La familia Olivas Rivas reside en la calle Huajucori de la colonia Azteca en Tijuana. Hace tres años abrieron una tienda de abarrotes, Evylu, en el frente de su vivienda. Desde el sábado 13 de noviembre, la familia se encuentra privada de su libertad en su domicilio, ya que a las nueve de la noche, en el interior de los abarrotes, falleció el joven Gael Clemente Palomera Gallegos, de 16 años. No lo mataron, el chamaco fue baleado en las cercanías, y en sus últimos respiros se introdujo en la tienda para protegerse del ataque. Ahí cayó muerto. Más tarde llegarían elementos de la Fiscalía General del Estado, y mientras realizaban las indagatorias, el domicilio de los Olivas Rivas fue acordonado; en el único acceso al lugar se colocaron sellos de aseguramiento, quedando bajo resguardo, también, la pareja y una menor de ocho años. A los propietarios de la tienda se les advirtió que no debían violar los sellos, so pena de sanción. De eso han transcurrido seis días, y el personal de la FGE ni se ha presentado al lugar, ni han retirado los sellos, por lo que la familia, temerosa que algo les suceda si quitan los sellos, no ha podido salir de su hogar. Los Olivas contrataron los servicios de un despacho de abogados para resolver su situación. Los litigantes acudieron a la FGE y solicitaron hablar con el jefe de Homicidios, pero los atendió el Ministerio Público Alan Ponce, quien después de varias horas de espera y mostrar evidencias, les respondió: “No quitaré el sello ni liberaré a las personas dentro. No me importa si hay una menor, así tenga que pasar un mes. Hagan lo que proceda”. Ante tal respuesta, los abogados presentaron un amparo y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero mientras se resuelve, la familia sigue sin salir de su hogar. Y a como son de lentas las investigaciones, no saben para cuándo podrán hacerlo.
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