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miércoles, febrero 21, 2024
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Un millón de residentes, sin acceso a salud en BC

En 2020, 851 mil 700 personas vivían en pobreza en la entidad, cifra superior a la que había en 2016. Datos del Coneval indican que en los últimos dos años (2018-2020), la pobreza extrema aumentó 14.6%

“Un gran retroceso” observa Leticia Jiménez en el desarrollo de su hija Vanessa, quien padece Síndrome de Asperger, a quien se le agravó desde que no recibe atención médica, cuando el Seguro Popular ya no refrendó el convenio que tenía con el Hospital de Salud Mental de Tijuana.


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Lugar donde la niña fue diagnosticada en 2015 y era atendida por un paidopsiquiatra, un médico general, una psicóloga y una terapeuta.

Aunque Leticia optó por trabajar de noche y dar clases de artes marciales dos veces al día, no le alcanzaba para pagar las tres o cuatro citas por semana que antes costeaba el Seguro Popular. “De todos modos no me alcanzaba el dinero, hablé con la psicóloga para sus terapias conductuales y llegamos a un acuerdo de una terapia por semana -con un costo de 500 pesos- y eso es algo económico, porque normalmente cuestan más caras”, dijo.

Pero la niña dejó de ver a la doctora, al paidopsiquiatra y a su terapeuta de lenguaje.


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“Desde ahí, todo lo que se había avanzado empezó a retroceder. Por ejemplo, ella ya hacía su tarea sola, pero ahora requiere mucha paciencia para estar yo pegada para que la haga. Ella, por su síndrome, te puede leer la página, pero si no le interesa, la puede leer cinco o diez veces, le preguntas y no sabe. No tiene comprensión lectora.

“Las divisiones, multiplicaciones, ya las estaba haciendo en la primaria y ahora ya no. Antes había un acompañamiento, escuela, papá y terapia, y te mandaban a que hicieras con ella ejercicios, pero todo eso se perdió”, lamentó la mujer.

Aunque su hija asiste a una escuela secundaria con USAER (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular), con la pandemia de COVID-19 ha sido “difícil”, porque la casa en la que viven no cuenta con internet. “Si le mandan cinco o seis trabajos, ella a lo mucho te hace uno o la mitad de uno, y el resto se le acumula”, entonces se satura y ya no quiere hacer nada más que dibujar.

“Ojalá regresara el Seguro Popular, para que muchas personas que a veces buscas y buscas, no te atienden por parte de DIF o del Centro de Salud, porque ya no cuentas con la póliza”, agregó la madre de familia.

De 2018 a 2020, en Baja California creció 7.1% el número de personas sin acceso a servicios de salud, al pasar de 631 mil 700 a 907 mil 200 personas, según la Medición de Pobreza 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

A nivel nacional, esta carencia tuvo un incremento de 12%, que equivale a un aumento de más de 15 millones de personas que ya no tienen acceso a servicios de salud, debido a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) -en sustitución del Seguro Popular-, decretada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La disminución de cobertura del Insabi a nivel nacional “es brutal” y “lamentablemente el aumento de la carencia al acceso a salud afectó a los hogares más pobres”, señaló Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza.

“La gente en pobreza extrema, ahora más de la mitad tiene carencia de salud. Antes era del 26%, la cuarta parte, ahora más del doble en los deciles de ingresos más bajos”, apuntó el especialista.

Mientras el sistema de salud público colapsó por la pandemia del virus SARS CoV-2 (COVID-19), las consultas de otros padecimientos cayeron de 21 millones a 13 millones en plena pandemia.

En contraste, el gasto privado en salud aumentó 44%, y no se puede sólo culpar a la pandemia, cuando el gobierno no invirtió más recursos en salud.

En ese sentido, el consultado alertó que México se alejó de la cobertura de salud universal. Esta no podrá alcanzarse “mientras no logremos romper la segmentación entre quienes tienen derechohabiencia a la seguridad social y quienes no la tienen”, dependiendo de dónde se trabaja. Por lo que es necesario que todos los sistemas de salud estén integrados y se vea a la salud como un derecho humano.

