Encubrimiento militar

Era octubre de 2019, Jaime Bonilla estaba por tomar posesión del Gobierno del Estado, pero sus colaboradores, a quienes ya había definido, cobraban moches -por lo menos y que se haya hecho público, a un empresario mexicalense-. Unos meses antes, en julio del mismo año, había llegado a Tijuana, designado Comandante General de la II Zona Militar, el General Pablo Alberto Lechuga Horta, con quien Bonilla entabló buena relación. El 4 de octubre, en el retén militar de El Centinela, soldados detuvieron a Einar André Hernández Garza, quien se identificó y posteriormente fue confirmado como chofer de la entonces secretaria de Bienestar, Cynthia Gissel García Soberanes, cuando llevaba en mochilas y ocultos entre rollos de papel de baño, 4 millones de pesos que -dijeron- eran para actos altruistas. En ese hecho estuvieron inmiscuidos ocho militares, mismos que liberaron por “coordinación y cortesía” tanto al chofer como al efectivo. Después, cuando la transa de los moches se hizo pública en las páginas de ZETA, se supone que habría por lo menos dos investigaciones, la de la Fiscalía General del Estado y la del Ejército Mexicano. Pero las dos fueron congeladas. El ex gobernador no tuvo que negociar con su compadre, el entonces fiscal, para convencerle de que no investigara y archivara la carpeta. Con quien sí se reunió de manera privada para acordar la no investigación, fue con el General Lechuga Horta. Solos, los entonces mandatario y Comandante de la II Zona Militar, respectivamente, pactaron la impunidad y el encubrimiento de la milicia hacia las irregularidades cometidas por los colaboradores de Bonilla, pues en el caso de la transa, también se implicó al ex oficial mayor Jesús Núñez, y al ex secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez, quienes fueron protegidos por el Ejército y hasta la fecha -junto con Jaime Bonilla- gozan de impunidad.