Aunque las redes sociales son relativamente nuevas, en México no habíamos sido testigos de una amenaza tan brutal y directa por parte de un cártel de las drogas a medios de comunicación y periodistas.
No se transcribirán aquí las palabras emitidas por el representante del Cártel Jalisco Nueva Generación, que dijo hablar en nombre del líder criminal, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, cabeza delincuencial de ese cártel que amenazó, a inicio de semana, a la periodista Azucena Uresti y a los medios nacionales El Universal, Milenio y Televisa.
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La amenaza, con claro mensaje –además- de violencia de género contra Azucena, la hacen los criminales con total impunidad, tanta, que Twitter, red social que se caracteriza por eliminar cuentas a la menor provocación de violencia, desinformación o lo que considera contenido no apropiado, no ha eliminado la cuenta que utilizaron los criminales, vistosamente armados y encapuchados, para hacer la amenaza a la periodista y a los medios de comunicación.
La impunidad trasciende al ámbito legal, pues a pesar que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “reprobó” los hechos y la presidencia aseguró protegerían a la periodista, a cuatro días de vertida la fatal afrenta -pues se habló de un feminicidio-, nadie ha sido detenido en el caso.
El Cártel Jalisco Nueva Generación es, junto al Cártel de Sinaloa, uno de los más violentos no sólo de México, sino del mundo. Aquí en Baja California, particularmente en Tijuana, se encargan de realizar ajustes de cuentas entre criminales, a quienes asesinan con una saña que raya en el terror. Cuerpos desmembrados y apilados, asesinatos por todos lados y a todas horas.
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Y para mala fortuna de los mexicanos, ni la Secretaría de Seguridad federal, ni la Fiscalía General de la República, han dado a conocer la estrategia de combate a los cárteles, ya no digamos con detalle para no alertar a los criminales organizados, pero ni siquiera han dicho que van por ellos o han salido a defender al pueblo de México, asegurando que combatirán la violencia y la inseguridad.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, acusa y señala a quienes considera sus adversarios, con nombre y apellidos, incluidos periodistas y columnistas, no sólo miembros de la oposición política, pero jamás se le ha visto denostar, señalar, acusar a un criminal organizado, o arengarle que prevalecerá el Estado de Derecho a sus actividades criminales y delincuenciales. Nada.
Cuando se trata de combate a los cárteles, el mandatario suele repetir su lema de campaña de “Abrazos, no balazos”, pero en cuestión de periodistas, establece un segmento en su conferencia matutina para, en una actitud inquisidora, “evidenciar” el “Quién es quién de las mentiras”. Mucho bien le haría a la seguridad, que también inaugurara el “Quién es quién de los criminales”, que fuesen señalados con nombre, apellidos e imagen, para que la sociedad sepa, por lo menos, quiénes son los causantes de la violencia en el país.
Pero nada de eso. Los criminales ni siquiera cuentan con orden de aprehensión, las investigaciones que les incluyen están truncas, congeladas, inactivas en el mejor de los casos. Clima que provee de impunidad a quien desde la ilegalidad desarrolla actividades en detrimento de la sociedad y del Estado de Derecho.
Este clima impune, originado en gran medida por la corrupción e incapacidad de los ministerios públicos y las corporaciones policíacas, tiene como consecuencia actos como la amenaza del lunes del CJNG contra Azucena Uresti y medios de comunicación. Si no hay investigación, si no se les procesa y encarcela, los delincuentes tienen la petulancia de sentirse dueños de la verdad y de la vida de las personas que les resultan incómodas, porque están relatando sus actos de violencia, mismos que son ocultados por las autoridades que prefieren voltear para otro lado que actuar en consecuencia, como es su responsabilidad y obligación.
A Azucena Uresti y a los medios referidos los amenazaron por la cobertura que han estado realizando, de manera puntual, sobre lo que sucede en Michoacán, tierra de origen del líder criminal del CJNG que pelea a otros cárteles. Zona en la que los ciudadanos se han debido agrupar para protegerse, ante la ausencia de una operación oficial para protegerlos. Zona que cientos de familias, en la impotencia de no poder salvaguardar su integridad y la de los suyos, han abandonado para migrar a otro Estado en el Norte, con la ilusión de salir del país y llegar a Estados Unidos para protegerse.
Entonces resulta que, mientras las autoridades no proveen información sobre lo que sucede en las zonas de guerra del narcotráfico, como lo es Michoacán, y los periodistas hacen su labor, informando lo que sucede en estas regiones hostiles por la criminalidad organizada, los amenazados son los segundos, y los primeros permanecen inactivos.
De no tomar la amenaza del Cártel Jalisco con la gravedad y la emergencia que requiere, por parte de la Presidencia de la República y la Fiscalía General de la República, la violencia en México escalará a situaciones de terror insólitas e inéditas, como lo significa la afrenta misma.
El modus operandi ya fue utilizado en Colombia, cuando Pablo Escobar y otros criminales amenazaron, secuestraron y llegaron a asesinar a periodistas, intelectuales y personalidades nacionales, en una era de terror para presionar al gobierno a no ser extraditados.
En México, los líderes de los cárteles más violentos, Ismael “El Mayo” Zambada, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, permanecen prófugos hace años, impunes y empoderados criminalmente, como para utilizar las redes sociales y amenazar a sectores de la sociedad como es el periodístico.
Aquella liberación que, de acuerdo con López Obrador, él ordenó sobre la persona de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de “El Chapo” en octubre de 2019, salió contraproducente. Esa decisión les dio más impunidad a los criminales que ahora amenazan por redes sociales, y pese a ello, siguen evadiendo a la justicia, igual o quizás peor que antes.
