Pasivos del Estado suman 30 mil 597 millones de pesos; dejar la obligación financiera de la planta solar fotovoltaica añadirá otros 10.8 mil millones. Entre las deudas de gasto corriente que detectó el equipo de transición, destaca un adeudo por más de 8 mdp por consumo de agua del gobierno de Jaime Bonilla, con todo y su dicho de que “en Baja California, todos pagan”
El gobernador Jaime Bonilla Valdez dejará una deuda directa de largo plazo de 15 mil 500 millones de pesos, estimó Marco Antonio Moreno Mexía, próximo secretario de Hacienda del Estado de Baja California.
La deuda financiera está compuesta básicamente de la reestructuración de créditos por 12 mil 500 millones de pesos de 2020 y la contratación de créditos por 3 mil millones de pesos para infraestructura autorizada por el Congreso local en abril de 2021, explicó en entrevista con ZETA.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que la deuda contratada en 2021 por Bonilla Valdez es la tercera más elevada del país. Posición que comparte con Guanajuato, sólo debajo del Estado de México (6 mil 500 millones de pesos, mdp) y Morelos (6 mil 439 mdp).
Si sólo se considera a las entidades donde hubo transición este año, la deuda que heredará Bonilla Valdez a la también morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda es la quinta más elevada, detrás de la que se dejó en Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Michoacán, según datos de Aregional y Moody´s.
El economista Enrique Rovirosa Miramontes destacó que, con las cifras de la propia Secretaría de Hacienda estatal, se observa un incremento de 42% durante la gestión de Bonilla Valdez, ya que la deuda directa de largo plazo pasó de 10 mil 201 mil 701 pesos en octubre de 2019, a 14 mil 468 millones 869 pesos al cierre de agosto de 2021.
Aunque administraciones anteriores también aumentaron sustancialmente la deuda de Baja California, no fue por un periodo tan corto como el del gobierno saliente, de dos años.
Esta administración recibió más recursos federales que otras anteriores, por lo que no existe otra justificación para tal aumento que el “mal manejo financiero hecho por la administración de Jaime Bonilla Valdez”, aseveró.
APP DE PLANTA SOLAR SUPERA A LAS 4 CONTRATADAS POR “KIKO” VEGA
El 15 de octubre de 2020, el gobierno estatal registró la obligación financiera relacionada con la Asociación Pública Privada (APP) de la planta fotovoltaica con la empresa Next Energy de México, SA de CV por 10 mil 848 millones 401 mil 236 pesos. Cantidad que supera el monto de las cuatro APP registradas por la administración del panista Francisco Vega de Lamadrid por 10 mil 038 millones 406 mil 482 pesos en total.
Para Rovirosa Miramontes, la obligación financiera con Next Energy debe considerarse en los pasivos que heredará Jaime Bonilla; sin embargo, otros analistas consideran que esa APP, junto con la de Aguas de Rosarito, SA y Relogar, SA, no están listas y, por tanto, no deben sumarse a la deuda de largo plazo, pese a encontrarse registradas ante la SHCP, aunque no descartan que pudieran convertirse en un pasivo en el futuro.
Las APP que por el momento deben sumarse, son las contratadas con Inver Infraestructura, SA de CV y Desaladora Kenton, SA de CV, cuyo saldo conjunto ascendía a mil 078 millones 768 mil 253 pesos al 30 de junio de 2021.
Con ello, el pasivo total del Estado -compuesto por la deuda financiera pública, al Issstecali, al gasto corriente, a organismos operadores del agua y a otros rubros- habría alcanzado los 30 mil 597 millones 903 mil 389 pesos, equivalentes a la mitad del presupuesto de 2022, estimado en 60 mil millones de pesos.
Analistas consultados por este Semanario, opinan que la APP de la planta solar por 10.8 mil millones de pesos e impulsada por Bonilla Valdez, presionará más las finanzas públicas estatales. El próximo secretario de Hacienda dijo a ZETA que el gobierno entrante echará atrás el proyecto por representar “un mal negocio para el Estado”, ya que las principales condiciones del contrato “están totalmente a favor de la empresa privada”.
