Baja California, uno de los 16 estados que asignó recursos por debajo de lo convenido con la Federación para escuelas de educación media superior. Pese a que la entidad federativa está entre los primeros lugares de incidencia de homicidios, el gobierno de Bonilla no ejerció recursos federales a seguridad. Cobach, el más observado
En 2020, en Baja California se cometieron 85 mil 814 delitos, de los cuales 2 mil 627 fueron homicidios dolosos, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
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Para combatir la inseguridad, el gobierno estatal contó con 283 millones 289.4 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), sin embargo, no ejerció dicho recurso en su totalidad, pues sólo pagó 96.2%.
La Secretaría de Hacienda proporcionó el registro contable, solicitud de adquisiciones, cotizaciones, solicitudes de pago y transferencias electrónicas por 2 millones 966.8 mil pesos por la adquisición de 40 pistolas, 58 cargadores para pistola, 45 cargadores para pistola, 144 cargadores para fusil y 236 mil cartuchos de diversos calibres a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); sin embargo, “a la fecha de la auditoría, no se cuenta con la factura que justifique y compruebe el gasto realizado, y los bienes no fueron entregados”, ni los recursos reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe), señaló la Auditoría Superior de la Federación.
De total de recursos asignados a la FGE (176 millones 528.5 mil pesos) la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la institución dirigida por Guillermo Ruiz Hernández debe aclarar 4 millones 521 mil 757 pesos, de los cuales un millón 554 mil 927 pesos más rendimientos financieros por no proporcionar evidencia suficiente que permita validar la existencia de 56 chalecos balísticos adquiridos mediante el contrato OM-INV-ADQ-FASP-014-2020BIS; así como 48 baterías para terminal portátil y 46 baterías para terminal portátil, compradas bajo el contrato DAD-FASP-FGE-15-20; 190 baterías para terminal digital y 19 baterías para terminal digital, adquiridos con el contrato DAD-FASP-FGE-23-20.
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Cabe señalar que, en un principio, la observación de la ASF fue por 14 millones 294.3 mil pesos, por no acreditar la existencia de 493 chalecos balísticos, 61 radios para terminal portátil, 400 baterías para terminal portátil, 500 baterías para terminal digital, seis impresoras, cinco respaldos de energía, un switch, un servidor de datos, cuatro computadoras y dos monitores. Sin embargo, en el transcurso de la auditoría logró proporcionar información que aclara y justifica 12 millones 739 mil 382 pesos.
Además, la ASF señaló que en ocho contratos asignados por adjudicación directa “no se acreditó de manera suficiente los criterios en que se sustentó la excepción de la licitación”.
DAÑO AL ERARIO PÚBLICO POR NO ENTREGAR PARTICIPACIONES
La ASF presumió un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por 3 millones 443 mil 814 pesos por la entrega extemporánea de participaciones a los municipios por parte del gobierno estatal, sin que se hubieran pagado los respectivos rendimientos.
En la Auditoría de Cumplimiento 2020-A-02000-19-0505-2021, referente a la distribución de participaciones federales, la ASF señaló que la entidad recibió 28 mil 244 millones 808.2 mil pesos, (incluidos 2.2 millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, FEIEF), mientras se auditó una muestra de poco más de 5 mil 7171 millones.
De enero a mayo de 2020, la Secretaría de Hacienda determinó un coeficiente preliminar para dispersarlas a los municipios participaciones por diversos fondos, como el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN y la tenencia, incumpliendo así la Ley de Coordinación Fiscal. Lo anterior, derivó en la presentación del proyecto de iniciativa para reformar la Ley de Coordinación del Estado y el Manual Operativo para la Distribución de las Participaciones por parte del Ejecutivo.
Además, en junio de ese año, Hacienda ajustó los valores utilizados, con lo que el cálculo con los nuevos coeficientes generó una diferencia respecto de los montos distribuidos a los municipios, que fue pagada o descontada.
Del total de participaciones, el gobierno estatal pagó 5 mil 717 millones 015.1 mil pesos, de los cuales 2 mil 551 millones 837.4 fueron deducciones, por lo que depositó a las cuentas municipales 3 mil 165 millones 177 mil pesos. En el caso de las deducciones hechas a Ensenada, “se afectaron fondos que no estaban permitidos”, determinó la ASF.
Tampoco se dispuso de evidencia que permita identificar el seguimiento y avance con relación a la atención de los compromisos acordados en la revisión de la Cuenta Pública 2019, entre la entidad fiscalizada y la Auditoría Superior de la Federación.
A COBACH SE LE OBSERVAN 140 MDP
Por pagar sueldos en exceso, presentar extemporáneamente las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y no cumplir con las obligaciones de transparencia, la ASF observó 140 millones 563 mil 004 pesos al Colegio de Bachilleres de Baja California (Cobach).
