Una prueba pericial privada señala que no hay pruebas suficientes para incriminar al imputado Adrián Barrón Casillas, alias “El Tatuado”, quien está detenido por el crimen cometido contra agente de la GESI y otros homicidios en San Quintín. En cambio, abre la posibilidad de que la bala que perforó el cuello de Christian Eduardo Uribe, haya sido disparada por el arma de un compañero que participó en el operativo
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Un dictamen pericial externo en materia de criminalística y balística reveló que el agente de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), Christian Eduardo Uribe García, de 29 años, fue asesinado por sus compañeros policías y no por el imputado Adrián Barrón Casillas, alias “El Tatuado”.
La segunda evidencia -en poder de ZETA– recabada por familiares de la propia víctima, deslinda al imputado de este homicidio por medio de diversos indicios, entre estos el resultado negativo de la prueba de Rodizonato de Sodio aplicada al presunto victimario, entre otros elementos de la escena.
“El Tatuado” es integrante de una célula del Cártel de Sinaloa y es primo de Alexis Barrón Medina, alias “El Pelirrojo” o “El Pecas”, jefe de sicarios del grupo delictivo “Los Oaxacos” quien fue asesinado el 3 de mayo de 2021. Ambos criminales eran investigados por el homicidio de tres hombres en la víspera de Nochebuena de 2020.
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Barrón Casillas tiene antecedentes penales en Baja California y Estados Unidos, lo cual motivó el operativo de la GESI.
A las 16:00 horas del 27 de mayo, el Grupo Coordinación de Investigación Preventiva de la GESI, a cargo del comisionado Carlos Alberto Flores, ejecutó un cateo ilegal -sin la orden de un juez- para arrestar a Salvador Barrón, quien tenía orden de aprehensión por homicidio.
El operativo de captura fue implementado en la casa rentada por “El Tatuado” en Calle Libertadores número 100 de la colonia San Quintín; participaron diez elementos del Grupo Coordinación de Investigación Preventiva.
En su narrativa, los agentes afirmaron llegar a la propiedad y ser recibidos con disparos desde el interior de la vivienda; en el proceso, una supuesta bala perdida penetró por el cuello de Christian Uribe, quien murió minutos más tarde en la caja de un pick-up con número económico 1034 de la corporación, durante su trayecto al hospital.
Luego de la balacera, “El Tatuado” -según la narrativa que los agentes plasmaron ante los agentes investigadores del homicidio- se entregó luego de una serie de comandos verbales por parte de los uniformados, apenas 15 minutos después de que su compañero cayó muerto.
Sin embargo, el dictamen obtenido por ZETA establece elementos para determinar que los hechos no sucedieron de la forma en que son narrados en el parte informativo por los agentes de la GESI.
AGENTES, RESPONSABLES DE LA MUERTE DE SU COMPAÑERO: DICTAMEN
El dictamen particular respaldado por la familia de Christian Eduardo Uribe, establece que la hipótesis del hecho fue manipulada abiertamente por los agentes que participaron en el crimen, e incluso focaliza la acusación hacia los propios policías que participaron en el operativo.
A cargo de él se encuentran los peritos Manuel Torres Cruz y Manuel Roberto Torres Luna, egresados en criminalística de la Escuela de Policía Científica Juan Vucetich, además de contar con una serie de diplomados y cursos relacionados con la materia, los cuales analizaron la carpeta de investigación y una serie de fotografías obtenidas del expediente 0201-2021-07103, con lo que llegaron a la siguiente conclusión:
“Los agentes aprehensores, de la guardia estatal de seguridad, allanaron el domicilio sin orden de cateo y realizaron disparos de arma de fuego a su cargo, sin las debidas precauciones, ocasionándole la muerte al mismo agente de la misma Guardia Estatal de Seguridad, por el rebote de los proyectiles de sus propias armas”.
Además, determinaron que el cartucho que le quitó la vida al policía tiene las mismas características full metal jacket (bala encamisada), por los análisis de los proyectiles encontrados en la parte exterior de la casa, toda vez que, de acuerdo con el dictamen, uno de los proyectiles salió por el lado izquierdo de la puerta de acceso lateral derecho de la vivienda, donde había ladrillos de adobe caído. Allí estaba posicionado el occiso al momento de ser lesionado por un “rozón de proyectil, de los mismos que rebotaron en la pared compuesta de block de adobe y empastado con material de cemento”.
La narrativa de los agentes coincide en que ingresaron al predio y escucharon estampidos de su lado izquierdo, y a consecuencia, repelieron la agresión, obviamente con una trayectoria de derecha a izquierda.
Uno de los uniformados que se encontraba más cerca de la puerta lateral era precisamente Christian Eduardo; al momento de recibir el proyectil, quedó tendido y un lago hemático se formó en el sitio donde su cuerpo cayó.