MIL 951 MDP EN ADEUDOS DE GASTO CORRIENTE
Al noveno mes del año, el equipo financiero de la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda detectó un adeudo de mil 951 millones 57 mil 534 pesos en rubros de gasto corriente.
El más oneroso correspondió a la falta de transferencia de recursos de organismos autónomos por 536 millones 205 mil pesos, seguido por el adeudo del gobierno central hacia las paramunicipales (491 millones 56 mil pesos).
ZETA solicitó información a instituciones como UABC, IEBC, CEDH, FGE, ITAIPBC y TJE. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) indicó que, hasta el cierre de edición, jueves 28 de octubre, el gobierno estatal adeudaba un millón 17 mil 739 pesos destinado a cubrir gastos operativos (gasolina, gastos de oficina y viáticos, etcétera), correspondientes a los meses de enero, junio y octubre de 2021, sin que esto comprometiera la operatividad. En tanto, lo relativo a nóminas “está cubierto al cien por ciento”, añadió.
Por su parte, Jesús Alberto Sandoval, presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC), señaló que “en cuanto a nómina y gasto corriente, no hay adeudo, se nos están entregando los recursos oportunamente”; sin embargo, confirmó que está pendiente lo de las multas impuestas por 214 mil 172 pesos, actualmente en proceso.
Explicó que no hay plazo para ello y que el Instituto no está facultado para cobrarlas directamente, por lo que la única vía es la Secretaría de Hacienda luego de ser localizadas, revisadas y hasta entonces canalizadas al ITAIPBC. “Es un tema que deberá revisarse con la próxima administración, para hacerlo más fluido”, añadió.
Al Instituto Estatal Electoral (IEE) se debían 8.3 millones de pesos, sin que dicho monto “afecte, de momento, la operatividad”.
A septiembre, los datos del equipo de transición también registraron que el gobierno estatal no había entregado 265 millones 738 mil pesos destinados a ayuda sociales a personas con discapacidad, adultos mayores y becas a estudiantes. En obra pública, la administración adeudaba 135 millones 849 mil pesos.
Al Poder Judicial le debían 74 millones 538 mil 424 pesos, y al Legislativo, 29 millones 576 mil pesos. Entre los adeudos detectados a proveedores por el gobierno entrante, destacan: 61.4 millones de pesos por asesorías externas; 36.4 mdp a medios de comunicación; y 35.6 mdp de apoyos a ciencia y tecnología.
Así como 20 millones de pesos a organizaciones no gubernamentales; 19.5 mdp por concepto de placas, licencias y tarjetas de circulación; 10.9 mdp por arrendamiento de vehículos; 10.8 mdp por gasolina y 1.3 mdp por hoteles.
Mención aparte merece el adeudo del gobierno estatal por consumo de agua, que ascendió a 8 millones 635 mil 170.93 pesos al 30 de septiembre. Situación que contradice el cacareo de que “en Baja California todos pagan” de Bonilla Valdez.
ADEUDOS CON FIDEICOMISOS; ILEGAL PAGO EN
ESPECIE
La administración de Bonilla Valdez también mantenía un adeudo por 62.7 millones de pesos con el Fideicomiso del Fomento Agropecuario (FIFABC), y de 7.8 millones de apoyos para inversión.
El equipo de transición de la gobernadora Ávila Olmeda no contabiliza en este rubro el adeudo con el FIDEM, Fitur y Fondos BC, toda vez que el gobierno estatal pagó en especie 496 millones de pesos otorgando terrenos en diferentes puntos de la entidad.
Sin embargo, el presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), Luis Lutteroth, denunció que el gobierno de Bonilla incumplió con la instauración de un nuevo fideicomiso que permita vender los terrenos y captar los 200 millones de pesos que se dejaron de monetizar, por lo que consideró que está pendiente la deuda del Estado, misma que imposibilitó la ejecución de proyectos, refirió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Rubio Rangel.
