Durante la semana varias familias que han perdido sus hogares en derrumbes o deslizamientos de tierra, en Lomas del Rubí, Cumbres del Rubí y Sánchez Taboada, se inconformaron, pues aseguran que las autoridades no les han brindado el apoyo debido
Varias de las familias de Tijuana que perdieron sus viviendas en un derrumbe o deslizamiento de tierra viven en la incertidumbre; aseguran que el Gobierno Estatal y Municipal no los atiende, incluso algunos ya fallecieron, sin ver que se hiciera justicia.
El miércoles 2 de febrero, residentes de la colonia Lomas de Rubí se manifestaron en el lugar donde hace cuatro años estaban sus hogares y los perdieron tras un derrumbe, el cual aseguran ocurrió debido a una construcción que hizo Grupo Melo.
Los afectados aseguraron que la empresa hizo un mal corte de talud para construir el fraccionamiento Valle del Pedregal; al poco tiempo, la falda del cerro colapsó.
“Ellos hicieron un mal corte de talud, hicieron esa omisión; no hubo una supervisión, no hubo ninguna inspección. Ahí, más que nada, los ingenieros encargados de obra no tuvieron esa ética profesional por salvaguardar alrededor”, afirmó Mariana Morales, afectada y activista.
Los residentes aseguraron que al final un total de 167 familias se quedaron sin hogar, afectando aproximadamente a 600 personas.
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Además hay 120 casas ubicadas en la zona considerada de riesgo y 50 familias todavía no han tenido ningún tipo de apoyo, esto porque son posesionarios; por ejemplo, son hijos que vivían en un mismo predio, pero en construcciones separadas.
Mariana Morales aseguró que desde el día que ocurrió el derrumbe las autoridades estatales y municipales les aseguraron que les iban a brindar todo su apoyo, pero lo siguen esperando.
Incluso señaló que tanto la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y la presidenta municipal, Montserrat Caballero Ramírez, se comprometieron en ayudarles cuando estaban en campaña.
“Solamente vinieron, caminaron estas calles solamente para la campaña y no han dado propuestas ni opciones de solución para las familias que aún viven aquí en la colonia Lomas del Rubí; y que ni siquiera les han dado la oportunidad de escucharlos, de atenderlos”.
“Y mucho menos la parte de que dé una solución a cada una de estas familias, que viven en una zona de riesgo, y mucho menos a las que ya perdieron un patrimonio”, recordó la activista.
Mariana Morales detalló que los vecinos exigen que se les pague por el daño causado a sus hogares; algunos de ellos construidos desde hace 30 años, incluso lograron ser atendidos por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
“Nos escuchó, organizó, y coordinó a los tres órdenes de Gobierno para que mediantes los programas sociales y federales que tiene el Gobierno se les atendiera con el apoyo de una vivienda, donación; no es indemnización, ni compensación”.
“Y la exigencia de Lomas del Rubí es esa: el pago de la reparación del daño de su patrimonio de más de 30 años, que no nomás es algo material; es una vida de muchas familias que les costó y sobre todo, la reparación de la zona”, finalizó la afectada.
“Lo más triste de la situación es que ya van 16 vecinos -que vivían en esa colonia- quienes fallecieron, por lo que exigimos a las autoridades que aceleren el proceso de la prestación”, mencionó Adela Macías, cuyos ambos padres murieron.
Un día antes, el 1 de febrero, personas que sí estaban recibiendo apoyo económico para pagar renta luego que perdieron su hogar en un derrumbe, se manifestaron en las oficinas de la Secretaría de Intervención y Bienestar Social de Baja California, ubicadas en Plaza Patria.
Manifestaron que desde el 31 de enero fueron notificados que debían presentar contratos de arrendamiento para que siguieran recibiendo el apoyo de cuatro mil pesos, sin embargo, muchos de los afectados viven en casas de sus vecinos o con familiares.
“Por ejemplo, a nosotros nos dijeron que podíamos ir a vivir con los vecinos y es lo que hicimos, y les dábamos una cantidad; y ahora nos están pidiendo un comprobante de que sí estamos recibiendo los cuatro mil pesos, pero pues es un trato de palabra”, dijo Germán Salazar, de la colonia Cumbres del Rubí.
“Estamos solicitando el cheque de la renta porque es un derecho que tenemos, el cual nos había dado Bonilla [ex gobernador] y ahorita nos están pidiendo muchos requisitos, que si somos las personas afectadas o no… todo cambio con el nuevo gobierno”, dijo Margarita Mota, afectada, de la colonia Sánchez Taboada.
“Nos daban un apoyo desde que se cayeron los derrumbes, vamos a decir desde hace dos años, pero metimos los papeles seis meses después; ahorita nos están pidiendo muchos requisitos. En poca palabras, nos la están haciendo cansada”, reiteró Carmen Blanco, de la colonia Cumbres del Rubí.
El viernes 28 de enero, Gregorio Saúl Osnaya López, director general del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (Indivi), señaló que es la Secretaría General de Gobierno quien atiende el caso de las familias que perdieron su casa en un derrumbe.
“Tengo conocimiento que se está revisando por la Secretaría General de Gobierno, del maestro Catalino Zavala y están revisando cuál es la condición en la que está toda esa gente; como es un predio que está catalogado como una zona de alto riesgo, pues realmente nadie podría vivir ahí”.
“Entonces ya los gobiernos municipal y estatal están coordinando mesas de trabajo para atender esa problemática, que son bastantes”, dijo Osnaya López.
Por la tarde del 1 de febrero, el XXIV Ayuntamiento de Tijuana llevó a cabo una sesión extraordinaria de cabildo, en donde aprobaron por unanimidad someter a consulta pública el futuro de varias zonas de riesgo en el municipio de Tijuana.
Estos puntos se ubican en las colonias Sánchez Taboada; Anexa Sánchez Taboada; Anexa Miramar; Laderas de Monterrey; La Sierra; Roberto Curiel; Liberal; Lomas del Rubí; Tejamen; Ampliación Tejamen, y Cumbres del Rubí.
El regidor Eligio Valencia López, presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Desarrollo Metropolitano, Obras y Servicios Públicos, señaló que la consulta estará abierta por 30 días después que haya sido publicada en el Diario Oficial del Estado o Gaceta municipal.
“Estará a disposición del público por un periodo de 30 días a partir de su publicación en el Estado y en esta municipalidad para que se formulen por escrito las observaciones, comentarios y proposiciones concretas que consideren oportunas, dirigiendo sus comentarios u observaciones al Instituto Metropolitano y Planeación”, finalizó.
