México es de los países que, por su posición geográfica, es altamente susceptible a las amenazas derivadas del cambio climático, por ejemplo, la sequía, acompañada de olas de calor, generan pérdidas importantes en cultivos y pastos, y aumenta el riesgo de incendios forestales. A pesar del inicio de la temporada de lluvias, actualmente se trabaja en controlar 11 incendios forestales activos en el país, en Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León. Si miramos los datos de este año, del 1 de enero al 10 de junio de 2021, la Comisión Nacional Forestar (CONAFOR) reportó 5,943 incendios forestales en el país.
Los incendios forestales son desastres naturales con múltiples impactos y consecuencias, ya que destruyen la vegetación y la fauna, alteran el balance hidrológico, la calidad del agua y la atmósfera, merman las tierras fértiles, aumentan la erosión de los suelos y propician otras amenazas como los deslizamientos de tierra.
Al respecto, no debemos perder de vista el valor que tienen los bosques, que son una fuente constante y renovable de recursos y servicios ambientales, brindan alimentos, combustibles, medicinas y materiales de construcción, además tienen un significado cultural y estético, generan bien cuidados, riqueza social. Según la CONAFOR, México tiene una extensión de 138 millones de hectáreas con vegetación forestal, de las cuales el 47% corresponde a bosques y selvas.
Para atender esta problemática, los gobiernos desarrollan políticas y programas eficaces, con recursos suficientes para proteger y manejar sustentablemente a los bosques, que vayan de la mano de una sólida política de gestión de riesgos de desastres. Y en ambos aspectos, las entidades de fiscalización superior podemos contribuir en su perfeccionamiento, ya sea vigilando el uso de los recursos destinados a estos programas y haciendo propuestas de mejora.
Por ejemplo, los programas de protección forestal, especialmente los dirigidos a la prevención, detección, combate y control de incendios forestales, cuando se articulan correctamente con las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático y las metas nacionales de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son exitosas. Cabe comentar que estas experiencias las compartimos, la ASF, como buenas prácticas comparadas mexicanas dentro del Grupo de Trabajo de Prevención de Desastres Naturales y Humanos que presidimos en la OLACEFS.
Las políticas impulsadas desde la fiscalización superior para la atención y el cuidado de la biosfera son reforzadas en su control a través de la definición de indicadores y mecanismos para evaluar sus resultados, los beneficios obtenidos, y su contribución en la reducción y recuperación de la superficie forestal afectada.
En materia de gestión de desastres, hemos verificado la existencia y oportunidad de los planes, la normatividad, las directrices aplicables, y las estrategias de coordinación entre las entidades públicas y otros actores, que contemplen la prevención de los riesgos, la atención de la emergencia y la reconstrucción y/o rehabilitación de las afectaciones.
Cada etapa de la gestión debe contar, además, con mecanismos de control y seguimiento eficientes que permitan conocer el origen, uso y destino de los recursos utilizados; definir criterios y requisitos para los beneficiarios en cada uno de los procesos relacionados con el desastre, para garantizar que los apoyos fueron entregados a la población afectada, y programar y priorizar en las etapas de rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura afectada.
El bosque es una riqueza nacional y se debe preservar e incrementar reforestando, para recuperar lo perdido, además de ser una fuente de empleo importante.
