Guerra de cárteles en Michoacán

Edición Impresa lunes, 22 noviembre, 2021 12:00 PM

Tierra Caliente, Zamora y la Sierra de los Reyes se encuentran bajo fuego entre autodefensas y el CJNG. Autoridades y habitantes reconocen que policías comunitarios son financiados por Cárteles Unidos. Drones con explosivos, “monstruos” con blindaje artesanal y armamento de guerra, aderezan la violencia en la entidad. Funcionarios, políticos, policías, militares y personas ajenas a los conflictos no escapan a los sucesos. Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, solicita apoyo del Ejército y Guardia Nacional para desarmar a autodefensas

Atrás quedó la sombra de la muy probable intervención del crimen organizado en la elección de Michoacán. También pasaron casi cinco meses de la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a esa entidad para advertir a sus habitantes que no caigan en provocaciones de los grupos delictivos. Los comicios y la gira presidencial pasaron, pero la violencia y la zozobra se quedaron sin respuesta ante la disputa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y miembros de Cárteles Unidos disfrazados de autodefensas.

Medios de comunicación dan cuenta de nuevos enfrentamientos a balazos o con explosivos de manera constante. La tragedia que envolvió a once personas que fueron ejecutadas el 1 de noviembre sobre la carretera Tarecuato-Los Ucares, en la región indígena del municipio de Tangamandapio, cimbró a la sociedad michoacana y a la del país. Entre las víctimas había nueve jóvenes menores de 20 años de edad, en una masacre que no tiene visos de que vaya a ser aclarada.

Como ese multihomicidio, se han registrado eventos criminales de alto impacto por la disputa territorial de las organizaciones de narcotraficantes que ahí confluyen. Sin embargo, las secuelas para los pobladores no son conocidas más allá de sus fronteras estatales. El desplazamiento de comunidades enteras, o, por el contrario, aquellas que quedan atrapadas entre dos fuegos sin poder salir e intentar el escape. El problema se agudiza en Tierra Caliente, donde es histórica la violencia que se vive desde hace mucho tiempo.

Hay rancherías que han quedado sin suministro de víveres, sin agua y sin energía eléctrica en los municipios de Aguililla y Tepalcatepec por las acciones de la delincuencia organizada que destruye las vías de comunicación o se parapeta en sus alrededores para emboscar a sus adversarios, como se reporta en los casos de El Mentidero, Los Pozos y Montoso, cuyos habitantes ven mermada su producción de alimentos para autoconsumo y se han tenido que comer sus animales para subsistir.

Han aguantado, como se los propuso López Obrador aquel 9 de julio reciente en Aguililla, de no caer en provocaciones por los enfrentamientos entre militares y células criminales, o entre estos mismos. Aún recuerdan las palabras del mandatario: “No es el camino la violencia. No es con la confrontación como se van a resolver los problemas, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Entonces, hay mucha provocación, pero estamos actuando con responsabilidad. ¿Cuál es el llamado que vuelvo a hacer? Que no se caiga en ninguna provocación”.

Después de esa visita, los abrazos no sirvieron de mucho y los balazos aumentaron de tono. En agosto, el enfrentamiento entre un grupo delictivo y soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional arrojó un saldo de un militar y seis civiles muertos en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, misma región donde fueron ejecutadas las once personas al empezar noviembre. Previo a este hecho, el 18 de octubre, fueron asesinadas seis personas, entre ellas un policía, durante una balacera en Morelia, la Capital.

 

 ¿AUTODEFENSAS?

Bajo aquella emergencia que obligó a la sociedad civil a defenderse de Los Caballeros Templarios erigiéndose como grupos de autodefensas o policías comunitarios a finales de 2013 e inicios de 2014, hoy prevalecen organizaciones de presunta defensa civil en Tierra Caliente que pretenden contener los embates del CJNG, que no se conforma con tener el control de ciertos territorios, sino que quiere el botín completo. Esos llamados autodefensas presuntamente son controlados por narcotraficantes opositores, señalan algunos involucrados y las autoridades.

Con un financiamiento anónimo que sólo es posible que provenga de apoyo de narcotraficantes de los grupos que conforman Cárteles Unidos, entre los que están Los Viagra, La Familia Michoacana y los remanentes de Los Caballeros Templarios -liderados por el presunto capo Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”-, las autodefensas dan pelea al poderoso CJNG de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” con armamento e instrumentos tecnológicos que los militantes no podrían costear de su propio pecunio.