“El recurso del FIDEM (Fideicomiso Empresarial de Baja California) equivale al 5% del Impuesto Sobre Nómina, este impuesto fue debidamente pagado al 100%, en algunos casos hasta con la ilegalidad que cometieron al duplicarlo de un año a otro. Se pagó todo, pero el gobierno lo debió y al final lo intentó pagar en especie”, dijo el líder empresarial, quien señaló que el sector privado hará las gestiones con el gobierno entrante a fin de que se salde la deuda.
Este tema puede considerarse pendiente e ilegal, opinó el economista Enrique Rovirosa, ya que los fideicomisos, y particularmente el FIDEM, no tienen esas atribuciones, “entonces el Estado, al momento de obligarlo, porque les torció la manita para que aceptaran ese pago, está incurriendo en otro delito, otro abuso de autoridad”, expuso.
“Como ciudadano exigiría a la administración entrante que proceda conforme a Derecho y, si es necesario, haga las denuncias respectivas”, sugirió el especialista. “¿Por qué la SHCP no ha hecho las denuncias respectivas, siendo que ya tiene el conocimiento del mal uso que ha hecho el gobierno de Bonilla Valdez de recursos federales? Si realmente estuvieran comprometidos con acabar con la corrupción, es lo primero que tendrían que haber hecho”, planteó.
BONILLA SE VA SIN LIQUIDAR DEUDA CON MUNICIPIOS
Durante octubre, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez desembolsó mil 813 millones 408 mil 464 pesos para abonar al pago de la deuda por participaciones federales y estatales no entregadas a los municipios.
Pese a ello, la Secretaría de Hacienda estatal heredará al gobierno entrante una deuda de 552 millones 074 mil 685 pesos por participaciones no entregadas en la administración del panista Francisco Vega de Lamadrid.
En el caso de Tijuana, el Ayuntamiento que encabeza Montserrat Caballero Ramírez informó que le transfirieron mil 347 millones 408 mil 464 pesos en dos emisiones (400 millones de pesos el 25, y 947.4 millones el 28 de octubre).
Aunque el total incluye los intereses generados por el adeudo de la administración de Bonilla Valdez, el tesorero municipal Raymundo Vega Andrade aseguró que el gobierno saliente quedó sin pagar 362 millones 574 mil 685 pesos por participaciones no entregadas en el sexenio de “Kiko” Vega.
El Ayuntamiento de Mexicali indicó que, debido a las gestiones de la alcaldesa Norma Bustamante, el gobierno estatal pagó 263.8 millones de pesos el 27 de octubre, cantidad que se sumó a los 100 millones que se habían abonado en dos exhibiciones, por lo que al cierre de edición, la administración saliente sólo restaba 15 millones de pesos por concepto de intereses pendientes respecto a las participaciones no entregadas durante su gestión.
Adicionalmente, el gobierno estatal quedó a deber 168.7 millones de pesos por las participaciones que no transfirió Vega de Lamadrid.
En situación similar se encuentra el adeudo del gobierno estatal con el Ayuntamiento de Tecate. Su presidente municipal, Édgar Darío Benítez Ruiz, dijo a ZETA que en los primeros días de octubre fueron pagadas al cien por ciento las participaciones que se debían de 2021, cuyo monto oscilaba en 71 millones de pesos, ya con los intereses generados.
Sin embargo, reconoció que el gobierno estatal aún no ha liquidado 11 millones en participaciones que datan del gobierno del panista “Kiko” Vega.
En el caso de Ensenada, el gobierno de Bonilla Valdez pagó 27 millones de pesos el miércoles 27 de octubre, correspondientes a los saldos parciales de participaciones federales y estatales no entregadas de junio a agosto de 2021.