El arreglo de un sistema fragmentado es parcial, y al final no funciona para el derecho efectivo de la salud, como tampoco para el sistema de salud porque le eleva los costos, al no haber prevención de enfermedades o de complicaciones de aquellas crónico-degenerativas, consideró.

En opinión de Roberto Fuentes Contreras, académico de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), consolidar todos los sistemas de salud es “muy complicado” por temas normativos, financieros y de sindicatos, por lo que lo más viable es “hacer crecer el Insabi en un primer momento”, y para ello se requiere inversión.

A posteriori resulta claro que tuvieron que retomar o dar seguimiento a alguno de sus elementos, pero creo que más allá del gobierno que esté, o de la ideología que rija o guíe las políticas públicas, queda claro que hay que fortalecer el sistema de salud pública”, añadió.

En tanto, el número de personas con la carencia de protección social en BC alcanzó el millón 472 mil 500, que representan 38.9% del total de la población. Esto significa un incremento de casi 98 mil personas de 2018 a 2020.

 

7.4 MIL PERSONAS MÁS EN POBREZA EXTREMA EN BC

En el periodo referido, 7 mil 400 personas se sumaron a la condición de pobreza extrema en Baja California. En total, existen 58 mil personas en pobreza extrema, que representan el 1.5% del total de la población regional.

Roberto Valero, presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California, resaltó que las 58 mil personas en pobreza extrema es la cifra más alta desde 2016, y se debe a que sigue disminuyendo el ingreso de las familias más pobres, pese a que en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aumentó el ingreso promedio del Estado, al incrementarse el de los hogares más ricos.

“Recordemos que, con este gobernador, en el lapso de año y medio los ocupados que ganan hasta dos salarios mínimos crecieron en casi 150 mil, mientras que los que ganan más de cinco salarios mínimos, han caído en niveles históricos”, apuntó.

Datos del Coneval indican que 45 mil 100 personas en BC tienen ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema por ingresos. “La desigualdad sigue incrementándose”, pese a que años anteriores el Estado se caracterizó por tener la clase media más “fuerte” a nivel nacional, y actualmente esa clase media ha ido desapareciendo.

En el país, 2 millones 096 mil personas engrosaron las filas de la pobreza extrema, para sumar 10 millones 793 mil personas, esto es, un incremento de 24%.

 

PRECARIEDAD BAJA, PERO SIGUE POR ENCIMA DE 2016

Datos del Coneval indican que la población en pobreza bajó de 884 mil 200, a 851 mil 700 personas en Baja California. Sin embargo, “la cifra está muy por encima” de 2016, cuando había 789 mil 100 pobres; es decir, en cuatro años aumentaron 62 mil 600 pobres, apuntó Roberto Valero.

Algo similar se observa cuando se compara la última medición de pobreza con el dato de 2008, un año referente -debido a la crisis mundial financiera-, cuando se contabilizaron 809 mil 700 pobres en Baja California. Por ello, el dato de 2020 “no es para cacarearse”, manifestó.

Si bien, la población con ingreso inferior a la línea de pobreza disminuyó 62 mil 500 personas, para ubicarse en un millón 151 mil 500 en 2020, esto se debió a las remesas que enviaron los connacionales que se fueron a trabajar a Estados Unidos y la economía bajacaliforniana sigue estancada. “Se ha consolidado como una economía parasitaria a costa de los ingresos que vienen de Estados Unidos”, algo que también está observándose a nivel nacional y que es vergonzante.

Según Valero, una de las carencias que más incrementó en BC es la de rezago educativo, que pasó de 596 mil 400, a 608 mil 900, “su mayor nivel desde 2008”.

En su opinión, lo más preocupante es que este rezago educativo se está concentrando en los jóvenes, quienes cada vez abandonan más la escuela para ayudar con el ingreso económico familiar.

Por su parte, el académico Roberto Fuentes explicó que, para esta medición de pobreza, el Coneval hizo un cambio normativo en este tópico, que contribuyó a incrementar el porcentaje de la población con esta carencia. “Ahora va a tener esta carencia aquel individuo de 3 a 21 años que no esté estudiando, o que no tenga la preparatoria terminada, cuando antes se consideraba la secundaria terminada”, añadió.

