Demasiado miedo tiene el partido Morena de que se den a conocer los resultados de las encuestas -si es que las hicieron- con las que se eligió a los candidatos a distintos cargos de elección popular en todo el país. Resulta que, por decisión unilateral, la Unidad Concentradora de Transparencia de dicho partido impuso una ilegal reserva de cinco años para que no se conozca nada sobre el tema.
En enero de 2021, ZETA solicitó a Morena -vía Plataforma Nacional de Transparencia, PNT- información detallada sobre el procedimiento de la encuesta utilizado para definir la candidatura de la hoy gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Se requirió la metodología, el número de personas encuestadas, la zona geográfica, entre otras cuestiones.
La solicitud con número de folio 2230000000521 se registró ante la PNT y, tras 40 días hábiles -porque solicitó una prórroga-, el partido vinotinto respondió que dicha información sería reservada por cinco años, debido a que el Artículo 31 de la Ley de Partidos Políticos define que las encuestas son parte de las estrategias políticas internas de Morena y el exponerlas afectaría el equilibrio de la contienda.
Curiosamente, dicha reserva se impuso el 15 de marzo, cuando la petición se hizo desde el 21 de enero, por lo que es evidente la correlación entre la petición a la PNT y la táctica dilatoria para reservar una información pública.
Luego de la negativa, se presentó un recurso ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la cual terminó avalando la mayoría de los alegatos de Morena.
Aunque la respuesta del INAI es verdaderamente lamentable, pues tuvo en sus manos una gran oportunidad para romper con el oscurantismo de Morena en todo el país y obligarlo a rendir cuentas, decidió irse a lo fácil y proteger al partido en el poder.
El beneficiado de todo esto es Morena, aunque hubo una ligera victoria en todo esto, ya que se ordenó a ese instituto político modificar el periodo de reserva de cinco años a solo uno, debido a que la extensión de tiempo es injustificada, máxime cuando el periodo electoral concluyó el 6 de junio, por lo que cualquier estrategia implementada por el partido, ya se consumó al momento en que Ávila Olmeda resultó ganadora de la encuesta y de la elección.
Esto quiere decir que ahora Morena se verá obligado a dar a conocer los resultados y procedimientos de dichas encuestas a partir del 15 de marzo de 2022, lo que si bien es un retraso sustancial que protege las endebles y falsas encuestas de Morena, obliga al partido a emitir una respuesta sobre el procedimiento y resultados de las encuestas.
Al final, la alcaldesa de Mexicali con licencia ya ganó la gubernatura de Baja California y nadie podrá quitarle el respaldo de casi el 50% de los votantes, pero al menos se podrá conocer un poco de las tácticas morenistas para imponer a sus candidatos.
Hasta este momento, los bajacalifornianos desconocen si hubo mano negra para impulsar a Marina del Pilar y ridiculizar al ex presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, o si realmente hubo una victoria abultada por parte de la ahora gobernadora electa.
Este tipo de conductas que atentan contra la transparencia no son nuevas dentro de la Cuarta Transformación de Baja California, pues desde septiembre de 2020, el Poder Legislativo ha impuesto una restricción para proporcionar datos de acceso a la información, bajo el argumento de la pandemia derivada de la enfermedad COVID-19 y la falta de personal en la institución, el cual permanece bajo aislamiento.
Pese a ello, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) o los diputados de la XXIII Legislatura, no han dicho ni pío, pues la realidad es que a todos les conviene el oscurantismo para protegerse con la misma cobija, o, mejor dicho, con la misma legislación.
