El video de Ramsés Zatarain antes de morir, informando la ubicación de unos cuerpos, esperanzó a familiares de dos desaparecidos en 2019. La intensa búsqueda en Hacienda Karey, sin resultados
Las gotas de sudor que descienden por sus mejillas se vuelven un adherente con el polvo que se suspende derivado de las excavaciones, y se impregna en el rostro de Adriana Mundaca Flores, madre de Adrián Misael Díaz Mundaca, joven menor de 20 años que al momento de su desaparición, cursaba la universidad.
Así como Adriana se encuentra Cony Millán, madre de José Luis Falcón Millán. Adriana y Cony entrelazaron sus vidas a partir de agosto de 2019, cuando sus hijos salieron de sus respectivas casas, ubicadas al Oriente de Mexicali y no volvieron. Desde ese momento coinciden en protestas y sostienen cierto tipo de comunicación, pero durante la última semana, prácticamente se han visto obligadas a vivir juntas.
Ambas muestran cansancio en sus rostros, enrojecidos por exponerse a los 44 grados Centígrados de temperatura que registra Mexicali; lucen demacradas, pero ni el calor ni los años derrumban su fuerza de voluntad y se mantienen en pie acompañando al equipo de ocho elementos de la Fiscalía General del Estado -entre agentes, peritos y ministerios públicos- que realizan excavaciones al interior de Hacienda Karey, propiedad de la familia Aguilera, una dinastía de connotados priistas que amasó fortuna partiendo del poder gremial -hoy diezmado- del sector transportista, concretamente de los taxis.
Cony y Adriana no están solas, desde la noche del jueves 2 de junio, representantes de diversos colectivos, como Madres Unidas y Fuertes -encabezado por la incansable Irma Leyva- permanecen a escasos metros de la hacienda ubicada sobre la calle de terracería Felipa Vázquez Viuda de Arellán, en el Ejido Islas Agrarias “A”. Aunque no pueden excavar al interior del inmueble, su apoyo es moral, sororidad.
La tarde del jueves 2 de junio, un video hecho público mediante redes sociales sacudió nuevamente su mundo y, más allá de los actos de tortura a los que fue sometido Ramsés Heriberto Zatarain Hernández, de 35 años de edad, Cony y Adriana focalizaron su atención en las declaraciones que el hombre expuso durante la breve charla con sus verdugos.
Y es que, en sólo 41 segundos de observar a este individuo sentado en la tierra, semidesnudo y con huellas de tortura, se abrió una brecha de esperanza para localizar a sus hijos, puesto que definió el punto exacto donde -según comentó en el interrogatorio- se encuentran los cadáveres de José Luis y Adrián Misael.
La Hacienda Karey, un inmueble que con frecuencia era utilizado para fiestas y eventos, es el último lugar donde detectó su presencia el rastreador del vehículo Uber que conducía José Luis Falcón Millán en 2019. En ese punto permaneció durante tres horas. A los pocos días, el vehículo fue hallado volcado e incendiado a escasos 100 metros de la propiedad donde residía Ramón Aguilera Díaz “El Chito”, presunto implicado en la desaparición (Se presume inocente en tanto no se determine su responsabilidad por un juez, según el Artículo 13 del CNPP).
Desde los primeros días se supo que la desaparición de ambos, se fraguó en ese punto donde se localizaron restos de sangre y otros indicios, pero la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) hizo una búsqueda somera que no convenció a nadie.
Tres años después, gracias a la publicación de un aterrador video, familias, colectivos y autoridades vuelven al punto de partida y reactivan una investigación que permaneció congelada por las autoridades.
Ramsés Heriberto era hermano de Rigoberto Zatarain Huitrón, funcionario de la Fiscalía General del Estado, el cual fue suspendido a causa de los señalamientos expuestos en el video.
CASI UNA SEMANA DE BÚSQUEDA
Al filo de las seis de la tarde del jueves 2 de junio, se hizo público el video donde se observan los últimos momentos de vida de Ramsés Heriberto Zatarain Hernández, de 35 años de edad, presunto exsocio y amigo de “El Chito” Aguilera.
