quien también confirmó que los trabajos del Tramo 5 continúan porque la obra fue catalogada así, ello a pesar de las denuncias de la organización no gubernamental #SélvameDelTren.
“Sí, así es. En la sesión del Consejo de Seguridad determinó que es una obra de seguridad nacional, por las vías férreas y que los interesados que son la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaria Gobernación y fueron los que determinaron los que la obra se inicia nuevamente”, respondió May Rodríguez.
“No, ninguno, no se violenta ningún amparo, nosotros no intervenimos, no es Fonatur el que convocó o está llevando la obra, la está llevando la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública”, detalló el funcionario federal, quien, sin embargo, reconoció que aún no se han terminado de desahogar los amparos interpuestos para frenar la construcción del Tramo 5, debido a que las audiencias han sido diferidas.
“Nosotros vamos a respetar los tiempos de los amparos que determine el juez, estamos esperando que nos vuelva a asignar la audiencia, que se ha transferido ya varias veces y ya para portar los alegatos, estamos en espera de eso. No, no nos ha dado la cita, se han transferido las audiencias y estamos a que el juez nos vuelva a dar fecha para que se puedan desahogar las pruebas en estas audiencias, ya se presentó la manifestación de impacto ambiental, ya se otorgó y estamos en espera para que se levante la suspensión”, aseveró el director general de FONATUR, entrevistado por representantes de medios en Palacio Nacional.
NO VAN A PODER DETENERNOS, DICE AMLO TRAS SUSPENSIÓN DEFINITIVA AL TRAMO 5 DEL TREN MAYA
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, el 31 de mayo del 2022, que no van a imponerse los intereses particulares a los del pueblo y que no van a detener a su Gobierno, ello luego de que Adrián Fernando Novelo Pérez, titular del Juzgado Primero de Distrito de Yucatán concedió la suspensión definitiva en el amparo que buzos tramitaron en contra de la planeación, construcción, desarrollo y acondicionamiento del Tramo 5 del Tren Maya.
“Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo porque no tiene fundamento, este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, son pseudo ambientalistas, financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y también por gobiernos extranjeros. Hay ambientalistas financiados por el Gobierno de Estados Unidos”, acusó el presidente.
“[El Fondo Nacional de Fomento al Turismo] FONATUR dijo que seguirá el proyecto y que la MIA [Manifestación de Impacto Ambiental] está en proceso, pero debió estar antes de que iniciaran las obras ¿seguirá el procedimiento?, cuestionó una reportera. “Sí vamos a continuar con todo el procedimiento legal, sin ningún problema y estamos seguros de que la obra va a continuar, como no es mucho el tramo, aunque esté parada la obra ahora vamos a reiniciar y a recuperar tiempo”, respondió el político tabasqueño.
“Semarnat no ha indicado que este proceso debió ser antes de iniciada la obra”, insistió la periodista. “Es que hay interpretaciones distintas, yo he emitido un acuerdo para que se le diera tiempo a las empresas de entregar toda la documentación que se necesitaba, la Suprema Corte declaró procedente o válido el decreto, porque también lo impugnaron”, señaló el mandatario nacional.
“Y ahora, de acuerdo al criterio que se está aplicando no se toma en cuenta ese decreto. De todas maneras vamos a cumplir legalmente y no van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés de la gente, del interés del pueblo, del interés de la Nación, antes hacían y deshacían, pero ya no es así”, agregó López Obrador.
El presidente López Obrador sostuvo que ningún interés particular se podrá imponer sobre las obras del #TrenMaya 🛤️🚈 por lo que su Administración recurrirá a otras instancias judiciales para revertir la suspensión definitiva contra la edificación del Tramo 5 Sur del ferrocarril. pic.twitter.com/cLaZOZxlAr
— Carlos Álvarez Acevedo (@CarlosAlvarezMX) May 31, 2022
SUSPENSIÓN CONTRA TREN MAYA ES “DEFINITIVA” HASTA QUE SE RESUELVA LA MIA DEL PROYECTO, DICE FONATUR
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) indicó, el 30 de mayo del 2022, que la suspensión judicial sobre la obra del Tren Maya en el Tramo 5 Sur es “definitiva”, únicamente hasta que se resuelva de fondo la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto.
