“La Rana”, “El Aquiles” y “El Nalgón”, entre otros, buscan ampararse

René Arzate García, “La Rana” / Alfredo Arteaga González, “Alfonso Arzate García”, “Alfredo Arzate”, “El Poncho”, “El Aquiles”, “Akiles” / Pablo Edwin Huerta Nuno, “El Flaquito”, “El Flaco”, “El 26" / Pablo Edwin Huerta Nuno, “El Flaquito”, “El Flaco”, “El 26",Arturo Villareal Heredia, “El Nalgón”
Edición Impresa lunes, 19 julio, 2021 12:00 PM

Por lo menos cinco cabecillas del narcotráfico en Baja California promueven juicios de amparo para no ser detenidos. Entre ellos figura uno de los quince homicidas más buscados: Edwin Antonio Rubio “El Max”. También piden protección de la justicia federal, Pablo Edwin Huerta “El Flaquito” y los hermanos Alfonso “El Aquiles” y René “La Rana” Arzate García. Por su parte, Manuel Arturo Villarreal Heredia “El Nalgón”, que perdió un amparo contra una orden de aprehensión por doce secuestros en esta frontera, ya tramita otro contra un mandamiento de captura por delincuencia organizada y delitos contra la salud

Difícil de pensar. Que los presuntos narcotraficantes más buscados en Baja California recurran al propio sistema de justicia, en un intento de no ser apresados y evitar ser llamados a cuentas por sus actividades criminales. Sobre todo, cuando han apostado a una reputación de poder y al contubernio de autoridades policiales y ministeriales para encumbrarse en la delincuencia organizada.

Hoy, algunos de los más populares matarifes y líderes visibles de diferentes organizaciones delictivas tramitan juicios de amparo para no ser detenidos, y algunos de ellos, para no ser extraditados. A la inversa, también hay delincuentes que están por cumplir su pena en Estados Unidos y temen que al regresar a territorio mexicano se les prive de la libertad, al contar con órdenes de captura en su contra.

De esa forma, los equipos legales de afamados capos desfilan por tribunales federales tanto de Tijuana, como de Ciudad de México, buscando la protección de la propia justicia en favor de sus clientes. Lo mismo del Cártel Arellano Félix (CAF) que del Cártel de Sinaloa, por quienes, además, en casos concretos, existen recompensas en moneda nacional y en dólares en México y la Unión Americana.

Entre los que buscan afanosamente el amparo de la justicia federal, se encuentra Edwin Antonio Rubio López “El Max”, presunto traficante y sicario del grupo Los Uriarte, del Cártel de Sinaloa; Pablo Edwin Huerta Nuño “El Flaquito”, del CAF; y los hermanos Alfonso “El Aquiles” y René “La Rana” Arzate García, defenestrados miembros del cártel sinaloense que siguen operando en Tijuana, así como en Ensenada, en alianza con “El Flaquito”, según fuentes de Inteligencia.

Por su parte, el que está urgido de conseguir la protección constitucional es Manuel Arturo Villarreal Heredia “El Nalgón”, preso en Estados Unidos, donde compurga una pena por narcotráfico y con órdenes de aprehensión en su contra en territorio nacional, tanto en Baja California como en Nayarit. Hasta el momento ha ganado un amparo contra una orden de captura en Jalisco; el de Baja California lo perdió, aunque está en revisión, y el de Nayarit apenas está en trámite.

Los efectos de la pandemia por COVID-19 y la intermitencia en el funcionamiento de los Juzgados han demorado la resolución de los juicios de amparo, pues algunos iniciaron su trámite a principio de 2020, y es hora que las audiencias constitucionales, en todos los casos se han diferido en diversas ocasiones, siendo el juicio de garantías de “El Flaquito” el que estaría más próximo a resolverse en breve tiempo.

 

“EL MAX” TEME SER DETENIDO

Edwin Antonio Rubio López debutó este año en la búsqueda de cobijo judicial. Tal vez ahora siente pasos más cerca, y en 2021 ya ha presentado dos demandas de garantías. Una, ante un Juzgado de Distrito de Tijuana, asegurando que sus apellidos son López Rubio (invertidos en el orden), y otro, ante un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México.

En el primero de los casos, Edwin Antonio tramitó su reclamo en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, señalando como acto en su contra una orden de aprehensión o de presentación y su ejecución. El juez le previno el 22 de enero para que precisara, bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que le constaran y constituyen los antecedentes del acto reclamado, caso contrario, se le tendría por no presentada la demanda.

“El Max” no aclaró su escrito inicial de demanda y, por lo tanto, se le tuvo por no presentada el 22 de febrero, tal como se le apercibió. Por lo anterior, los abogados de uno de los hombres integrado a la lista de los quince homicidas más buscados por las autoridades en Tijuana, acudieron a Ciudad de México para presentar otra demanda de derechos fundamentales ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, también contra orden de aprehensión.

En este asunto se señala como autoridades responsables al titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), entre otras instancias federales que pudiesen cumplimentar un mandamiento de detención librado por algún juzgador federal. El amparo está en trámite y en espera de los informes justificados de las diversas autoridades ordenadoras o ejecutoras.

