El abogado Carlos Atilano Peña deploró que el procedimiento expropiatorio, efectuado el 26 de octubre, se haya llevado a cabo un día después de publicarse el decreto correspondiente. Expuso que el argumento del Gobierno del Estado, referente a que el inmueble se estaba fraccionando, se viene abajo toda vez que los representantes de la Liga deportiva sustentan la propiedad del terreno en una escritura pública, de manera que podían vender siempre y cuando preservaran el área destinada a la práctica del deporte. Jaime Bonilla tendrá que pagar más de 300 millones de pesos de indemnización
Para el abogado Carlos Atilano Peña, la expropiación de los campos de beisbol de Playas de Tijuana, emprendida por el gobierno de Jaime Bonilla Valdez el martes 26 de octubre, constituyó “un acto autoritario”, pues el procedimiento obedeció al argumento de que el terreno estaba siendo fraccionado para su venta, con todo y que la Liga deportiva a cargo “podía disponer del inmueble” siempre y cuando preservara la sección destinada a la práctica del deporte, manifestó el litigante en entrevista con ZETA.
Sobre la toma de posesión de la superficie, consistente en 38 mil 720 metros cuadrados, el decreto expropiatorio establece que fue declarada de utilidad pública, toda vez que “de manera irregular” apareció subdividida en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, siendo que en 1993 se le entregó en comodato a la Liga de Beisbol El Buen Vecino de Playas de Tijuana, AC, a raíz de un convenio celebrado por la empresa INCOBUSA y la asociación civil, con el objeto social de “conservar en excelentes condiciones los campos y las instalaciones deportivas”, así como de no cambiar su destino.
Según indica el decreto, 3 mil 630 metros cuadrados fueron otorgados a Vanessa Lizette Rodríguez, en razón de un juicio de prescripción en el curso del cual el presidente de la Liga, Raúl Cervantes Rodríguez, “indebidamente” se allanó en el expediente 117/2017 del Juzgado Segundo Civil de Tijuana, en aras de que “a esta ciudadana se le otorgue la propiedad”.
El mismo martes 26 de octubre, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, afirmó vía comunicado que la administración estatal se encontraba investigando “la versión de que otra franja, de 10 mil metros cuadrados, también fue vendida en 2 millones de dólares”, lo cual aún no se había comprobado, aunque aludió a un documento expedido por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio referente a que la Liga deportiva se acreditó “como vendedor del terreno” a favor de “un comprador cuya razón social es City Market Desarrollo, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable”.
De manera que “se demuestra que poco a poco se ha estado seccionando” el bien inmueble “que fue dado en comodato a fin de que la juventud de Playas de Tijuana lo utilice como campos para la práctica del beisbol”, arguyó Rodríguez Lozano, para agregar que esta subdivisión “se ha hecho con la clara intención de lucrar indebida e ilegalmente; por todo lo anterior, el gobernador Jaime Bonilla reitera que dicho inmueble seguirá estando a disposición de los jóvenes tijuanenses que practican dicho deporte”.
En el decreto publicado el 25 de octubre, se asentó que los predios que conforman el Lote 1 fracciones 1A-1, 1A-2 y B, Manzana 53, del fraccionamiento Sección Jardines del Sol, con extensiones respectivas de 25 mil 090, 10 mil y 3 mil 630 metros cuadrados, “se expropian de oficio a favor del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, por causa de utilidad pública y beneficio social”.
De acuerdo con la disposición publicada en el Periódico Oficial del Estado, “conforme al déficit general de áreas verdes” que enfrenta Tijuana, el inmueble “abatirá en un 11.77% los requerimientos actuales de superficie” y se dispondrá para la construcción y habilitación del parque de área verde y unidad deportiva de Tijuana, el cual contará con un campo para la práctica de beisbol (cuando actualmente el terreno alberga dos campos).
En la óptica del Gobierno de Estado, “los citados predios concentran las condiciones más favorables para la instalación de un equipamiento de Espacio púbico en modalidad de parque y unidad deportiva”. El “único concepto poco favorable” que se le atribuía al inmueble, era que su tenencia fuera de propiedad privada.
REPRESENTANTES DE LA LIGA “SON LOS DUEÑOS, ELLOS PUEDEN DISPONER”: ATILANO
El abogado Carlos Atilano Peña, coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes, al que pertenece la Liga de Beisbol El Buen Vecino de Playas de Tijuana, AC, asentó que los representantes de la asociación civil habrían estado en condiciones de vender parte del terreno que les fue cedido, en vista de que recibieron “una escritura en calidad de donación”, de modo tal que “son los dueños, ellos pueden disponer de ese inmueble”.
Además, el contrato mediante el cual procedió la donación posteriormente se elevó a escritura pública, con lo cual los representantes de la Liga “aparecen como dueños en el Registro Público y ya pueden defender la propiedad”.
Observó que, al adquirir el terreno, obró de por medio el compromiso de que se siguiera “utilizando para los campos de béisbol”. En caso de que hayan vendido la sección consistente en 10 mil metros cuadrados, tal como sugirió el secretario Rodríguez Lozano, de cualquier forma, ahí ya no se podía habilitar otro campo deportivo.
“Esa superficie no les daba para otro campo de beisbol, (en dado caso) prefirieron sacrificar una parte para mantener los campos en funcionamiento”, mencionó.
En lo particular, dijo, se le ha hecho saber que la Liga efectivamente vendió esa sección: “No estoy bien enterado ni he comprobado, pero me han dicho que sí hubo una venta para cubrir gasto de impuesto federal, gastos de cercado, de mejoramiento de las canchas, de las instalaciones, de acondicionamiento del terreno y del pago de escritura, que fue mucho dinero”.