Personal de la Cruz Roja fue requerido, pero solicitó que retiraran al agente de la escena para atenderlo, toda vez que se trataba de una escena de riesgo. Por ello lo subieron a la unidad y trasladaron hacia el tramo carretero, donde fue declarado muerto en la parte trasera de la patrulla.
Aunque según los peritos, el dictamen del deceso proporcionado por el Servicio Médico Forense (Semefo), carece de un número importante de fotos para establecer el trayecto. En sus resultados se establece que la herida de proyectil ingresó por el lado derecho, de abajo hacia arriba y de enfrente hacia atrás, teniendo como causa de muerte hemorragia aguda ocasionada con una laceración en la yugular, tras el impacto de un proyectil.
El documento en poder de ZETA va más allá, pues tras el análisis del hecho y la posición de los elementos implicados, refiere que los agentes Adrián Torres Espinoza y Ernesto Caballero Santos, se ubican de forma coincidente con el trayecto de las balas que rebotaron en el muro de la vivienda compuesto por block, adobe y una base de cemento, y atinaron en el cuello del oficial caído. Esto se pudo establecer con el análisis del trayecto de los impactos alrededor del ingreso lateral del domicilio, donde ocurrió el hecho.
Para enturbiar más el hecho, los propietarios del predio -que le rentaron al “Tatuado”- y las imágenes que pueden observarse en la carpeta de investigación, coinciden en que los agentes se agenciaron de las cámaras de seguridad que rodeaban el inmueble, lo que imposibilitó observar con mayor certeza el desarrollo del hecho.
Durante las detonaciones, la mayoría de los vecinos estaban en sus viviendas, pero una madre con su hijo pequeño se resguardó pecho tierra, para evadir las balas.
A diferencia de las declaraciones oficiales, Barrón Casillas no se atrincheró para atacar a los agentes, sino que se rindió: el hombre dejó su arma larga en el suelo y levantó las manos, para luego ser sometido desde la ventana frontal de la vivienda, cuando el enfrentamiento ocurrió en la parte lateral.
“No saben con quién se están metiendo, le voy a hablar a mis patrones de Sinaloa, a ‘El Gallo’ y a ‘El Morro’, van a valer …”, les gritó con actitud amenazante, mientras le colocaban las esposas.
Otro dato es que, dentro de la vivienda, los guardias localizaron cuatro armas de distintos calibres. Incluso una de las vecinas de la calle Libertadores acusó que, durante el careo, oficiales de la GESI se metieron a su propiedad y le advirtieron de forma “prepotente” que alejara a su mascota. “Amarre a su perro o se lo matamos”, conforme al testimonio.
En la declaración de los agentes también se indica que no había impedimento para ingresar al predio, cuando en las propias imágenes resulta claro que existe un cerco perimetral y todo el inmueble se encuentra delimitado.
LIBERAN VIVIENDA ANTES DE CONCLUIR INVESTIGACIÓN
Inconformes con la investigación hecha por los agentes del Ministerio Público, familiares de Christian Eduardo Uribe contrataron peritos privados para realizar diligencias en la calle Libertadores, a un costado del Centro del Gobierno del Estado.
Al llegar al sitio del tiroteo, registrado el 11 de noviembre de 2021, el equipo encontró que la propiedad estaba liberada, es decir, sin los sellos de restricción, pese a que continúa abierta la investigación por homicidio.
“En vez de ayudar, que es el trabajo de la fiscalía, están entorpeciendo la investigación o poniendo trabas, porque al liberar se contamina la zona del crimen”, sostuvo Ericka Uribe, hermana del agente fallecido.
Hubo varias situaciones que motivaron a la familia a contratar un peritaje externo, por ejemplo, el hecho de que en la última integración del expediente, el Agente del Ministerio Público pidió la prueba de Rodizonato de Sodio para saber si Christian Uribe detonó un arma de fuego. Es decir, esta revisión no se hizo antes de la sepultura.
“Si fue fuego cruzado, o fuego amigo, que me lo digan. Si fue un accidente, lo entenderé”, recordó la hermana el día que enfrentó a quienes conformaron el operativo.
Aunque la respuesta recurrente entre los agentes participantes es de señalar a “El Tatuado” como el perpetrador del homicidio, la fiscalía no ha presentado pruebas que respalden dicha hipótesis.
Uno de los resultados periciales indicó que hubo una bala de entrada, no así de salida. A pesar de esto, la versión más reciente del Semefo refiere que fue “lacerante”, es decir, un rozón y de un arma larga, pero la ojiva no aparece.