Unos policías comunitarios que cuentan con armas como Barrett calibre .50, lanzacohetes RPG y morteros hechizos con alerón para que tome mejor dirección, han recrudecido los enfrentamientos. Camionetas blindadas, parque suficiente para combatir y el pago de hasta mil pesos diarios a pobladores que hacen guardia para no ser sorprendidos por los de Jalisco. Los drones realizan una función más efectiva que la de los conocidos “halcones”. Sólo a algo han manifestado tener miedo los metidos a autodefensas: a los “dronazos” con explosivos.

Y es que, en contraparte, el músculo del CJNG es mostrado a través del uso de “monstruos”, vehículos grandes con blindaje artesanal para el ataque de las barricadas y bunkers de Cárteles Unidos. Para operar los drones y prepararlos con su carga explosiva, la organización criminal cuenta con expertos de todas las confianzas de “El Mencho”. Son conocidos como “Flaco Drones” y “Gordo Drones”.

Los aparatos no tripulados son conocidos como “agüita grande”, en caso de tratarse de un dron de buen tamaño, y “agüita chica”, los drones más pequeños.

Las Fuerzas Armadas han advertido que en su sistema de radiocomunicaciones, el CJNG recurre a las claves operativas de la Policía Estatal de Jalisco para interactuar tanto en esa entidad como en los estados de Occidente del país. También se cuenta con información de Inteligencia en el sentido de que los narcotraficantes utilizan en parte de sus tropas a personas que fueron víctimas de desaparición forzada en diversos municipios del territorio jalisciense.

El 15 de noviembre, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que no tolerará la presencia de grupos armados, aunque se autodenominen como policías comunitarios o autodefensas, por lo que ya solicitó apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para desarmarles. Calificó la actividad de estas guardias civiles como “un montaje, un camuflaje casi siempre para actividades ilícitas”, e identificó su presencia en Tierra Caliente, Zamora, Sierra de los Reyes y municipios como Ario de Rosales, Salvador Escalante, Pátzcuaro, Ziracuaretiro y Uruapan.

 

ESTADO DE SITIO

La violencia que se genera entre las diversas facciones criminales va más allá de los combates en las zonas rurales o despobladas y de las carreteras. Las noticias trágicas son el pan de cada día en tierras purépechas. No escapan a los sucesos funcionarios, políticos, policías, militares y, desde luego, personas ajenas a los conflictos. Así comenzó el año, pero precedido de eventos cargados de una inercia de años sin que se consiga la paz.

El 6 de enero fueron asesinados por un grupo de hombres armados en la costa de Maruata, Juan Hernández Ramírez, ex alcalde de Aquila, y su hijo. Siete días después fue encontrado el cadáver de un mando militar en Múgica. El 16 de enero, localizaron dos cuerpos de un hombre y un adolescente torturados en Jiquilpan, y en Cotija, otras tres personas ajusticiadas con signos de tortura. Al día siguiente cuatro personas fueron asesinadas en Zitácuaro, y el 26 de ese mes tres, sujetos fueron acribillados frente a Palacio Municipal en Cotija. Enero cerró el día 27 con un cuádruple homicidio en Jacona.

El director regional del Registro Público de la Propiedad en Morelia fue victimado el 9 de febrero. El 17, en Salvador Escalante, fueron localizados cinco cadáveres con huellas de tortura. A los dos días, un comando armado asesinó a tres personas en Zamora; el 23, hallaron otros tres cuerpos en Pátzcuaro; el 25 se reportó el hallazgo de cinco cadáveres nuevamente en Zamora; y al día siguiente, sobre una carretera, en Tacámbaro, encontraron seis cuerpos torturados.

