“Están intentando que se venda cada esquina”, acusa residente. Síndico electo se comprometió con inconformes a investigar
Residentes de Playas de Tijuana señalaron a la Dirección de Administración Urbana del XXIII Ayuntamiento de contemplar cambios al uso de suelo para permitir la construcción de conjuntos habitacionales, cuando en esa zona ya no hay condiciones para seguir construyendo, sino tan sólo para dar mantenimiento y mejoras, expusieron.
En respuesta a una convocatoria de la agrupación Defendamos Playas, 53 habitantes de la demarcación se congregaron en el parque Olas Altas, para manifestarse en desacuerdo con las modificaciones contempladas en el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Tijuana, que de acuerdo con la activista Gabriela Guinea, “no van de acuerdo” con el Programa Parcial de Crecimiento.
“Están incluso cambiando las zonas de conservación, están intentando que se venda cada esquina, aunque hayan sido terrenos del gobierno para áreas verdes que dieron en intercambio al gobierno del estado los fraccionadores, no importa, el chiste es construir edificios donde sea porque aquí quieren densificar”, acusó la integrante de la agrupación.
“Hemos visto y hemos sabido que se vienen a hacer los cambios también a través de de los regidores, que ya sabemos que se van a apresentar porque algunas de las gentes que viven en Playas están en el Colegio de Ingenieros o están en el Colegio de Arquitectos o están en Canadevi” (Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda), precisó.
Abordada por ZETA, Guinea alertó que con los cambios previstos, “los riesgos son muchos”, pues “el Gobierno del Estado no tiene suficiente dinero” para desarrollar la infraestructura que en términos de drenaje se requiere para poder seguir desarrollando.
“Si lo tuviera desde cuándo ya lo hubiera hecho, no creo que estén tirando el agua de la planta de tratamiento nomás porque no quieran, es porque es muy caro y es un problema que es binacional y que ya tiene años”, indicó.
“Falta agua, falta drenaje, pero así quieren seguir densificando”, aseveró.
A decir de la entrevistada, los cambios al uso de suelo favorecerían una serie de proyectos de desarrollo inmobiliario a los que se les da promoción en Estados Unidos, para que alrededor de 10 mil personas adquieran vivienda en la franja costera de Playas de Tijuana.
“Bajamos toda la publicidad y ya hicimos los cálculos, entonces toda esa gente nueva quieren meter aquí, viniendo de allá, porque además lo anuncian allá en dólares, para que tú puedas traer tu moto de agua, porque allá ya no tienes propiedades en la playa, pero aquí sí”, sostuvo.
De ahí que considerara que la Dirección de Administración Urbana “no está satisfaciendo la necesidad de vivienda” de los tijuanenses. “Un trabajador de Otay va a venir aquí a comprarse un departamento de 150 a 400 mil dólares?, no”, cuestionó.
Acusó que los desarrollos inmobiliarios están contemplados para sobrepasar el rango de “cuatro o cinco” pisos establecido para las edificaciones a la orilla del mar.
“Es un bien de la comunidad, es un derecho, su vista al mar cuando tienes un pueblito a la orilla del mar como nosotros”, expresó.
Señaló al director general ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planeación, Rodolfo Argote, de argumentar que excederse de esa altura no va contra la ley. “Cómo puede tener tantos años de maestro y trabajando en el Implan y tener esos conceptos tan limitados, hay que ver las ciudades que están a la orilla del mar y que tienen respeto por su vista y esto iba a ser Playas de Tijuana, así dice el Cocotren (Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada) y así dice el Programa Parcial de Crecimiento”, mencionó.
“Primero hay que trabajar en la infraestructura antes de densificar, entonces nosotros lo que decimos, qué no sería más lógico esperar a que el Programa Parcial de Crecimiento, que termina en 2030, y de aquí a 2030 que arreglen lo que tengan que arreglar, que pongan transportación colectiva, que abran otras vías, que cambien el drenaje y entonces en 2030 empiezan sus densificaciones”, concluyó.
Otro de los participantes, Saúl Torres, demandó que se proceda judicialmente contra quienes en la actual administración municipal que hayan expedido o expidan permisos de construcción contraviniendo a la normatividad correspondiente.
A propósito integrantes de Defendamos Playas refirieron a este semanario que la titular de la Dirección de Administración Urbana, Patricia Peterson Villalobos, concedió permiso para que Grupo Múzquiz desarrolle el complejo habitacional Civantia, en las inmediaciones de la Cañada Azteca (área natural que cuenta con ecosistema propio).
Entre los presentes estuvo el síndico procurador electo Rafael Leyva Pérez, se presentó como residente de Playas y dijo sumarse a las inquietudes de los vecinos congregados.
En cuanto a las posibles acciones a ejercer en la sindicatura, tomando en cuenta las demandas puestas de manifiesto por los inconformes por las obras emprendidas en las proximidades de la Cañada Azteca, Leyva Pérez refirió a ZETA que “llegando” será preciso “revisar cuál será la investigación de por qué se dieron esos permisos”.
Sostuvo que en caso de haber alguna irregularidad, “desde luego que habrá las sanciones correspondientes” y de llegar a detectarse algún delito, “se hará la investigación para turnar hacia la Fiscalía los actos de corrupción o las irregularidades que se hayan hecho en ese momento”.
Finalmente resaltó: ese “es un compromiso que se hizo ahorita aquí con la comunidad de Playas de Tijuana”.