“Que se pongan de acuerdo: ¿Qué es lo que sucedió con mi hermano? Necesito información real, para cuando sus hijos un día me pregunten qué sucedió con su papá, tener una respuesta”, expresó Ericka.
Además, las únicas dos imágenes dentro del expediente de investigación son una ficha, similar a una boleta donde se ve el rostro con herida en el cuello, y otra en la caja del pick-up, donde Christian Eduardo porta su chaleco.
Cuando solicitó las imágenes de periciales, a Ericka Uribe le respondieron que el médico legista era “nuevo e inexperto”, por lo que no capturó imágenes de video. Las autoridades se disculparon y agregaron que, en adelante, eso no pasará en los demás casos.
“No hay foto de autopsia, de peritaje, de entrada y salida de bala, medidas”, acusó la denunciante.
Uribe comparó este peritaje con el de su hermano Noé, donde tuvieron acceso a gran cantidad de fotografías.
La familia ha considerado la posibilidad de solicitar la exhumación del cuerpo de Christian Eduardo con la esperanza de localizar una ojiva que no ha aparecido, acorde con agentes del Ministerio Público a cargo de la investigación. Y a su vez, corresponde a un arma que también está desaparecida, según la versión oficial.
HIJOS DE POLICÍA EN EL DESAMPARO
La familia Uribe García ha vivido una doble tragedia: el 10 de febrero de 2020, Noé Uribe, quien era policía estatal, murió mientras circulaba en una patrulla con otros oficiales. La unidad fue impactada por otra camioneta conducida por Juan Carlos García López, de 28 años, quien a los pocos días quedó libre. Este caso sigue abierto.
Por otra parte, Christian Eduardo dejó dos hijos biológicos que ahora están sin seguridad social o pensión para continuar con sus estudios. Sólo les entregaron un seguro de vida a la familia y uno de los menores tiene problemas de epilepsia.
“Les entregaron el seguro del trabajo, con un porcentaje. No tienen garantías los policías, no hay ningún compromiso con los hijos, son dos de sangre y una de crianza”, comentó uno de los familiares del policía caído.
Los dolientes enfatizaron que, incluso, los costos funerarios fueron pagados por la madre.
Agregaron que los policías estatales están respaldados por una asociación civil, cuyos integrantes se han hecho cargo de ciertos gastos para los menores.
“Estamos respetando al imputado, estamos respetando hasta al Juez de Control y al abogado de oficio porque están haciendo su trabajo. En mi caso, necesito que los agentes del Ministerio Público a cargo se pongan a trabajar, que investiguen y den razones lógicas de la muerte de mi hermano. No quiero una hipótesis”, exigió Ericka Uribe.
Reiteró que el Juez de Control y el abogado de oficio únicamente realizan su trabajo, además de subrayar la importancia de que el Ministerio Público a cargo realice su trabajo para que brinde razones lógicas de la muerte y no meramente una hipótesis.
El 9 de diciembre de 2021 terminó la aportación de pruebas por peritos contratados.
NUESTRO DICTAMEN COINCIDE CON TEORÍA DEL HECHO: HIRAM SÁNCHEZ
Hiram Sánchez Zamora, fiscal central y encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), se dijo respetuoso de las acciones que lleve a cabo la familia Uribe para esclarecer el hecho en el que se extinguió la vida de Christian Eduardo, pero afirmó que el dictamen de criminalística realizado por la institución coincide con la teoría del caso.
“Hay un dictamen en materia de criminalística de campo realizado por la fiscalía que coincide con la teoría de la fiscalía, en el sentido de que el imputado privó de la vida al compañero Christian y no hay algo que con sustento, no te puedo decir si salió positivo sí o no (prueba de Rodizonato de Sodio), la prueba no es una prueba concluyente, no se sí se la hicieron, no sustentamos, no es concluyente”, declaró.
El funcionario argumenta que no puede hablar del caso por la premura de la investigación, pero recordó el incidente y que el presunto responsable se encuentra detenido, bajo proceso judicial, acusado de este y otros asesinatos. Sin embargo, si la investigación se dirige hacia otro rumbo, atenderán de manera responsable.
Agregó que la familia tiene todo el derecho de aportar nuevas pruebas y que la institución siempre se conducirá con transparencia y acompañando a las víctimas directas, aunque el Ministerio Público determinará si esa información se incluye finalmente al caso.
Según el dictamen de criminalística de campo de la FGE, también en poder de ZETA, se puede observar que algunas de las huellas de bala distribuidas cerca de la ubicación de la víctima, no cuentan con características para definir el trayecto del proyectil, aunque existen al menos dos que definen un trayecto ascendente y de derecha a izquierda.
También define que la mayoría de los orificios de bala tienen su origen desde el exterior, y sólo algunos de ellos terminaron por tener un trayecto a la inversa.
