La agencia de colocación llamada Gobierno del Estado, volvió a hacer de las suyas al favorecer a amigos, correligionarios o cumplir con compromisos, sin importar si reúnen o no los requisitos mínimos para ocupar los cargos trascendentales del Estado. Ya se han relatado casos de funcionarios que incumplen con las mínimas características para ocupar los cargos que les han designado, como Arnoldo Douglas Álvarez, actual director administrativo del Colegio de Bachilleres, el cual fue removido por no contar con evidencia que confirme su acreditación como profesionista, lo cual era necesario para ocupar el cargo, mismo que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda le regresó tras hacerse de un sospechoso título universitario. O David Ramsés Cervantes, director de Adquisiciones y Servicios Generales en Oficialía Mayor, el cual no contaba con cédula profesional al momento de revisar su documentación en el Registro Nacional de Profesionistas. Y ahora resulta que el director de Bienes Patrimoniales -también de Oficialía Mayor-, Luis Rojas Cassani, se encuentra en la misma línea, pues según la Cédula de Descripción de un Puesto Específico, requiere de una experiencia de cinco años en cargos similares y haber culminado sus estudios profesionales, además de un estudio de posgrado. Sin embargo, según -nuevamente- el Registro Nacional de Profesionistas, el funcionario no cuenta con cédula que acredite alguna carrera o posgrado, lo que confirma que incumplen -nuevamente- con los requisitos para ocupar el puesto público. Ahora sí que los meten con calzador, violentando la reglamentación interna del Gobierno del Estado irregular e impunemente para agregarlos a la nómina.
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