En las respuestas cortas que ofrece a sus asesinos, indica que los cuerpos de ambos jóvenes se localizan al interior del “rancho del Chito”.
Pasaron algunas horas para que los familiares de ambos jóvenes se enteraran de la publicación y, tras comunicarse con las autoridades, se trasladaron a la Hacienda Karey, en el Ejido Islas Agrarias, donde unidades de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ya se encontraban resguardando el inmueble. Sin embargo, no fue hasta las diez de la noche cuando formalmente se solicitó orden de cateo para irrumpir en el inmueble; pese a la custodia, la familia se mostró inconforme porque los agentes nunca resguardaron la parte trasera de la construcción, y debido a la localización de una escalera en la pared -refieren los familiares-, pudo escapar cualquier persona que se encontrara al interior.
No fue hasta la mañana del viernes 3 cuando la FGE abrió formalmente el inmueble e irrumpió para iniciar las indagatorias. Luego de una breve inspección, comenzaron a peinar la zona donde -presuntamente- se localizaban los cuerpos.
Durante el primer día hubo conflictos entre familiares y la propia FGE, toda vez que los últimos mencionados sostenían bajas revoluciones en la búsqueda. Posteriormente, el conflicto se generó porque elementos policíacos intentaron terminar de forma anticipada la búsqueda, lo que causó gran molestia en los familiares, quienes al final acordaron extender los trabajos durante el tiempo necesario.
A escasos 30 metros de la entrada del inmueble, se instaló un pequeño campamento donde descansan colectivos de personas que buscan a sus desaparecidos. Desde la distancia, las madres -que la lucha ha hermanado- observan el vaivén de los agentes y las familias.
La noticia corrió rápidamente en redes sociales y en publicaciones de medios de comunicación, lo que motivó a personas de diversos sectores a entregar apoyos para que continuaran con la lucha; la empatía se hizo notar y personas -incluso de escasos recursos- acudieron con botellas de agua, comida, hielo y sueros, con el objetivo de aportar un poco a la búsqueda.
Mientras eso ocurría, colectivos se unieron y solicitaron el apoyo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, entre otros servidores públicos, para apoyar la causa, otorgando víveres, equipo y hasta una retroexcavadora.
Personal del Sistema Municipal del Transporte (Simutra) solicitó permisos y dejaron sus actividades diarias para unirse a los operativos; en cuestión de horas, una comitiva se ubicó en el predio contiguo y comenzó su propia búsqueda.
Con el pasar de los días, se sumaron colectivos como Todos Somos Erick Carrillo, de Tijuana; y Unidos por Nuestros Desaparecidos, entre otros.
Incluso, personas como Guadalupe Hernández, originaria de San Luis Río Colorado, Sonora, la cual tiene a su padre desaparecido, acudió a Mexicali con el único objetivo de unirse con su propia pala y cavar zanjas alrededor del predio adyacente.
“Su hijo desapareció el mismo día que mi papá”, refirió Guadalupe al verse frente a Imelda López Bastidas, otra incansable mujer que ha recorrido varios kilómetros en terrenos agrestes en busca de su hijo Pierre, ausente desde el 14 de agosto de 2006. En medio del tempestuoso e incierto trabajo que realizan, encuentran estas coincidencias durante las charlas habituales.
Guadalupe narró que su padre, Roberto Hernández Rodríguez, desapareció de la colonia El Refugio, donde residía, luego de acompañar a unas personas a una reunión; desde el año pasado ha iniciado la investigación del caso, e incluso señalado el domicilio exacto en que fue visto por última vez, pero se ha tenido que enfrentar a la burocracia e indolencia de una autoridad poco empática, por lo que prácticamente la investigación del caso ha corrido por su cuenta.
Mientras que el elemento K-9 Iker se encuentra rastreando el interior del edificio, Falco, otro perro entrenado, apoya en las labores de exterior; todos los esfuerzos se focalizan en este lote, donde se han depositado todas las esperanzas y tanto Cony como Adriana, determinaron que no se irán hasta que recorran el último centímetro del predio.
Denisse Hernández Chacón, fiscal de Investigaciones Especiales, comentó que el tipo de inspección se ha dado en “L”, comenzando por la parte trasera del inmueble y extendido junto a la barda perimetral, rodeando la piscina que se ubica justo en medio del inmueble.