A través de un comunicado, la institución -cuyo titular es Javier May Rodríguez- informó que la Manifestación de Impacto Ambiental del Tramo 5 sur del Tren Maya está en trámite ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del Gobierno Federal.
“La MIA sobre el Tramo 5 Sur —que va de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo— está integrada por más de cuatro mil fojas y fue elaborada por expertos del Instituto de Ecología (INECOL), con el respaldo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que cuentan con amplio prestigio nacional e internacional”, señaló FONATUR.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo aseguró que la MIA sobre el Tramo 5 sur, es un “sólido” documento que contempla posibles impactos, pero que también prevé abundantes acciones de mitigación en favor del medio ambiente.
“Las cuales se sumarán a medidas ya en curso como la reforestación del sureste con casi 500 millones de árboles y el fortalecimiento de áreas naturales”, señaló FONATUR, que también informó que existen suficientes elementos para que la MIA sobre el Tramo 5 Sur sea autorizada, lo cual en su momento permitirá superar la suspensión “definitiva”. Además, espera continuar con los trabajos del Tren Maya en esa zona, al igual que el resto de los mil 554 kilómetros de ruta.
Continuará obra de Tren Maya para orgullo del pueblo de México.https://t.co/MNknxMDJoI pic.twitter.com/m0184tHNBM
— Tren Maya (@TrenMayaMX) May 30, 2022
JUEZ CONCEDE SUSPENSIÓN DEFINITIVA QUE FRENA TRAMO 5 SUR DEL TREN MAYA
Adrián Fernando Novelo Pérez, titular del Juzgado Primero de Distrito de Yucatán concedió, el 30 de mayo del 2022, la suspensión definitiva en el amparo que buzos tramitaron en contra de la planeación, construcción, desarrollo y acondicionamiento del Tramo 5 del Tren Maya.
“Se concede a J.G.U.B., G.D.M. y V.F.D. la suspensión definitiva de los actos que reclaman al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y Fonatur Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable, por los motivos expuestos en el considerando octavo. Notifíquese, y electrónicamente a la parte quejosa”, se lee en la resolución publicada en estrados, 30 de mayo del 2022.
El amparo 884/2022 fue tramitado por buzos profesionales calificados en inmersiones en cuevas el 30 de marzo de este año, motivado por la supuesta deforestación que se inició hace tres meses en Playa del Carmen, Akumal, Tulum y en los alrededores del lugar turístico conocido como Río Secreto, sin los estudios del tipo de suelo, sin rescate de fauna y flora y sin las manifestaciones de impacto ambiental.
El Juez Primero de Distrito en Yucatán ordenó frenar por tiempo indefinido la construcción del Tramo 5 sector sur del Proyecto Tren Maya –con trazo de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo–, de modo que no se permitirá la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material.
El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito de Mérida confirmó la suspensión provisional para las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya, por no contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Ello convalida la decisión que el 12 de abril del 2022 tomó por Adrián Fernando Novelo Pérez, juez primero de Distrito en Yucatán.
Los magistrados del Tribunal Colegiado consideraron que si bien existe un decreto que otorga permisos provisionales para las obras prioritarias del Gobierno Federal, este no puede ser un recurso para que las obras continúen y que sustituya a la MIA.
El 18 de mayo del 2022, las autoridades responsables de la construcción del Tren Maya presentaron ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Ambientales (SEMARNAT), la Manifestación de Impacto Ambiental, ello a pesar de que el Tramo 5 ya está en construcción.
En el estudio de 86 páginas se resalta que la mayoría de los elementos a los que se enfrentará el proyecto son situaciones naturales, tales como aspectos fisiográficos, tipos de suelos presentes a lo largo del trazo, aspectos hidrológicos, clima, entre otros.
“Lo más destacable recae en los aspectos fisiográficos y tipos de suelo, esto debido a las características de este suelo y su naturaleza kárstica (compuesto de roca caliza y minerales solubles del agua), lo cual representa el mayor reto del TM-T5 sur”, advierte la MIA.
