La última del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado en los días previos al fin de su bienio, y fue para otorgar -de manera discrecional y abusiva- un equipo conformado por varios escoltas para el ex secretario general de su administración, Amador Rodríguez Lozano, y el comisionado del Sistema Estatal Penitenciario, Jesús Núñez Camacho. Aunque días después Rodríguez Lozano exhibió un video por medio de redes sociales donde cínicamente desistió de “su” equipo de escoltas -que él mismo se “regaló”-, el acto fue tomado con bastante seriedad por parte de la secretaria de Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas, la cual abrió dos expedientes internos en busca de sancionar a los ex funcionarios y a quien resulte responsable, los cuales obran en los folios INV/103/2021 y INV/104/2021, que se anexan a una auditoría practicada por personal de la Dirección de Auditoría Gubernamental e Investigación. La información fue dada a conocer por la propia Del Villar, ex diputada morenista que terminó enfrentada con Bonilla durante su encargo, al grado de ser relegada y víctima de violencia política de género. El documento fue recibido en las oficinas del Poder Legislativo como parte de una respuesta emitida a petición del diputado Diego Echeverría, del PAN, quien solicitó analizar la situación jurídica de este acto, el cual consideró sumamente abusivo por parte del pasado gobierno. Falta ver si el caso termina en una sanción, por lo menos administrativa. Por lo pronto, el caso ya se encuentra en investigación y la funcionaria ejerció facultad de atracción para que el órgano interno de control no sea el que indague el caso, sino la institución a su cargo.
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