Carlos Lomelí Bolaños, ex delegado federal de Programas para el Desarrollo en Jalisco, del Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y actual candidato a la Presidencia Municipal de Guadalajara por el partido Morena, admitió que vendió precursores químicos al Cártel de Sinaloa y entregó bienes al Gobierno de Estados Unidos por 2.7 millones de dólares para librarse de los cargos.
Ello según documentos y con el testimonio de dos ex agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense, obtenidos por el medio digital LatinUS, y publicados en un reportaje titulado ‘Carlos Lomelí admitió que hizo negocios con el Cártel de Sinaloa y entregó 2.7 mdd a la DEA para librar acusaciones’, firmado por el periodista Mario Gutiérrez Vega.
Publicidad
En 2010, Lomelí Bolaños confesó a cambio de que la DEA suspendiera la investigación iniciada en su contra en 2006 y para que la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro estadounidense, lo quitara a él y a su entonces farmacéutica Lomedic, de la lista de empresas y personas relacionadas con el narcotráfico.
En 2008, el Departamento del Tesoro de EE.UU. señaló que Lomedic, una de las compañías del ex “súper delegado” de Jalisco, tenía vínculos con el cártel de los Amezcua Contreras, cuyos integrantes eran conocidos como “Los Reyes de las Metanfetaminas”. Sin embargo, la acusación se retiró cuatro años después.
En 2017, la misma institución estadounidense dijo estar investigando a Servicios Educativas y de Negocios, otra empresa de Lomelí Bolaños, por presuntamente estar relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Publicidad
“Los documentos y las declaraciones obtenidas por LatinUS contradicen al candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Guadalajara, que públicamente ha insistido en que el Gobierno de Estados Unidos lo sacó de la lista de OFAC porque no encontró elementos en su contra”, indicó el medio digital.
Siempre según LatinUs, una sentencia final de confiscamiento emitida el 27 de enero del 2011, por un juez de Distrito de El Paso, Texas, detalla que Lomelí Bolaños entregó de forma voluntaria sus bienes al Gobierno de EE.UU. y estuvo involucrado en la distribución de tabletas Lovarin-P para fabricar metanfetamina, así como en el delito de lavado de dinero.
En la sentencia, firmada por el juez Frank Montalvo, se establece que Lomelí Bolaños y su esposa Karina Lucía Navarro Pérez, entregaron al Gobierno estadounidense cerca de 2.7 millones de dólares depositados en tres cuentas de dicho país.
“El dinero, incautado desde 2008, no fue reclamado por el candidato de Morena, ni por su esposa, de acuerdo con el documento judicial. La cuenta más grande, abierta en una subsidiaria del Banco New York Mellon, tenía depositados 1.9 millones de dólares. Las otras dos fueron incautadas con un saldo de 602 mil y 100 mil dólares, respectivamente”, agregó LatinUS.
El medio digital reveló que la declaración de responsabilidad de Lomelí Bolaños y su asociación con el Cártel de Sinaloa, fue narrada por un agente de la DEA en una reunión privada realizada en la Embajada de EE.UU. en México en marzo de 2012. “Ahí estaban presentes dos agentes de la DEA, la agregada de la OFAC en México y un grupo de abogados”, afirmó LatinUS.
Para corroborar la veracidad de lo que ahí se consignó, LatinUS entrevistó a dos ex agentes de la DEA que conocieron de cerca la investigación en contra del ahora candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara.
“Ambos confirmaron por separado que Lomelí [Bolaños] admitió su responsabilidad de facilitar precursores de drogas sintéticas y de tener relación con cárteles mexicanos, sobre quienes brindó información de primera mano”, abundó el medio digital.
“En octubre de 2008, la OFAC notificó a Lomelí y a su entonces empresa Lomedic que era parte de la lista de personas y empresas sospechosas de hacer negocios con traficantes de drogas. Días después del aviso, el Departamento del Tesoro les congeló sus cuentas bancarias e incautó sus bienes en Estados Unidos”, narró LatinUS.
“La DEA, que ya lo investigaba por facilitar químicos para elaborar drogas sintéticas, generó una alerta para Lomelí. El empresario, cuyo avión privado aterrizaba con frecuencia en el aeropuerto de El Paso, Texas, fue retenido, y él fue interrogado en esa terminal aérea por un policía de la DEA y un oficial de inmigración”, según los ex agentes entrevistados por LatinUS.
“Después de este primer interrogatorio, el hoy candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara fue dejado en libertad con la condición de que continuara en contacto con los oficiales de la agencia que llevaban su investigación”, agregó el reportaje.