Además, el Tramo 5 del tren Maya, se localiza en el acuífero miocénico próximo a la costa, donde los componentes principales del flujo subterráneo se descargan en el Mar Caribe o sobre la cara de la playa. De ahí la importancia de la hidrología, los ríos y suelos subterráneos, ya que los flujos de agua son de interés regional, debido a que aportan nutrientes al ecosistema costero.
“Existe una conexión entre las descargas en la zona de la costa y el impacto producido por actividad antropogénica, por lo que es indispensable proponer medidas de mitigación al ecosistema que forma el karst, cenotes, descargas de agua en la playa y en las lagunas”, indica el estudio.
El proyecto original del Tramo 5 contemplaba correr por el camellón central de la Carretera Federal 307, que conecta los destinos turísticos de Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum. Pero en enero del 2022, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FFONATUR), a cargo de Javier May Rodríguez, anunció cambios de ruta, aun cuando el Tramo 5 ya se había iniciado.
Se determinó que la vía correrá a ras de tierra, a un costado de la carretera y adentrándose en la selva virgen. El colectivo Sélvame del Tren, entre otras organizaciones civiles, han alertado sobre el impacto ambiental que representa este cambio de ruta, el cual se decidió sin un estudio previo.
Sin embargo, en la MIA se sostiene que con o sin Tramo 5, se mantiene una tendencia de la pérdida del ecosistema que viene de años atrás por actividades humanas. Además, según el estudio, la inversión requerida para llevar a cabo el proyecto del subtramo 5 Sur se estima en 31 mil 501 millones de pesos, recursos que serán aportados por el Gobierno Federal.
“Si bien se tiene identificado que las unidades ambientales que se están analizando presentan indicios de sobreexplotación por actividades antropogénicas, el TM-T5 sur no aumentará la tendencia que se ha identificado del periodo del 2009 al 2018, ya que, independientemente de que se construya o no, la tendencia ambiental indica la continua pérdida de cobertura para la selva bien conservada y un aumento de la vegetación secundaria”, establece el estudio.
En la MIA, las autoridades federales reconocen que habrá afectaciones al medio ambiente con la construcción del tramo 5 del Tren Maya, pero afirman que el impacto será de una “magnitud limitada” y “temporal”, ya que, según sus estudios, será durante las etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto, pero que esto podrá ser atenuado con la adecuada implementación de las medidas de mitigación.
Sin embargo, en el mismo estudio se detalla el nivel de impacto que causarán las etapas de preparación y construcción. Por ejemplo, las obras relacionadas con caminos de acceso, obras provisionales, desmonte, despalme, trazo y nivelación, causará una afectación “adversa moderada” a la integridad física de los cenotes.
En el caso de los suelos, se pone en riesgo la estabilidad edafológica o erosión, por la compactación y el paso de maquinaria. Además, se prevé una afectación por generación, manejo, almacenamiento y disposición de residuos sólidos o líquidos, sobre todo si son peligrosos.
Respecto al agua, tendrá que haber una modificación del patrón de drenaje por el movimiento de tierras y esto, a su vez, afectará las características fisicoquímicas de cuerpos temporales de agua provocados por lluvias, impactando directamente en las corrientes subterráneas y acuíferas.
GOBIERNO RECONOCE QUE TRAMO 5 DEL TREN MAYA NO TIENE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Después de que grupos ambientalistas han denunciado la falta de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, el 2 de mayo del 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) reconoció que el mecanismo apenas se encuentra en proceso de elaboración.
“Ya estamos tomando acciones, estamos elaborando la Manifestación de Impacto Ambiental con instituciones de educación superior de prestigio, en aras de investigación del medio ambiente”, informó el general Gustavo Vallejo Suárez, durante la conferencia de prensa matutina.
El ex director de la Escuela Militar de Ingenieros señaló que la SEDENA está trabajando en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y con el FONATUR, así como con autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno, para “dar cumplimiento a la normatividad en materia ambiental”.
!La Sedena reafirma su responsabilidad institucional con el medio ambiente mediante acciones concretas durante los trabajos de construcción, para el cuidado y preservación de la flora y fauna y demás recursos naturales de esa región”, agregó el también encargado de la obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Por su parte, la titular de la SEMARNAT, María Luisa Albores González, informó que la Fase 1, el Tramo 2 y el Tramo 3 del Tren Maya cuentan con las MIA de forma definitiva, mientras que los otros tramos tienen solamente permisos provisionales.