El primer edil anunció que solicitará al gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda el pago adelantado de participaciones “para poder cumplir con las obligaciones del cierre del ejercicio fiscal”, al tiempo que se analiza cómo enfrentará el pago de aguinaldo de los trabajadores municipales, entre otros compromisos de fin de año.
Por su parte, Manuel Cermeño Chávez, tesorero de Playas de Rosarito, comentó que el gobierno estatal ya pagó 20 millones de pesos más intereses del crédito por 34 millones otorgado por el municipio a mediados de 2021.
Refirió que se hizo un convenio para que el Estado pague en especie los 14 millones de pesos restantes. “Se están aplicando en siete obras, de las cuales ya fue otorgado el 30% de anticipos (4.2 mdp) y se están entregando las primeras estimaciones para los proveedores”, aseveró a este Semanario.
Las siete obras con las que Bonilla pagó en especie al municipio son: pavimentación de varios cruceros en la colonia Constitución y encarpetado con concreto hidráulico de la calle Morelia, en la misma demarcación. Pavimentación de las calles Raúl Sánchez Díaz en la colonia Echeverría. Clemente Contreras y Avenida de la Colina, en Plan Libertador. Pavimentación de la calle Pascual Solórzano en Colinas del Sol, y el crucero entre Avenida Ciprés y Mar Adriático, en la Zona Centro. Todas concluirán en noviembre próximo.
A decir del entrevistado, el 26 de octubre el gobierno estatal transfirió 10.3 millones pesos de participaciones federales, “un depósito que está en tiempo”, sólo se esperaría la entrega de participaciones programadas para el 31 de octubre, por 9.2 millones de pesos, conforme al calendario.
OTROS PASIVOS DE GRAN IMPACTO
A la deuda financiera de largo plazo, las obligaciones relacionadas con APP y el endeudamiento por gasto corriente y a los municipios que hereda el gobierno de Bonilla Valdez, se agrega la deuda al Issstecali de 5 mil 968 millones de pesos y la deuda pública de los organismos operadores del agua, por 2 mil 349.9 millones.
SIN TRANSPARENTAR CUENTA PÚBLICA
A cuatro días de que termine la gestión de Jaime Bonilla Valdez, la Secretaría de Hacienda estatal sigue sin publicar el Informe sobre Avance de Gestión al tercer trimestre de 2021, pese a que el 21 de octubre, Adalberto González Higuera, titular de la dependencia, envió el documento al Congreso local.
En el portal de la secretaría tampoco se ha actualizado el Resumen Financiero-Presupuestal mensual correspondiente a septiembre.
En opinión de Rovirosa Miramontes, los legisladores de la XXII, XXIII y XXIV Legislatura han sido cómplices del mal manejo financiero que hicieron Vega de Lamadrid y Bonilla Valdez. En el caso de este último, los diputados “buscaron la manera de ser omisos en cuanto a no respetar la legislación” para autorizar la deuda de 3 mil millones de pesos.
Las acciones de ambos políticos han sido irresponsables y comprometido la Hacienda pública, por lo que deben considerarse como daños a la nación, pero el problema es que “no solamente en Baja California, en México, se violan las disposiciones legales, se cometen delitos, y no pasa nada, nadie quiere hacer nada, los partidos políticos hacen exhortos y dicen que van a hacer algo. A veces se pelean en el Congreso federal y estatal, pero no hacen absolutamente nada más allá de esa faramalla”, señaló el especialista.
Si realmente les importara la transparencia financiera y el buen manejo de los recursos de todos los bajacalifornianos, los legisladores ya habrían hecho modificaciones a la Ley para que se agilice la rendición de informes conforme a lo que permiten las nuevas tecnologías, con las cuales se puede entregar información de forma mensual con un plazo máximo de hasta 20 días.
“La única justificación para que el gobierno retrase la información, es ser opaco, y ese ha sido el problema de todas las administraciones en Baja California”, agregó.