Uno de los puntos de mayor trascendencia se ubicó en la parte trasera, donde se dijo que podrían estar los cuerpos. La propia funcionaria expresó que se tuvo que romper el piso para una mejor inspección, detectando que el inmueble contaba con una segunda capa de concreto, por lo que se focalizó la atención a este punto, pero no se obtuvieron resultados positivos.
Adriana Mundaca afirmó en entrevista que durante los días de búsqueda localizaron un pantalón y un resto óseo, pero el atuendo no corresponde a ninguno de los dos jóvenes, y la pieza parece corresponder a un animal. Pese a ello, se llevará a cabo un análisis forense para descartar que se trate de un resto humano.
Por su parte, Hernández Chacón aseveró que, a tres años de ocurrido el incidente, se buscan restos óseos y se espera contar con suficiente material genético para una identificación. Sin embargo, ni el geo radar ni los sabuesos han logrado detectar algo en la amplitud del terreno.
Al cierre de esta edición, la familia había determinado extender la búsqueda hacia otro departamento que ya estaba construido al momento del crimen.
MÁS DE 14 MIL DESAPARECIDOS EN BC: ELEMENTA DDHH
Por primera vez en la historia de Mexicali, la FGE y familiares de desaparecidos extienden una búsqueda de casi una semana en un mismo predio, con la única certeza de una declaración de un hombre sometido a tortura, pero con una gran esperanza de encontrar indicios que ayuden a localizar a Adrián Misael y a José Luis.
Renata Demichellis Ávila, una de las autoridades del proyecto Desaparecer en Baja California del colectivo Elementa DDHH, indicó que en el último estudio se logró identificar la cifra de 12 mil personas desaparecidas, pero al cierre de diciembre de 2021, la entidad alcanzó las 14 mil personas cuyo paradero se desconoce desde 2007, ubicándola en una crisis en la materia.
La cifra, que se originó después de analizar una serie de peticiones de Transparencia a la FGE -que los vuelve datos oficiales-, dista mucho de los mil 104 individuos desaparecidos que registra la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual se abastece -según dijo- de los datos ofrecidos por fiscalías locales, lo que confirma una nula participación de la FGE en alimentar los datos oficiales.
Entrevistada por ZETA vía Zoom, la especialista narró que “nadie los está buscando”, al hacer referencia al nulo trabajo de la FGE y de las autoridades gubernamentales en general, por dar resultados ante una crisis de Derechos Humanos.
Observó que desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón Hinojosa, la problemática se disparó de forma abrupta, y la tendencia no ha podido reducirse.
De hecho, relaciona directamente el descenso en la cifra de homicidios con el incremento de denuncias por desaparición, y lo ejemplifica con el periodo donde Julián Leyzaola Pérez fue secretario de Seguridad Pública de Tijuana y descendieron los asesinatos, pero aumentaron la tortura y las desapariciones.
A su juicio, es tanta la intervención del crimen organizado y del gobierno en ese tema, que llega al punto en que ambos sectores convergen en la incidencia en casos de desaparecidos.
Además del crimen organizado y del propio gobierno, dijo, la militarización del Estado ha empeorado el escenario para que proliferen estos casos, donde también se incluye la violencia de género, el uso de armas y la migración como factores que influyen en esta problemática.
Demichellis Ávila aseveró que el incremento de casos de desaparición de menores de edad de 12 a 17 años, confirma que existe un problema relacionado con la trata o la violencia de género. En cambio, los hombres de 30 a 44 años son los que más desaparecen, pero el grupo etario que más ha crecido en materia de denuncias por desaparición es el que ronda los 18 años, que coincide con el reclutamiento que realiza la delincuencia organizada.
Para finalizar, sostuvo que 14 mil personas están desaparecidas y 10 mil cuerpos sin identificar, por lo que -a su juicio- pudiera existir correlación entre unos y otros, pero la falta de tecnología y de inversión en materia de atención a familiares de personas desaparecidas, convierte al área forense en cuello de botella para la identificación de cadáveres que se mantienen a la espera de ser reconocidos.