“En los otros tramos, recordar que lo que se hizo el día 22 de noviembre de 2021 es que hay un decreto para hacer permisos provisionales. No quiere decir que la gente, en este caso los tramos, no estén haciendo sus estudios técnicos, sus MIAS y sus estudios técnicos justificativos”, dijo la funcionaria federal.
Según la titular de la SEMARNAT, los permisos provisionales se obtuvieron siguiendo el acuerdo presidencial respecto a proyectos y obras de seguridad nacional, que ordena a todas las dependencias otorgar autorizaciones temporales para las obras prioritarias del Gobierno Federal.
Albores González afirmó que la SEMARNAT ha estado trabajando con los consorcios de cada tramo de la obra ferroviaria, así como con el FONATUR, con el que tiene mesas de trabajo permanentes a nivel central y territorial.
“Cuando hablamos de más de 100 especialistas que están en territorio es porque son brigadas, que hacen todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, pero también se va teniendo el documento”, insistió la funcionaria federal.
El 31 de marzo del 2022, López Obrador afirmó que el Tren Maya ya contaba “con todos los permisos de impacto ambiental”. Sin embargo, ni el FONATUR, ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales habían presentado la MIA del Tramo 5.
El 6 de marzo del 2022, el presidente negó que el proyecto ferroviario estuviera causando daños ambientales. Por el contrario, dijo que se buscaba proteger con reforestaciones. Ello, un día después de que grupos ambientalistas de Quintana Roo denunciaran que las obras en el Tramo 5 habían iniciado la tala y el desmonte de la zona sin tener una MIA.
"Ya estamos tomando acciones": el general Gustavo Vallejo reconoce que apenas se está elaborando la Manifestación de Impacto Ambiental sobre las obras del #TrenMaya. pic.twitter.com/cAuezAuOKA
— Animal Político (@Pajaropolitico) May 2, 2022
La secretaria @Mary_Luisa_AG dice que en los tramos, 1, 2 y 3 del #TrenMaya se tienen los manifiestos de impacto ambiental y estudios técnicos, pero en los otros tramos "hay un decreto, permisos provisionales no es que no se estén haciendo los manifiestos de impacto ambiental". pic.twitter.com/7Y5z7QI6z4
— Animal Político (@Pajaropolitico) May 2, 2022
Mientras que 300 mil árboles han sido afectados desde el 2019 por la construcción del Tramo 5, la SEMARNAT asegura que en la ruta del Tren Maya se están reforestando 142 mil 852 hectáreas con más de 142 millones de árboles.
En total, según las cifras oficiales, se han reforestado 450 mil 216 hectáreas con la siembra de 450 millones de árboles maderables y frutales en los cinco estados por donde pasará el tren: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
“Estamos hablando de más 142 millones de árboles sembrados contra los 300 mil árboles que solo van a ser en el Tramo 5 Sur, y que han generado mucha polémica, y estamos hablando en este caso de acahuales […] y aquí estamos hablando de 142 millones de árboles maderables preciosos”, enfatizó Albores González.
Por otra parte, la titular de la SEMARNAT aseguró que con el programa Pago de Servicios Ambientales de la Comisión Nacional Forestal, en la ruta del Tren Maya se están invirtiendo más de 340 millones de pesos en acciones de conservación que involucran a las comunidades, acciones que abarcan 192 mil 93 hectáreas.
La SEMARNAT destacó que a lo largo de la ruta hay 25 áreas naturales protegidas, con más de ocho millones de hectáreas en régimen de conservación, y se procurará que tengan programas de manejo actualizados.
Además, según el Gobierno Federal, se crearán tres áreas naturales más: Calakmul 2, que implicará la protección de 5 mil 791 hectáreas para flora y fauna; el Parque Nacional Jaguar, con 2 mil 260 hectáreas, y Nuevo Uxmal, de 2 mil 230 hectáreas. También se tiene considerado un parque de esparcimiento, el Parque La Plancha, en Mérida, Yucatán, de 7.5 hectáreas.
