Columna invitada
“Cuando no sopla el viento, incluso la veleta tiene carácter”
– Stanislaw Lem
El debate durante 2019, antes y después de las elecciones constitucionales, era saber si lograríamos tener en Baja California un fiscal verdaderamente autónomo, de avanzada, que viniera de manera efectiva a modernizar la procuración de justicia, cada vez más cuestionada, ineficiente y rebasada. En la sesión ordinaria del 10 de octubre del 2019 del Congreso del Estado, sus diputados le comunicaron a los bajacalifornianos que esto no sería posible.
La contundente mayoría morenista logró reformar la Constitución para poder designar en el cargo de Fiscal General del Estado, al compadre del gobernador Bonilla, eliminando el requisito de máxima edad de 65 años con el que no cumplía el mejor amigo del Ejecutivo. Así, contrario al pudor democrático y el carácter abstracto y general de las leyes, se reformó nuestra Carta Magna local a modo, según el interés del único y verdadero poder en turno; sin contrapeso alguno por parte del legislativo, que solo utiliza como estribillo de retórica discursiva, lo que verdaderamente debería de representar y vergonzosamente le es indigno, la soberanía del pueblo.
Apenas pasaron dos años de dicha manipulación constitucional y política cuando, en una amnesia degradante y con total impunidad, gran parte de los legisladores que reelectos hoy ocupan la misma curul que el 2019, pero con distinta gobernadora; vuelven a cambiar los requisitos constitucionales para ser Fiscal General del Estado, según el nuevo poder supremo, el que cuenta: el de la hoy gobernadora Ávila Olmeda. En una comilona absolutista, de nueva cuenta vuelven a tratar a la Constitución como una servilleta de papel y sobre la misma, con pluma prestada por un mesero, rediseñan los requisitos de Ley para un perfil específico, a petición de quien paga la cuenta; iguales que en el festín del antecesor al que antes obedecían y hoy repudian.
Y como creen que el pueblo de Baja California no tiene memoria histórica, ni siquiera de 24 meses, en el colmo del cinismo y la falta de vergüenza pública, hoy critican y denuncian el anterior perfil de Fiscal General –¡que ellos mismos crearon!– para ahora recetarle a los bajacalifornianos (en pleno 23 de diciembre del 2021, en una sesión del Congreso diseñada para pasar desapercibida), la eliminación del requisito de experiencia como abogado de por lo menos diez años de ejercicio.
Simulan que lo modifican por uno sí menor de cinco años, pero de “experiencia especializada” en investigación y procuración criminal, cuando, para quien conoce la ley, resulta evidente que ese nivel de “especialidad” se podía observar sin modificarle una coma a la Constitución, con una propuesta sensata por el Ejecutivo y un proceso de selección de altura por el Legislativo. Además de que dicho diseño carece de lógica constitucional, tomando como referencia los requisitos que nuestra máxima norma establece en su artículo 60 para ser considerado como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baja California; cargo de análoga trascendencia jurídica y especialidad, donde por un lado, sí se establece y mantiene el tope de edad de 65 años y en el que los diez años de experiencia (no cinco) deben de demostrarse en relación con la naturaleza del cargo a desempeñar, ponderados precisamente al momento de su selección. Desnudándose con esto, nuestro Congreso Carnal, obsequiando el mismo platillo, pero condimentado al gusto de dos distintos gobernantes, en apenas dos años.
Y sí a esto le sumamos que apenas el pasado 18 de noviembre, el mismo restaurante, oficina de tramites o indigno Congreso, reformó la mancillada Constitución de Baja California para regresar al esquema de una Secretaría de Seguridad Pública o Ciudadana independiente a la estructura de la Fiscalía General, que apenas dos años antes le habían incrustado esa función, utilizando exactamente las mismas premisas, justificación y discurso para hacerlo (ahora sí la seguridad pública será de prioridad y resultados)… Esto es simple y sencillamente un bacanal romano en las narices de una Baja California, a la que solo le falta ver quien representará a Dionisio, dios pagano de los excesos, en las próximas elecciones. Porque el Congreso del Estado es en la actualidad, una institución sin decoro o vergüenza alguna.
Ya sea en la última legislatura de mayoría panista o la reciente y consecutiva de Morena, la circunstancia es la misma: se encarnan, para convertirse en una carísima extensión del Poder Ejecutivo. Un Congreso del Estado que sin dignidad, de rodillas, por un poder político efímero y canonjías personalísimas, olvida su papel histórico, sirviendo al gobernante en turno como veleta, modificando posturas documentadas, sin importarles la constancia y anécdota de su incongruencia. Abandonando la voz del ciudadano que los eligió para ser contrapeso y fiscalizador autónomo al -desde hace ya años- poder absoluto del Ejecutivo en Baja California… y sin viento opositor, hasta la veleta resulta con carácter.
Héctor R. Ibarra Calvo es mexicalense, abogado postulante y catedrático de Amparo en Cetys Universidad. Ha sido regidor en el XXII y XXIII Ayuntamiento de Mexicali.
Correo: hectoribarra@idlegal.com.mx Twitter: @ibarracalvo