Dicho monto es el mayor de los recursos observados a otras instituciones educativas de nivel medio y superior en la entidad, como el Conalep y la UABC, y representa 89.6% del total de recursos observados a Baja California en cuanto al gasto federalizado, con todo y que el máximo órgano fiscalizador del país también encontró irregularidades en la transferencia de participaciones a municipios por parte del gobierno de Jaime Bonilla Valdez y en el ejercicio del gasto público hecho por la FGE y en la contabilidad del Congreso local.
En la Segunda Entrega de Informes de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, la ASF indica que el Cobach contó con recursos por 535 millones 386.3 mil pesos procedentes de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Educación Media Superior).
Por haber realizado pagos a personal de 18 categorías sin ajustarse al número de plazas autorizadas en el Anexo B, denominado Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero, la ASF presumió un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública federal por 83 millones 319 mil 867.58 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesofe.
La ASF también observó y presumió un daño al erario por 746 mil 377 pesos más intereses luego de detectar que el Cobach efectuó pagos a dos categorías denominadas Director de Plantel A (DPA) y EH4855 “Sin Descripción”, sin la autorización del referido Anexo B.
Igualmente, presumió un daño por 47 millones 328 mil 682.17 pesos por pagos en exceso por sueldo (948 mil 138 pesos) y por Bono por Vida Cara (46 millones 380 mil 543 pesos), que también carecieron de autorización e incumplieron la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Entre otras anomalías detectadas al Cobach, destaca el enterar de forma extemporánea el ISR por concepto de sueldos y salarios, lo que derivó en pago de recargos por 7 millones 332 mil 733 pesos, mismos que deberán reintegrarse a la Tesofe con intereses.
Del total del monto observado, la ASF recuperó un millón 835 mil 345 pesos, por lo que están pendientes de aclaración más de 138 millones 727 mil pesos.
El segundo mayor monto observado en el sector de educación media superior y superior por la ASF -encabezada por David Colmenares Páramo- correspondió a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), institución a la que se le revisó una muestra de mil 277 millones 780.9 mil pesos, equivalentes al 71.6% del total de recursos que recibió. La ASF observó 3 millones 123 mil 970 pesos, de los cuales 2 millones 120 mil 143 pesos están pendientes de aclararse por pagos a 32 plazas con categorías de administrativos y académicos no contempladas en sus contratos colectivos de trabajo, ni fueron incluidas en el presupuesto autorizado del ejercicio 2020 de la UABC, por el Consejo Universitario.
Mientras que la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) tuvieron los montos más bajos observados: 4 millones 424.9 mil pesos y 65 mil pesos, respectivamente. En el último caso, se reintegró el monto proveniente del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).
GOBIERNO INCUMPLE ENTREGA DE RECURSOS A ESCUELAS
Martín Vera, académico de la UABC, resaltó que el gobierno de Baja California transfirió 151.5 millones de pesos menos de lo que le correspondía entregar a organismos educativos descentralizados de educación media superior.
En esta segunda entrega de la ASF dada a conocer el 28 de octubre de 2021, advierte que el convenio Federación-Gobierno de BC era de mil 846.1 millones de pesos; la mitad del recurso lo pondría el Gobierno Federal, y el resto el Estado. Sin embargo, la administración de Jaime Bonilla Valdez depositó 770.9 millones, en lugar de 922.4 millones de pesos. Incumplimiento que se repitió en cuanto al convenio con la Federación sobre recursos a universidades tecnológicas y politécnicas, ya que el gobierno estatal aportó 300 mil pesos menos que lo acordado.
Si bien, 16 entidades estuvieron en la misma situación que BC, no deja de ser “preocupante”, manifestó el académico. En su opinión, en este reporte se puso “mucho acento” en la cuestión educativa, lo cual debe mantenerse en el radar, en un contexto en que ha habido ataques a las instituciones educativas por parte del Gobierno Federal para observar si la fiscalización de estas obedece a un tema político.
“Es sano que se hagan auditorías a las universidades públicas, porque rara vez son sujetas a evaluación de recursos, pero que ocurra en este momento, en que hay una especie de andanada recurrente de crítica contra las universidades, al sistema de investigación, levanta la sospecha en que pueda haber en este paquete de auditorías una doble intención: castigar a las universidades por razones ideológicas y no por una seriedad técnica en la revisión de sus presupuestos”, por lo que a su consideración, habrá que esperar el siguiente reporte de la ASF.
CONGRESO NO ARMONIZÓ CONTABILIDAD
En la Auditoría de Cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera hecha al Congreso de Baja California, la ASF indicó que el Poder Legislativo cuenta con el sistema de contabilidad gubernamental externo denominado WINCONT+4.0, por lo que no se pudo comprobar si con la información financiera se generaron los estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, expresados en términos monetarios para la Cuenta Pública 2020.
El Congreso del Estado de Baja California no atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya que existieron deficiencias en el llenado del formato 4, Balance Presupuestario-LDF, en los cuatro trimestres de 2020 y no se incluyó una sección específica de las erogaciones de servicios personales del analítico de plazas, el desglose de las mismas y todas las remuneraciones.