Asimismo, Albores González dijo que a lo largo de toda la ruta del Tren Maya se han desarrollado 269 pasos de fauna que evitarán la fragmentación de los ecosistemas, permitiendo la reintegración de las especies locales a su hábitat, y se esperan que sean más.
Según la titular de la SEMARNAT, la obra del Tren Maya tendrá el mayor número de pasos de fauna, ello con el propósito de fomentar la protección de jaguares, ranas, serpientes y monos araña, entre otras especies.
La funcionaria federal también destacó que el Tren Maya es un transporte moderno con 700 kilómetros que van a ser eléctricos y que ocupará Diesel Ultra Bajo Azufre (DUBA). Además, afirmó que se tiene un Plan de Vigilancia Ambiental con 14 programas específicos, que incluyen rescate y reubicación de fauna silvestre, prevención y mitigación en cenotes, manejo de flora y fauna, así como manejo de residuos.
JUEZA OTORGA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA “DECRETAZO” QUE BLINDA OBRAS DE AMLO
Celina Angélica Quintero Rico, titular del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, concedió a la asociación civil Litigio Estratégico, la primera suspensión definitiva contra el Acuerdo del titular del Poder Ejecutivo -conocido como “decretazo” y publicado el 22 de noviembre del 2021, en el Diario Oficial de la Federación (DOF)-, por el que se declara de interés público y seguridad nacional, la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno Federal.
La jueza consideró que con el amparo concedido a la organización no gubernamental se complementa la medida otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), respecto a la imposibilidad de considerar reservada información sobre las obras y proyectos federales.
“Se concede la suspensión definitiva a favor de la quejosa, únicamente referente a que los actos reclamados no sean considerados como de ‘interés público y seguridad nacional’, y con ello, no se restrinja el acceso a la información y documentación relacionada con dichos proyectos de infraestructura”, se indicó en la resolución judicial.
Quintero Rico consideró, además, que el Consejo Nacional de Litigio Estratégico es una organización legitimada, por lo que la ONG adelantó que litigará el asunto “hasta sus últimas consecuencias, en busca de una sentencia definitiva de amparo que genere un precedente judicial en contra de este tipo de prácticas, que lesionan” el estado de Derecho en México.
SCJN SUSPENDE APLICACIÓN DEL “DECRETAZO” QUE BLINDA OBRAS DE AMLO
El 14 de diciembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), además de que otorgó una suspensión que evita que la información sobre las obras del Gobierno de México sea reservada, permitiendo, mientras tanto, su ejecución.
“Se concede la suspensión al INAI en los términos y para los efectos en la parte denominada Apartado Primero, es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del Acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”, informó la SCJN.
La resolución de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -no se dice quién- estableció que la suspensión en el Segundo Apartado surtió efectos inmediatos. Sin embargo, negó que la misma estuviera relacionada con las acciones indicadas respecto a los proyectos y obras del Gobierno de México.
“Se niega la suspensión, en los términos precisados en la parte denominada Apartado Segundo. Es improcedente la medida cautelar solicitada para suspender las acciones que se indican en el Acuerdo impugnado en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México”, detalló la SCJN.
La determinación estará vigente mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve si el Acuerdo del titular del Poder Ejecutivo -conocido como “decretazo” y publicado el 22 de noviembre del 2021, en el Diario Oficial de la Federación (DOF)-, es constitucional o no.
La @SCJN suspendió parcialmente la aplicación del acuerdo presidencial que clasificó como de seguridad nacional los proyectos prioritarios del gobierno federal.
La medida cautelar sólo tendrá efectos para que no se clasifique como reservada la información de dichos proyectos. pic.twitter.com/PZ06BNQX98— Eduardo Murillo (@emtdf) December 14, 2021
En el oficio INAI/DGAJ/2637/2021, el órgano constitucional autónomo argumentó que el titular del Poder Ejecutivo Federal no cuenta con atribuciones para catalogar las obras prioritarias como de interés público o de seguridad nacional, sin cumplir los parámetros establecidos en la ley de la materia.
En su argumentación, el INAI afirmó, además, que el Acuerdo vulnera el derecho a la información. Asimismo, indicó que catalogar las obras como “de seguridad nacional”, es acto que más allá de su inconstitucionalidad, “provoca indudablemente inseguridad, incertidumbre e impredictibilidad jurídica”.
