El 19 de enero de 2022, Ricardo Iván Carpio fue designado fiscal general de Baja California. Dos días antes, en la colonia Sánchez Taboada, afuera de su hogar y ya dentro de su carro echado a andar para ir a trabajar, asesinaron al fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel.
A la escena del crimen acudió el entonces encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Hiram Sánchez. El asesinato les significaba un compromiso enorme con la procuración de justicia, no sólo por ser un crimen a sangre fría, sino por tratarse del primer periodista asesinado en la era de Morena en Baja California, una losa difícil de cargar, dado que se trata, de manera clarísima y directa, de un atentado a la libertad de expresión, en una entidad federativa que se precia de ser democrática.
No había transcurrido ni una semana cuando, el domingo 23 de enero, también en Tijuana, en esta ocasión en el área de Santa Fe, fue asesinada la periodista Lourdes Maldonado. Ahora sí, Ricardo Iván Carpio estaba en la plenitud de sus facultades como titular de la FGE bajacaliforniana.
El homicidio de Martínez Esquivel fue notorio, porque se trató del segundo periodista asesinado al inicio del año en México. Hoy día, desafortunadamente, van once periodistas asesinados en el país. Además, Margarito fue un enorme ser humano. Amable, generoso, comprometido con su trabajo y oficio, amigo de todos y colaborador de indistintos medios, entre ellos, ZETA.
El crimen de Lourdes se cubrió incluso en medios internacionales, dado que la periodista había recurrido, tres años atrás, al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque le dijo de frente: “Temo por mi vida”, pues su adversario en un litigio laboral, era el ahora ex gobernador y supuestamente amigo cercano del mandatario nacional, Jaime Bonilla Valdez. La denuncia, las palabras y el grito de ayuda de Maldonado a López Obrador, quedaron grabados en aquella conferencia matutina a la que ella acudió, y se han reproducido un sinnúmero de ocasiones hasta el día de hoy.
Han pasado 137 días del homicidio de Margarito Martínez, y 131 días del crimen contra Lourdes Maldonado, y la FGE no ha presentado a los autores materiales de ambos asesinatos, lo cual los mantiene en la lista de muertes en la impunidad.
En los dos casos, con la ayuda de un equipo que envió a Baja California el Presidente López Obrador para coadyuvar en las investigaciones, la FGE llegó a la aprehensión de tres autores materiales en cada uno de los asesinatos. En el de Margarito Martínez, se detuvo a Jesús Ochoa Díaz “El Huesos”, a Adrián Nicolas Ramos “El Uber” y a Cristian Adán Velázquez “Cabo 16”. Los tres, vinculados a proceso y actualmente en prisión.
En cuanto a la investigación del asesinato de Lourdes Maldonado, los tres aprehendidos fueron Kevin Villarino, Guillermo Castro y Erick Contreras, también vinculados a proceso y encarcelados hasta la fecha.
Hace unas semanas, en la transmisión nacional de la conferencia matutina del Presidente de la República, de manera irresponsable y servil, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, declaró que prácticamente los asesinatos de Margarito y Lourdes estaban cerrados. Que los autores intelectuales eran integrantes del Cártel Arellano Félix (CAF) y, casi por decreto, a la usanza morenista, se dio por concluida la investigación.
Pero no es así. El fiscal Ricardo Iván Carpio dijo a ZETA que ambas investigaciones continúan, que no ha habido procesamiento de los autores intelectuales, y que de hecho aún no inicia el juicio contra los asesinos materiales, y por lo tanto, permanecen en calidad de presuntos.
Sin embargo, el miércoles 1 de junio, durante la conferencia semanal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el fiscal Carpio expresó públicamente que hay avances en la identificación de los asesinos intelectuales de Margarito y Lourdes, pero que no los da a conocer, dada la secrecía de la investigación.
La realidad es que la FGE se ha quedado estancada en las investigaciones de los crímenes contra periodistas. Desde que se retiró el equipo de investigación e inteligencia enviado por la Presidencia de la República, no ha habido avances, pese a que por lo menos en cada caso hay un personaje señalado. En el de Margarito Martínez, David López Jiménez “Cabo 20”, ciertamente, lugarteniente de una célula del Cártel Arellano Félix, y en el tema de Lourdes, por obvias razones, Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador del Estado.
Ciertamente los involucrados en los asesinatos de Margarito y Lourdes, solían delinquir en una baja escala jerárquica para células de los Arellano Félix, pero en ambos casos, las investigaciones han determinado que fueron contratados para cometer los crímenes. En el homicidio de Margarito, concluyen que la orden y contratación provino del lugarteniente “Cabo 20”, y que quien contrató a los asesinos, es decir, fue intermediario entre estos y López Jiménez, fue Adán Velázquez “Cabo 16”. El pago por matar fue de 40 mil pesos.
En la investigación de Lourdes, han llegado a la conclusión que los tres presuntos autores materiales fueron contratados a razón de 5 mil dólares cada uno, por un hombre conocido como “Alejandro”, residente de la colonia libertad y miembro de una célula del CAF.
Pero aun con los asesinos materiales aprehendidos, y con sólidas hipótesis sobre los autores intelectuales, en le FGE de Ricardo Iván Carpio no han sido capaces de avanzar en las investigaciones y comenzar a identificar, declarar y procesar a quienes ordenaron los crímenes, que les queda claro, no es un solo origen, sino dos.
Ante los asesinatos de periodistas en Baja California, lo que impera es la ausencia de justicia, y no es un buen mensaje del gobierno de Morena, ni de la FGE… Van 137, 131 días, en la impunidad.
