El jueves 10 de marzo, mientras en la Europa Oriental se libra una guerra promovida por Rusia contra Ucrania, el Parlamento Europeo, por 607 votos a favor, 73 abstenciones y dos en contra, hizo un llamado al Gobierno de México para que “garantice la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos”.
Fundan la petición en el hecho que, en los pocos días transcurridos desde el inicio de este año, siete personas relacionadas con el periodismo han sido asesinadas en el país, entre quienes, por supuesto, se encuentran los compañeros tijuanenses Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López, ultimados por asesinos a sueldo en menos de una semana en enero.
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Aunque en las dos investigaciones, de Margarito y de Lourdes, se ha detenido a presuntos autores materiales de los crímenes, a quienes en el caso del fotoperiodista les pagaron 40 mil pesos, y en el caso de la comunicadora, 15 mil dólares, se puede decir que hay un avance en la procuración de justicia, aunque poco o nada se ha avanzado en la identificación del o los autores intelectuales.
Sin embargo, en la mayoría de los casos de asesinatos de periodistas en México no se llega ni al autor material. En la comunicación donde hace el llamado a las autoridades mexicanas a actuar en estos terribles casos de atentados a la libertad de expresión, el Parlamento Europeo refiere que se ubica en un 95 por ciento la impunidad en estas indagaciones.
De acuerdo con la investigación del Parlamento, desde julio de 2018 en México han sido asesinados 47 periodistas, cifra que casi coincide con la oficial que maneja la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, instancia en la que indican que del 1 de diciembre de 2018 y hasta el 25 de febrero de 2022, han sido asesinados 56 periodistas (además de 98 activistas).
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Para Artículo 19, desde el año 2000 han sido asesinados en México 152 periodistas, en casos que, al análisis de la evidencia, está relacionado el móvil con el ejercicio del periodismo, y por tanto, constituye un atentado a la libre expresión. En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (apenas la mitad de su periodo), en esas condiciones, con un móvil incrustado en el ejercicio periodístico, la misma organización contabiliza 31 casos.
Además de estas terribles condiciones en un contexto de inseguridad, violencia e impunidad, el Parlamento Europeo refiere otro fenómeno político que vulnera a la prensa en México, pues “observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra los periodistas y su labor”. Se refieren, por supuesto, a las constantes menciones de López Obrador en sus conferencias matutinas, desde donde ha llamado a la prensa con diversos adjetivos calificativos, desde considerarlos conservadores, adversarios, hasta sicarios, parte de la mafia del poder y, de manera frecuente, señalados de “no quererle”. Como si los periodistas todos tuvieran que sentir afecto por el Presidente, una afinidad hacia su movimiento y complacencia hacia las políticas públicas que elabora y el gobierno que encabeza.
Reflexionaron los eurodiputados: “La retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes”, y solicitaron a las autoridades mexicanas, “que se abstengan de cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y también a los defensores de los derechos humanos”.
No es para menos. Esta semana, molesto como en años anteriores por las manifestaciones de mujeres exigiendo justicia, seguridad y protección el 8 de marzo, Día Internacional dela Mujer, fecha en que suele amurallar el Palacio Nacional a raíz de aquella ocasión en que pretendieron prenderle fuego a una de sus puertas, AMLO se quejó acremente y “exhibió” un video de la periodista Azucena Uresti, de Milenio, donde acompañada de imágenes video grabadas, daba cuenta de cómo efectivamente Palacio Nacional estaba tras una muralla, lo mismo que los monumentos y los edificios más emblemáticos de Ciudad de México.
Al Presidente ya le molesta hasta que se reporte la realidad. Efectivamente ese día, Palacio Nacional, edificios y monumentos, estuvieron amurallados, además de resguardadas las vallas por elementos de la Marina. Trabajos que fueron dirigidos por el Comandante de la Guardia Nacional, pero, en lugar de explicar su actitud para proteger bienes en lugar de mujeres, el Ejecutivo federal se burló de la comunicadora y refirió que quizá ella no sabía que Milenio, desde donde dijo el mandatario transmitía, también había sido amurallado a solicitud del grupo de medios de comunicación.
Al día siguiente, en su investidura de presidencial, López Obrador arremetió otra vez contra Uresti, llamándola “la señora” a la que se refirió el día de ayer, que “no nos quiere”, y que tiene información que “la están contratando de LatinUs”, el medio de comunicación en el que se desarrollan y promueven Carlos Loret de Mola y “Brozo”.
Lo anterior, dijo la comunicadora, es falso. “¿Qué dice, Presidente? ¿Que me están contratando en LatinUs y que usted tiene pruebas? Le pido, de nuevo con todo respeto, las presente, porque está dañando mi relación con las únicas empresas donde, y con mucho orgullo, trabajo: MilenioTV y Radio Fórmula”, respondió la periodista.
A este tipo de comentarios sesgados se refiere el Parlamento Europeo. Para quienes no lo recuerden, el 9 de agosto de 2021, supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación amenazaron, entre otros periodistas y medios, a Azucena Uresti. Ahora ella, como muchos otros periodistas de México, está entre dos fuegos, entre las amenazas del narcotráfico y las presiones del gobierno. Un insano y fatal binomio. Tanto, que el Parlamento Europeo hace un llamado al Gobierno de México a proveer condiciones de seguridad, de justicia y de protección, a los periodistas. A salvaguardar, pues, la libertad de expresión.