Aunado a lo anterior, los comisionados del Pleno del INAI aclararon que el Instituto no pretende que se suspendan las obras o proyectos de infraestructura, sino que, por el contrario, consideran que se trata de asuntos de la mayor relevancia nacional.
Sin embargo, los comisionados advierten que, en el ejercicio de sus funciones, el INAI está comprometido con el Estado de Derecho y con el debido cumplimiento a las normas que rigen el actuar de cualquier autoridad pública, en cualquier tiempo y materia, “máxime si tienen el potencial de vulnerar los derechos que tutela, como en el caso, el derecho de acceso a la información pública”.
En la demanda se establece que con el Acuerdo, la autoridades demandadas “desbordaron sus facultades”, además de invadieron “la esfera de competencias de este órgano constitucional autónomo, existiendo, un principio de afectación a la esfera de atribuciones conferidas a este Instituto por parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Ante ello, el INAI solicitó a la SCJN se pronuncie sobre si el Acuerdo impugnado realiza de forma explícita e implícita, una clasificación de la información anticipada y con ello vulnera la competencia del INAI; y, si se encuentra debidamente motivado en la Constitución.
El Instituto también solicitó a la SCJN, pronunciarse respecto a si el esquema de autorizaciones provisionales irrumpe en el derecho de tutela jurisdiccional efectiva; si el Acuerdo transgrede las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano; y el incumplimiento a las mismas que deriva del esquema de autorizaciones provisionales.
IMPROCEDENTE QUE SENADO PRESENTE CONTROVERSIA CONTRA ACUERDO PARA OBRAS DE AMLO: SÁNCHEZ CORDERO
El 7 de septiembre del 2021, Olga Sánchez Cordero Dávila, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, aseguró que era improcedente que la Cámara alta del Congreso de la Unión la presente una controversia constitucional contra el acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional, la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno Federal.
La ministra en retiro explicó que según con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se concluyó que el Senado carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, tal como lo solicitaron al menos 53 senadores de oposición, desde el pasado 25 de noviembre.
La también senadora del grupo parlamentario de Morena explicó que a pesar de esta postura, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial, ya que otros organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional.
“La Presidencia del Senado representa la unidad. Y esta implica escuchar todas las voces, como siempre lo he hecho, pero también respetar los procesos legales y tomar decisiones con sustento jurídico y no político por el bien de esta máxima tribuna de los mexicanos”, escribió Sánchez Cordero en su cuenta de la red social Twitter.
Conforme a los criterios de la @SCJN se concluye que el @senadomexicano carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente @lopezobrador_, como lo solicitaron diversos senadores y senadoras. 1/4 pic.twitter.com/C0UILr7l4B
— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) December 8, 2021
En tal virtud, desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado.
Lo anterior, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial. 2/4— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) December 8, 2021
Otros Organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de afectación, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional.3/4
— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) December 8, 2021
La presidencia del @senadomexicano representa la unidad.
Y esta implica escuchar todas las voces, como siempre lo he hecho, pero también respetar los procesos legales y tomar decisiones con sustento jurídico y no político por el bien de esta máxima tribuna de los mexicanos. 4/4— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) December 8, 2021
El 25 de noviembre del 2021, un grupo de 53 senadores presentaron a la Mesa Directiva de la Cámara alta del Congreso de la Unión, una petición formal para que se interpusiera una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial publicado el día 22 de ese mismo mes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En una respuesta inicial, Sánchez Cordero Dávila informó que sometería la solicitud a consideración de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, ya que argumentó, tenia “serias dudas” respecto al interés y la legitimación del Senado para presentar dicho recurso ante la SCJN.
ACUERDO POR OBRAS ES PARA QUE ADVERSARIOS NO PUEDAN DETENERLAS, DICE AMLO
El 24 de noviembre del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de que el órgano constitucional autónomo envió a la SCJN una controversia constitucional, tras el acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional, la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno Federal.
El mandatario nacional aseguró que el INAI no ha hecho “nada” por combatir la corrupción, ello a pesar de que tiene un presupuesto de mil millones de pesos al año. Por otra parte, justificó el acuerdo, al considerar que se trata de impedir que sus opositores pongan más obstáculos a sus proyectos.