De acuerdo con informes de Inteligencia, “El Max” tiene presencia en la Zona Este de Tijuana y está asentado en Villas del Campo. Controla las calles y el basurero, además de ser designado para recuperar terreno en Tecate. Autoridades bajacalifornianas lo tienen ubicado entre los cuadros del Cártel de Sinaloa, pero han divagado en cuanto a la filiación que guarda con Los Uriarte o presuntamente con Los Arzate. En octubre de 2020, su nombre apareció entre los asesinos más buscados de esta entidad.

 

AMPARO DEL “FLAQUITO”

El amparo solicitado por Pablo Edwin Huerta Nuño, del cual ZETA dio cuenta a inicios del año pasado, continúa su curso. Sabe que tiene una orden de aprehensión dictada en la causa penal 6/2020 por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en hechos relacionados con la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITABC/001230/2019.

Por ese mismo asunto, varios secuestros, entre estos el de una mujer, se hallan detenidos los miembros del CAF, José Luis Escudero Escandón “El Quieto” o “El Pelos”, y el ex agente federal Ricardo Bozadas Alvarado. Están pendientes de ser detenidos y también tramitan demandas de amparo Gorky Manuel Zavala Rodríguez, Bernard Olivie Pozo Romero y el ex comandante de la Policía Municipal de Tijuana, Jorge Mario Vera Ayala, ahijado del político Jorge Hank Rhon e hijo de Antonio Vera Palestina, asesino que compurgó una sentencia de 25 años por el homicidio del periodista Héctor Félix Miranda, codirector fundador de ZETA.

Los abogados Elías Alberto L. y José Alberto S. presentaron la demanda de garantías en favor de “El Flaquito” el 31 de enero de 2020, pero la pandemia, el emplazamiento de las víctimas, la posible declinación de competencia a un Juzgado de la Laguna y el desahogo de pruebas periciales en materia de identificación fisonómica y antropología, han retrasado la resolución.

Pablo Edwin Huerta, de 28 años de edad y originario de esta frontera, es señalado de dedicarse al trasiego de droga y control territorial para el cártel arellanista. A pesar de su juventud, las autoridades le consideran un gran negociador, ya que presuntamente ha llegado a acuerdos con jerarcas del CJNG en Tijuana y ha obtenido pactos de no agresión con la gente de los hermanos Arzate García. Pese a lo anterior, “El Flaquito” es mencionado como autor intelectual de homicidios a sus operadores y agresiones armadas a policías.

El juicio constitucional de Huerta Nuño se lleva en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con residencia en Tijuana, mientras que los de sus coimputados prófugos se tramitan en el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, por lo que se refiere a Gorky Manuel Zavala. Ante el Juzgado Noveno de Distrito, también en Ensenada, en el caso de Bernardo Olivie Pozo; y ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales de Tijuana, por lo que ve a Jorge Mario Vera.

 

VIEJAS CUENTAS DEL “AQUILES”

Otro que lleva más de un año tramitando su juicio de garantías, es el sinaloense Alfonso Arzate García “El Aquiles”. Reclama una orden de aprehensión dictada en su contra hace más de nueve años, y al parecer, única que existe, a pesar que desde hace mucho tiempo sus correrías se mencionan en el mundo del narcotráfico, la corrupción hacia miembros de los cuerpos policiales y múltiples ejecuciones que se registran en esta frontera por parte del Cártel de Sinaloa.

El 14 de enero de 2020 fue presentado un escrito presuntamente firmado por “El Aquiles” ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Ahí reclamó la pretensión de las autoridades judiciales y ministeriales de privarle de su libertad. Dijo que existe en su perjuicio una orden de aprehensión, detención o presentación. El juez le previno para que aclare cuál es su nombre verdadero, pues firmó como Alfonso Zárate, en vez de Arzate. El capo contestaría que el correcto es Zárate.

En su informe, el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, respondió que sí existe una orden de captura en contra del “Aquiles” y remitió copia certificada de la causa penal 122/2012 instruida en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de coparticipación y homicidio calificado en grado de tentativa en grado de coparticipación. Hecho del que no se tienen mayores detalles.

Aquí la resolución del amparo se ha retrasado porque las víctimas, que requieren ser emplazadas al juicio de garantías, viven del otro lado de la frontera -al parecer en San Diego, California- y las autoridades judiciales llevan meses tratando de localizarles y hacerles comparecer al asunto. Se trata de Cecilio G. y Guillermo M., este último al parecer vecino de Chula Vista. Una de las víctimas es mexicana y el otro ostenta la nacionalidad estadounidense, según datos de la averiguación previa 0001/2012 y su acumulada.

Los abogados de Arzate, Alejandro O. y Luis Felipe F. buscan que el asunto ya se resuelva.

“El Aquiles” inició sus actividades en el narcotráfico en Baja California en la década anterior, cuando se convirtió en proveedor y colaborador de la célula de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, otrora líder del CAF, pero tras la detención de este, decidió enrolarse en las filas de Sinaloa y encabezar una célula al lado de su hermano, René Arzate García “La Rana”.