 

50 AÑOS ESPERANDO QUE LE DEN DRENAJE

La señora Leticia comentó a ZETA que en medio de la pandemia de COVID-19, una de sus prioridades es que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) le instale el servicio de drenaje en casa de su madre, en la que vive con su hija.

Dijo que la vivienda -ubicada en la calle Motozintla de la colonia Emperadores- no cuenta con el servicio, pese a que su madre la ha habitado desde hace 50 años. “A mí me urge con la pandemia para el baño, entonces es desesperante y frustrante tener todo en regla, pero que te digan ‘no se puede’ porque en la esquina que conforman Motozintla y Nauhyotzin, hay una invasión de personas que no quitan”, acusó.

En junio pasado se acercó a la presidente municipal Karla Ruiz Macfarland para hacerle la petición, pero luego de que le hablaron y mandó fotos de los expedientes, no hubo más retroalimentación.

“Me desesperé, fui a IMOS (Instituto de Movilidad Sustentable) y, al ver al gobernador (Jaime Bonilla Valdez) en el balcón, le volví a solicitar lo mismo, el drenaje, que revisaran mi caso, porque a mí me urge por mi hija y mi mamá, que ya está grande”, dijo Leticia, sin que hasta el cierre de edición hubiera respuesta positiva a su petición.

 

AMLO: “TENGO OTROS DATOS” DE POBREZA

Luego de conocerse que 3 millones 763 mil 300 personas se sumaron a las filas de la pobreza en México, que en total asciende a 55 millones 654 mil 200, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó los datos del Coneval.

“No acepto el resultado de esa encuesta, tengo otros datos y creo que la gente está recibiendo más apoyo, y aun con la pandemia, la gente tiene para su consumo básico”, señaló el político tabasqueño, quien se pronunció por cambiar la forma de medir la pobreza y el bienestar no sólo con indicadores económicos, pese a que la medición del Coneval estuvo basada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares, hecha por el Inegi a familias mexicanas.

Aseveró que 70% de los hogares del país reciben algún programa social. Sin embargo, los datos del Coneval muestran que al contrario, sólo 30% recibe alguna transferencia ya sea gubernamental o de remesas.

Para Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, “claramente los programas sociales no están llegando a los más pobres, y muchos hogares pobres no reciben apoyos gubernamentales”.

La verdadera discusión es “por qué la gente trabaja y no gana lo suficiente para vivir, porque el 70% del ingreso de los hogares es de trabajo”, ya que si se considera sólo el ingreso el número de personas que cayeron en pobreza en 2020, sería de 5 millones, en lugar de 3.7, “mucha gente trabaja para ser pobre, entonces, no hay ningún programa social que compense eso”.

Para revertirlo es necesario que haya más fuente de empleo con mejores salarios, y consideró que los datos del Coneval indican que, de 2018 a 2020, incrementaron más de 4 puntos porcentuales las transferencias de los hogares del decil más alto (los más ricos).

En 2018, 13.8% de su ingreso era por transferencia y en 2020 de 18.1%, contrario a lo que pasó en los hogares del decil más bajo (los más pobres), donde el 28.7% de su ingreso eran transferencias y para 2020 fue de 23.7%.

“Hay oportunidad para que los programas sociales mejoren la eficacia y eficiencia y sean más progresivos. Está muy bien que el decil más bajo sea el que más reciba, pero no encuentro una explicación satisfactoria de por qué los deciles más altos también reciben transferencias por parte del gobierno”, argumentó el entrevistado.

El 24% del ingreso del decil más bajo (los más pobres del país) tiene que ver con transferencias, y si bien, es el porcentaje más alto, cuando se va al decil más alto (los hogares con más ingresos), el 18.1% de su ingreso tiene que ver con transferencias, algunas del gobierno.

Autor(a)

Julieta Aragón
Julieta Aragón
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Cursé la maestría de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y sigo en proceso de tesis. Soy reportera de ZETA desde 2017.
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