“No hay ningún problema y pues ya sabemos, todos estos organismos creados para simular, cualquier acto que decidimos llevar a cabo es cuestionado, no se acuerdan que este organismo de Claudio X. [González Guajardo] promovió como 100 amparos para que no se hiciera el aeropuerto, nada más que no pudieron, pero ¿qué tal que ahora inventen otra violación a los derechos de los machuchones y le conceda el amparo un juez?”, criticó.
“Ese organismo que menciono, durante mucho tiempo, desde que se creó, tenía como divisa obedecer y callar. Tienen un presupuesto como de mil millones de pesos al año y no hicieron nada para combatir la corrupción. No voy a dejar de recordar que su primera acción cuando se creó ese organismo fue poner bajo reserva”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su su conferencia de prensa matutina.
“Ocultar legalmente toda la información de quienes se beneficiaron con las condonaciones de impuestos durante el Gobierno de Vicente Fox [Quesada], esa fue la primera actuación de ese Instituto para la transparencia. Y otra actuación destacadísima fue que mantuvieron también reservado en secreto el expediente de Odebrecht, de la empresa brasileña que hizo negocios sucios durante el Gobierno de [Felipe] Calderón [Hinojosa] y de [Enrique] Peña Nieto”, comentó.
“Lo otro es natural, es un acuerdo para que nuestros adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos no puedan detener las obras, no tiene nada que ver con la transparencia, nosotros tenemos que rendir cuentas. Lo hacemos todos los días aquí y lo vamos a seguir haciendo”, señaló el político tabasqueño.
“Entonces ahora son con nosotros [los del INAI] muy exigentes, pero nosotros no tenemos nada que ocultar. Es transparencia completa, plena porque una regla de oro de la democracia es la transparencia. ¿Qué vamos a ocultar? Nada. Ahora dicen con este acuerdo que queremos ocultar información, creen que somos iguales, pues no”, agregó.
“Lo expliqué ayer, es un acuerdo para que nuestros adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos no puedan detener las obras, no tiene nada que ver con la transparencia, lo hacemos todos los días aquí y lo vamos a seguir haciendo”, afirmó el presidente.
El 23 de noviembre del 2021, tras analizar los alcances del acuerdo presidencial publicado por el mandatario nacional un día antes, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pleno del INAI determinó presentar una controversia ante la SCJN, al considerar que el decreto presidencial transgrede la Constitución.
“El Instituto buscará evitar que no se interprete que se puede reservar por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el Gobierno lleva a cabo”, señaló el INAI, que además analiza si el decreto vulnera el acceso a la información y el principio de máxima publicidad.
“Luego de analizar los alcances del acuerdo, hoy en reunión de trabajo, el pleno del INAI determinó ejercer este control constitucional, con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo”, anunció el organismo en un comunicado.
El INAI consideró que se advierte una posible transgresión al artículo 6 de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“En ese sentido, se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información”, argumentó el Instituto.
Asimismo, el INAI explicó que contaba con un periodo de 30 días hábiles, a partir del 23 de noviembre, para presentar ante la SCJN la controversia constitucional. Según precisó, durante los próximos días, el Pleno del Instituto aprobaría en sesión pública el acuerdo correspondiente, con los puntos a controvertir y los argumentos jurídicos.
🔶 INAI prepara controversia constitucional ante la @SCJN en contra del Acuerdo que determina obras de infraestructura del gobierno federal como seguridad nacional. #INAIalMomento https://t.co/cBEc7rFg7C pic.twitter.com/8b9NgafW05
— INAI (@INAImexico) November 23, 2021
Por su parte, la coalición legislativa opositora “Va por México” -conformada entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)-, también anunció que presentaría ante la SCJN una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente López Obrador.
En conferencia de prensa, los líderes de los grupos parlamentarios del PAN, Jorge Romero Herrera; del PRI, Rubén Moreira Valdez; y del PRD, Luis Ángel Espinosa Cházaro; cuestionaron la constitucionalidad del “decretazo” y expresaron su preocupación por la opacidad en los proyectos emblemáticos de la llamada cuarta transformación.