Para hablar de soluciones, dijo, “tenemos que aspirar a una propuesta, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo, para revisar la Ley de Hacienda Pública, la Ley de Financiamiento y todo el marco normativo referente, en aras de permitir una verdadera transparencia. Es inconcebible que no sepamos con certeza en qué condiciones está dejando Bonilla la Hacienda pública”.
Rovirosa Miramontes opinó que también deben modificarse las leyes que regulan la transición gubernamental, para evitar que, como está sucediendo, la administración saliente no cumpla con informar a cabalidad a la entrante, o deje hasta el último momento temas importantes.
El mandatario Jaime Bonilla Valdez ha presumido que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le dio a escoger entre seis y siete opciones el puesto que desempeñará en la administración federal una vez que concluya su mandato en Baja California.
Esta semana, el senador con licencia acudió a San Lázaro en un intento por reivindicar su gestión en cuanto a los cobros hechos por las auditorías de Fisamex. En la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, que preside el morenista Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, mostró el “caso de éxito”, mientras el diputado subrayó la necesidad de replicar la política de auditorías de Fisamex, empresa a la que el gobierno de Bonilla Valdez habría pagado 363 millones 775 mil 063 pesos, equivalentes al 20% del monto total “recuperado” ($1,818,875,316.70), por auditar a 4 mil 653 usuarios del servicio de agua.
Ayer jueves 28 de octubre, López Obrador acusó que “los estados más emproblemados (financieramente) son donde ha habido más corrupción, estados con deudas de miles de millones de pesos, que destinan mucho dinero a lo superfluo. Ya no está el gobernador de Michoacán (Silvano Aureoles), imagínense cuánto gastaba en alquiler, en renta de helicópteros, cuánto gastan algunos gobiernos en el pago de publicidad”, manifestó el político tabasqueño, quien omitió hacer señalamientos similares contra Bonilla Valdez, quien en lugar de transferir un helicóptero de la extinta Policía Estatal Preventiva a la Fiscalía General del Estado, utilizó la aeronave como aerotaxi para trasladarse al Centro de Gobierno en el Este de Tijuana.
“¿Qué fue lo que acabó con los gobiernos estatales, que por hacer negocio les autorizaban obras financiadas por empresas mediante un sistema que se llama Asociación Pública Privada?”, dijo AMLO, de nueva cuenta sin hacer mención de la APP contratada por Bonilla Valdez.
“Mi recomendación es que tienen que ser un gobierno honesto, austero, y nosotros los vamos a apoyar, porque ya hemos definido que, si se trata de nóminas, de pago a trabajadores, a maestros, a médicos, vamos a adelantar participaciones para que no tarden una quincena, un mes o no haya aguinaldos para los trabajadores, pero sí se requiere de una reforma y que se acaben los lujos”, sostuvo el titular del Poder Ejecutivo federal.
De nueva cuenta, sin hacer alusión al envío de 4 mil 150 millones de pesos (mil millones de adelanto de participaciones de noviembre y diciembre) hecho por la Federación para que el gobierno de Bonilla Valdez pudiera enfrentar compromisos de fin de administración, López Obrador reprochó la compra del avión presidencial.
Consideró que “no es con esas fantochadas como se adquiere autoridad, eso es para pequeños faraones, acomplejados, todo eso se tiene que terminar en el país”, y recomendó a los gobernadores destinar el uso de las aeronaves del gobierno exclusivamente al servicio público como la seguridad y protección civil.
Al lamentar el respaldo a Bonilla -quien irá a ver a AMLO a Campeche -, el ex presidente del Colegio de Economistas de Mexicali, Enrique Rovirosa, concluyó: “A los políticos no les interesa el mañana, les interesa seguir gastando, para que los votantes sigan brindando la confianza con su voto y se mantengan en el poder independientemente del color”.
ZETA solicitó una entrevista con el secretario de Hacienda, Adalberto González Higuera, para conocer la situación financiera de BC, sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.