En el municipio de Aguililla, el 1 de abril, fueron asesinadas y decapitadas ocho personas tras un enfrentamiento armado. El día 5 encontraron cinco cadáveres de jóvenes en Tangamandapio; el 14, en una barbería de Maravatío, fueron asesinados tres hombres, entre ellos el regidor Xicoténcatl Dante Duarte Palacios. Mayo fue prolífico en hechos sangrientos, con varios de ellos perpetrados el día primero, como la ejecución y calcinación de siete personas en un enfrentamiento entre grupos delictivos en Hidalgo, Michoacán; el hallazgo de cinco individuos desmembrados en bolsas de plástico en Zamora; y la intercepción de vehículos de carga y comerciales para incendiarlos sobre la carretera y en el centro de Uruapan

El 4 de mayo, un grupo criminal atacó con drones y explosivos a habitantes de la comunidad Pinolapa, en Tepalcatepec; el día 11, localizaron a dos mujeres y un hombre desmembrados en la cajuela de un taxi, en Zamora; el 13, empistolados asesinaron a cuatro hombres y una mujer en Sahuayo; el 14, mataron el ex jefe de la Tenencia de la Tierra en Tarecuato, en Tangamandapio; el 17 fueron ejecutados a tiros ocho hombres y una mujer en Zitácuaro; el 19 fue asesinado el director, el jefe de seguridad, el jefe de custodios y un custodio del penal de Lázaro Cárdenas; el 20, soldados del Ejército Mexicano fueron atacados con un dron y explosivos en Aguililla; y el 22, miembros de la delincuencia organizada atacaron con explosivos la Comandancia de la Policía Municipal de Tangancícuaro.

Junto con Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México y Chihuahua, Michoacán es una de las entidades que aglutinan el 50% de los homicidios en el país. Cada mes sale a decirlo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Icela Rodríguez. Además, el Estado registra un promedio de cinco personas desaparecidas por día y, recientemente, en Tepalcatepec, se sabe que hay niños que no han podido regresar a las aulas porque las escuelas permanecen cerradas ante las constantes balaceras.

 

LA ESPOSA DE “EL MENCHO”

La detención en Zapopan, la noche del 5 de noviembre, de Rosalinda González Valencia, esposa del líder del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, alias Nemesio Oseguera Cervantes, es considerado por analistas como un fuerte golpe a la organización criminal, por tratarse de una de las principales operadoras financieras junto con sus hermanas y hermanos “Los Cuinis”; sin embargo, estiman no tiene ninguna incidencia en la narcoguerra que se vive en Michoacán.

Rosalinda, que ya había estado presa durante tres meses tras ser detenida a finales de mayo de 2018 en Zapopan, se une a los familiares en primera línea del “Mencho” que se encuentran privados de la libertad. Los hijos de ambos se hallan en prisiones de Estados Unidos: Rubén Oseguera González “El Menchito”, extraditado a principios de 2020 y Jessica Johanna, de los mismos apellidos, aprehendida en ese país cuando buscaba estar cerca de la audiencia de su fraterno.

También han pisado la cárcel en México y en otros países, los hermanos de Rosalinda: Abigael, Elvis (actualmente libre), Gerardo (en Uruguay), José María (en Brasil), Arnulfo y Ulises Jovanni González Valencia. Igual que Antonio Oseguera Cervantes “Tony Montana”, hermano de “El Mencho”.

La mujer de Rubén o Nemesio fue capturada con base a una orden de reaprehensión girada en un Juzgado Penal de Control y Oralidad, luego que dejara de presentarse a firmar en el proceso que se le sigue por operaciones con recursos de procedencia ilícita y que había ameritado su encarcelamiento hace más de tres años. Gozaba de la libertad bajo caución que le fue otorgada el 7 de septiembre de 2018, al revocarse la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijársele una fianza por un millón 581 mil 031 pesos, misma que no tuvo reparo en exhibir en aquella fecha.

González Valencia fue remitida al Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil en Coatlán del Río, Morelos, mismo sitio en el que ya estuvo recluida anteriormente y donde fue notificada por un juez federal de Control radicado en esa entidad, de la nueva medida de prisión preventiva justificada decretada en su contra, lo que le impedirá durante el tiempo que dure su proceso regresar a la calle.

Luego de la detención de Rosalinda se ha registrado una serie de eventos desafortunados en Zapopan, Jalisco, como la desaparición de dos elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, un hombre y una mujer que aguardaban el regreso de su superior, y un capitán que ingresó a una tienda de autoservicio a realizar unas compras y fueron privados de la libertad por sujetos armados. Su búsqueda desató una serie de operativos de búsqueda por parte de las Fuerzas Armadas y versiones, sin confirmar, de que el levantón fue una venganza por la detención de la mujer.

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