Recalcó que “la Liga recibió en propiedad el inmueble a través de una donación, y ya como dueños ellos se sienten con derecho a disponer para mejoramiento de los campos que ya están ahí (…) los 25 mil metros, que es donde está el espacio de dos campos de beisbol, se ha mantenido a favor de los jóvenes y los niños, y así va a seguir”.
De la presunta gestión indebida a la que aludió el Gobierno del Estado en el Decreto Expropiatorio, Atilano Peña indicó que una persona o sociedad ajena a la Liga “inventó un contrato” y demandó a INCOBUSA (que para entonces figuraba “como dueño original”) en un afán de que esa fracción (de 3 mil 630 metros cuadrados) prescribiera.
“Cuando se da cuenta la Liga, se opuso, hubo hasta golpes, cercos, ponían y quitaban, pero la Liga no pudo defender debidamente eso porque no tenía escritura, entonces procede la prescripción, inmediatamente que procede la prescripción, venden la escritura pública y ya hay un tercero adquiriente de buena fe”, expresó.
A decir de Atilano Peña, quien en el proceso electoral 2020-2021 contendió por la gubernatura al amparo del Partido de Baja California, “la Liga resultó perjudicada al privársele quizás de la fracción más importante o de mayor plusvalía (la de 3 mil 630 metros cuadrados), porque es la que da con la Avenida Paseo Playas”.
Sobre quien pudo incurrir en acción indebida con un falso contrato, el abogado se limitó a decir: “Me han manejado tantos nombres, se habla de un ingeniero (de apellido) Ochoa, se habla de una mujer, te estoy hablando de un litigio de años”.
Por otro lado, lamentó que después de un día de haberse publicado el decreto, se haya procedido con la expropiación, sin dejar margen para que los afectados se prepararan para defenderse. Sin embargo, el Gobierno del >Estado había argumentado que, a partir de un decreto anterior del 14 de octubre, ya se les había extendido plazo para hacer valer su derecho de garantía.
En opinión del litigante, el concepto de utilidad pública para llevar a cabo la expropiación no se sustenta, “Playas de Tijuana es de las pocas comunidades que más o menos cumplen con la normatividad de parques, creo que hay 22, y privar a un campo de beisbol no tiene sentido”.
GRUPO MÚZQUIZ, SIN “INTERÉS JURÍDICO” EN LOS CAMPOS
El entrevistado aseguró que el Grupo Múzquiz, a cargo de un proyecto de desarrollo inmobiliario en las proximidades de los campos de beisbol, “carece de cualquier interés jurídico” en estos.
Ello en razón de que había circulado la versión de que una vez expropiado el Lote 1, Manzana 53, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, así como el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, venderían a un precio elevado los predios en cuestión, para que la constructora desarrollara área verde como requisito para edificar.
El terreno catalogado como propiedad privada “sí corresponde a Grupo Múzquiz y está en la parte hacia el Oeste del lado de la playa, pero no forma parte de la manzana de Liga de Beisbol de Playas de Tijuana”, sostuvo Carlos Atilano.
Del área jurídica de la empresa, se le informó que en Grupo Múzquiz “no existe la posibilidad de que ellos vayan a adquirir ese predio, porque están batallando con el predio que ya tienen (contemplado para área verde, el Arroyo Playa Norte) y no quieren meterse a otra situación complicada”.
Añadió que para él “era importante aclarar ese tema”, en vista de que “lo estábamos vinculando con información que traían los directivos de la Liga, de que tenían temor de que ese predio (Lote 1, Manzana 53) fuera a ser utilizado para meterse Múzquiz y pudiera desarrollar el área verde”.
Dijo entender que el inmueble “no se va a vender a Grupo Múzquiz y no se va a vender en este corto plazo que ya le queda al gobernador Bonilla”.
ZETA buscó por diversos medios a Amador Rodríguez Lozano, así como al gobernador de Baja California, en el ánimo de que informaran de dónde se obtendría el recurso para indemnizar por fracciones expropiadas. No obstante, los funcionarios estatales ni siquiera atendieron las solicitudes.
INDEMNIZACIONES
En Playas de Tijuana, el valor catastral (inferior al comercial) en el área correspondiente es de 5 mil 375.91 pesos por metro cuadrado, conforme a la Ley de Ingresos para el Municipio de Tijuana para el Ejercicio 2021.
Conforme al Decreto Expropiatorio, la fracción expropiada 1A-1 tiene un valor de 8 mil pesos por metro cuadrado, lo que arroja un monto total de 200 millones 720 mil pesos por concepto de indemnización, habida cuenta de los 25 mil 089.955 metros cuadrados que comprende.
La fracción 1A-2, con mismo valor por metro cuadrado, implica un monto total por concepto de indemnización de 80 millones de pesos (en razón de 10 mil metros cuadrados); en tanto que la B, con mismo costo por metro cuadrado, quedó valuada para su indemnización en 29 millones 040 mil pesos (con base en sus 3 mil 630 metros cuadrados de extensión).
En tal caso, el Gobierno del estado, a concluir periodo de mandato el 31 de octubre, habrá de pagar 309 millones 760 mil pesos.
“Me imagino que deberían indemnizar a la Liga por los 25 mil metros, al tercero de buena fe por los 3 mil 700, y a quien haya comprado de la Liga esos 10 mil metros, que ya hayan escriturado, siempre y cuando”, remató Atilano Peña.
