La presión social emprendida por la familia de Rosa Isela Viveros y la pequeña Leah, de 40 y 9 años de edad respectivamente, después que el hombre que las atropelló el pasado 28 de mayo fuera liberado, se concretó en resultados la tarde del domingo 4 de julio, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron en Hermosillo Sonora a Daniel Miguel Martínez Villela (se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial Art. 13, CNPP), por su presunta responsabilidad en el accidente de tránsito que terminó con la vida de madre e hija.
Sin embargo, no fue hasta la madrugada del lunes 5 de julio, cuando Daniel Miguel llegó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para certificarlo y -horas después- presentarlo ante el Juez de Control por primera vez, acusado del delito de homicidio simple intencional, por el cual -de resultar responsable- podría alcanzar una pena de entre 8 y 15 años de prisión.
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Desde el 28 de mayo, familiares y el abogado de la familia, Cuauhtémoc Castilla Gracia, emprendieron acciones mediáticas de presión, como manifestaciones públicas en vialidades y hasta en el evento del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su visita a la Capital del Estado, donde buscaron tener un acercamiento con él para que interviniera para otorgar justicia a las dos mujeres, fallecidas tras ser atropelladas cuando circulaban sobre la calle Novena, a la altura del fraccionamiento Palmar de Santa Anita, al Oriente de Mexicali.
Los primeros respondientes, peritos o mandos encargados de atender este incidente, en el que liberaron a Martínez, porque solo lo presentaron con cargos por conducir en estado de ebriedad, e intencionalmente obviaron el doble homicidio en el que había sido detenido en flagrancia, ya fueron suspendidos por la Sindicatura Municipal a cargo de Héctor Ceseña.
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Además, el vicefiscal Pedro Ariel Mendívil señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con una investigación en contra de 10 agentes y funcionarios municipales que pudieron estar implicados, por omisión o encubrimiento, en el caso.
Mendívil informó que el caso fue tipificado como Homicidio Simple Intencional y no Homicidio Culposo, con la intención de que la penalidad del caso sea mucho más severa, toda vez que con un delito de carácter “imprudencial” permitiría que el acusado pudiera llevar su proceso judicial en libertad.
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Durante este año, se han atendido en Mexicali 12 casos similares y se ha tomado la misma determinación, pero solo en siete casos, los jueces han compartido la visión de la FGE.