En Estados Unidos, “El Aquiles” es señalado junto con otros miembros del Cártel de Sinaloa y su hermano, de traficar grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana, según denuncias formales reveladas en enero de 2015 en San Diego, dentro del caso 14CR0722-DMS.

 

LOS BRINCOS DE “LA RANA”

René Arzate García perdió un amparo en contra de la detención provisional con fines de extradición internacional. En ZETA se dio cuenta de ese juicio iniciado en 2017 por la defensa de “La Rana” en el Juzgado Cuarto de Distrito especializado en Tijuana, que terminó con una sentencia adversa en 2019. Todavía interpuso el recurso de revisión ante el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, pero en febrero de 2020 se confirmó el fallo: “La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso”.

René no se rinde y ahora tramita un nuevo juicio de garantías ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México. El escrito inicial fue presentado el 2 de diciembre de 2020 y se reclama una orden de aprehensión, localización, presentación o detención, así como su ejecución. Le fue concedida la suspensión provisional a cambio de exhibir una garantía de 35 mil pesos. Le defiende el abogado Julio César G.

El recurso legal se encuentra en trámite, lo que ya le ha valido a algunas autoridades una multa por no contestar los informes requeridos por el juez en tiempo y forma, tal y como le ocurrió al encargado de despacho de la Dirección General de Tecnología, Seguridad y Apoyo a la Investigación en Delincuencia Organizada, de la SEIDO, dependencia de la Fiscalía General de la República. Todavía falta tiempo para la resolución.

“La Rana” no contaba con orden de aprehensión por delitos en el país cuando promovió el amparo en Tijuana en 2017, solo se confirmó la orden de detención provisional con fines de extradición dictada en un Juzgado Penal de Control de Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte. Los estadounidenses ordenaron su captura el 25 de julio de 2014. La Corte Federal de Distrito Para el Distrito Sur de California le reclama para enjuiciarle por un cargo de asociación delictuosa para importar mil kilogramos o más de marihuana a la Unión Americana, desde un lugar en el extranjero.

La petición a México para detenerle con fines de extradición se hizo a través de la nota diplomática 16-4200, con fecha 3 de noviembre de 2016, y contiene datos que identifican y describen a René Arzate García con los alias de “La Rana”, “General”, “Dad” o “Apá”, de nacionalidad mexicana y fecha de nacimiento 11 de julio de 1983, con estatura de un metro 77 centímetros, 90 kilos de peso, tez blanca, cabello castaño y ojos cafés. Se le refirió como integrante del Cártel de Sinaloa, al lado de su hermano “El Aquiles”, y según versiones de Inteligencia, ahora son desconocidos por Ismael “El Mayo” Zambada.

LA PRISA DE “EL NALGÓN”

En 2018, ZETA advirtió del sondeo que el equipo legal del narcotraficante Manuel Arturo Villarreal Heredia, realizaba a través de demandas de garantías para conocer si existían o no órdenes de aprehensión en su contra en territorio mexicano, pues asegura que dentro de poco tiempo habrá de regresar, luego de compurgar una pena en la prisión federal Sandstone en Minnesota, Estados Unidos, por sus nexos con el CAF.

Para ello contrató a un despacho de abogados en Guadalajara, obteniendo los siguientes resultados: la protección de la justicia federal concedida en 2018 por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco contra una orden de aprehensión por delitos contra la salud y delincuencia organizada; y un amparo negado en 2020 por el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en Tijuana, por los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro cometido en agravio de doce víctimas.

El más reciente de los juicios de derechos fundamentales promovido por la defensa de Villarreal Heredia se encuentra radicado desde octubre de 2020, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en contra de la orden de aprehensión dictada por un juez federal de esa entidad el 16 de agosto del mismo año, dentro de la causa penal 7/2006. Asunto por el que ya había obtenido el amparo para efectos de reposición de procedimiento y se volvió a ordenar su captura.

En el caso del amparo perdido en Tijuana, “El Nalgón” interpuso el recurso de revisión, por lo que el asunto se encuentra para su estudio en un Tribunal Colegiado en Mexicali. Los hechos en los que secuestró a las doce víctimas datan de finales de la década de los noventa e inicios de 2000, y también sería procesado en la causa 13/2006 por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de cartuchos para arma de fuego de uso de las Fuerzas Armadas.

En Estados Unidos, Villareal Heredia fue sentenciado en 2008 por una Corte Federal de San Diego, California, a una pena de 30 años de cárcel como culpable de traficar cientos de toneladas de drogas a ese país, ordenar algunos homicidios y pagar millones de dólares en sobornos a las autoridades. Se le ordenó pagar una multa de 5 millones de dólares.

Previamente se declaró culpable de operar una sociedad destinada a hacer inversiones para lavar dinero proveniente de la venta de drogas. Su jefe, Javier Arellano Félix, con quien se le detuvo, también se declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua.

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