Todos tenemos derecho a saber en qué se usan los recursos públicos, pero cuando se trate de obras de interés público o de seguridad nacional podrán reservarse. Este decretazo es evidentemente inconstitucional e ilegal y atenta contra el derecho a la transparencia.
📹 @JorgeRoHe pic.twitter.com/YWbagsvwia
— Diputados PAN (@diputadospan) November 23, 2021
ACUERDO DE OBRAS ES PARA AGILIZAR TRÁMITES, NO PARA OCULTAR INFORMACIÓN, AFIRMA AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, el 23 de noviembre del 2021, que el decreto por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo de su Gobierno, es un acuerdo para agilizar trámites y no se detenga la construcción de las obras.
Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en que las dependencias e instituciones del Estado están regidas por principios de honestidad, justicia, por lo que pidió tener confianza en ellas.
Además, dijo que lo publicado el 22 de noviembre del 2021, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no es un decreto, “no alcanza esa figura”, sino solo es un “acuerdo”, dirigido únicamente para asuntos internos de la Administración Pública.
“Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya”, indicó el mandatario nacional.
“Para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación”, agregó el político tabasqueño.
“EN el entendido de que las empresas, las dependencias del Gobierno Federal pues están regidas por principios como protección al medio ambiente, justicia, y se les tiene que dar facilidades y se le tiene que dar confianza”, comentó López Obrador.
El presidente afirmó que se trata de un asunto interno entre dependencias. “Que Medio Ambiente ayude a comunicaciones y transportes o ayude a FONATUR, para que tengan un tramo y no se detenga en la obra”, añadió.
“Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Todos estamos obligados a rendir cuentas. Claro, el boletín de la derecha, que ya hasta da flojera mencionarlo, el Reforma, ya está hablando de que es para no rendir cuentas, que no haya transparencia, que no haya honestidad”, insistió el mandatario nacional.
“Se imaginan si Claudio X. González [Guajardo] y el ministro [José Ramón] Cossío [Díaz] meten un amparo para frenar el Aeropuerto de Santa Lucía?”, comentó el presidente de la República.
“Ellos fueron siempre protectores, cómplices de la corrupción. Ya están ellos suponiendo […] de que es para ocultar información y para que no haya transparencia, así son los conservadores, les gusta mucho o su doctrina es esa cosa y esa cosa es la hipocresía”, abundó.
“Aclarar que es un acuerdo y que todos en este Gobierno tenemos la convicción de actuar con honestidad. Cero corrupción y también cero impunidad, no somos iguales, eso es lo que les molesta mucho. Porque durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a saquear a manos llenas y ahora no pueden ni podrán”, finalizó.
López Obrador emitió, el 22 de noviembre del 2021, un decreto por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo de su Gobierno, asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones y telecomunicaciones.
Además de aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
El decreto instruye a las dependencias y entidades gubernamentales otorgar la autorización provisional para iniciar los proyectos, para con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados (entre ellos la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles).
El documento precisó que la autorización provisional -con vigencia de doce meses, periodo en el cual se deberá obtener la definitiva-, será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles, y transcurrido ese tiempo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.
El decreto -que fue publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF)- que consta de tres artículos y que entrará en vigor mañana martes 23 de noviembre, argumenta que México requiere de infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas.
Además, puntualiza que se publica con el fin de que la actual Administración continúe “con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social”.
El presidente López Obrador justificó que su decisión se basa en el artículo 26 de la Constitución, debido a que “México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas”.
“Los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente”, añadió el mandatario nacional.
LA AUTORIZACIÓN PARA LOS DICTÁMENES, PERMISOS O LICENCIAS
El acuerdo instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras.
Y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados. Asimismo, señala que la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la solicitud correspondiente.
“Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, explica el documento. La autorización provisional tendrá una vigencia de un año, contado a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.
Además del titular del Poder Ejecutivo Federal, el acuerdo fue firmado por los titulares de las secretarías de Gobernación; Defensa Nacional; Marina; Seguridad y Protección Ciudadana; Hacienda y Crédito Público, Bienestar; Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Así como los titulares de las secretarías de Energía; Economía; Agricultura y Desarrollo Rural; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Función Pública; Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Cultura; y, Turismo.