“En los meses siguientes, la DEA le mostró las evidencias que tenía en su contra sobre la entrega de precursores químicos y el lavado de dinero. Fue entonces que Lomelí empezó a negociar y a colaborar hasta lograr el retiro de las acusaciones y evitar un juicio en su contra”, insistió LatinUS.
“Después de meses de proporcionar información sobre sus vínculos con el crimen organizado y negociar la entrega de sus bienes al Gobierno de Estados Unidos, Lomelí recibió el 9 enero de 2011 la notificación del cierre de la investigación y el 27 de enero el juez de Distrito, Frank Montalvo, firmó la sentencia definitiva de confiscación de sus bienes”, señaló el medio ditigal.
Según LatinUS, un año después, el 10 de enero de 2012, el entonces director de la OFAC, Adam J. Szubin, hizo una notificación pública respecto a la salida de Lomelí Bolaños y de su entonces empresa Lomedic, de la lista de personas y entidades bloqueadas por el Departamento del Tesoro.
¿QUIÉN ES CARLOS LOMELÍ BOLAÑOS?
Además de ser un empresario farmacéutico, Carlos Lomelí Bolaños, de 61 años de edad, fue diputado federal plurinominal postulado por el partido Movimiento Ciudadano (MC), en la LXIII Legislatura de San Lázaro, aunque más tarde pasó a formar parte del grupo parlamentario de Morena.
Dos años después, en agosto del 2017, el Departamento del Tesoro de EE.UU. señaló de nuevo a una empresa en la que Lomelí era socio, Servicios Educativos y de Negocios, misma que apareció en una lista de la OFAC como parte de una red de empresas ligadas al narcotraficante Raúl Flores Hernández.
En 2018, sumado al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, el empresario fue postulado por Morena como candidato a la gubernatura de Jalisco. Tras perder la elección con Enrique Alfaro Ramírez, de MC, Lomelí Bolaños fue designado por el presidente López Obrador como delegado del Gobierno Federal en Jalisco.
Sin embargo, Lomelí Bolaños renunció a dicho cargo en julio del 2019, cuando las empresas farmacéuticas de las que era dueño, eran investigadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) -cuya titular es Irma Eréndira Sandoval Ballesteros- por la venta de medicamentos al Gobierno Federal.
SFP INHABILITA POR DOS AÑOS A EMPRESAS DE LOMELÍ BOLAÑOS
El 13 de septiembre del 2019, la SFP inhabilitó por dos años y seis meses a dos empresas que pertenecen a Carlos Lomelí Bolaños, ex delegado federal de Programas para el Desarrollo en Jalisco, del Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un par de circulares publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la SFP informó a las dependencias y entidades del Gobierno Federal que estarían impedidas para celebrar cualquier tipo de contratos con las compañías Lomedic S.A. de C.V. y Laboratorios Solfran S.A., a las cuales también les impusieron multas, cuyo monto no fue dado a conocer.
“Las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, deberán cumplir con lo señalado en esta Circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal”, señaló la SFP, que resolvió las sanciones el 9 de septiembre del 2019.
Antes, el 15 de julio del 2019, Sandoval Ballesteros prometió llevar “hasta las últimas consecuencias” las indagatorias de las cuales, detalló en la conferencia matutina presidencial llevada a cabo en Palacio Nacional, la primera se abrió en mayo de ese mismo año.
“Recibimos con beneplácito la carta de renuncia [de Lomelí Bolaños] y refrendamos nuestro compromiso de llevar las siete investigaciones hasta sus últimas consecuencias, respetando los derechos”, dijo la titular de la SFP, quien detalló que, para realizar las indagatorias, se recabó información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las contralorías de cinco estados de la República.
La funcionaria federal detalló que, tras las primeras pesquisas, se podía determinar que “podrían actualizarse las conductas” para ser sancionadas con base en los artículos 52, 58, 60 y 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que podrían derivar en cargos por cohecho, enriquecimiento oculto, conflicto de interés y tráfico de influencias.
Lomelí Bolaños renunció el 12 de julio del 2019, como “súper” delegado, luego de ser acusado de conflicto de interés, debido a su vinculación a una red de empresas farmacéuticas que presuntamente han ganado miles de millones de pesos en contratos con administraciones de funcionarios que llegaron a través de Morena.
“El día de hoy tomé la decisión de separarme del cargo de Delegado de Bienestar en Jalisco, lo hago con un profundo sentido de responsabilidad y con claridad de miras y prioridades”, escribió ese mismo día Lomelí Baños, en su cuenta de la red social Twitter.
“Primero la Patria y su transformación, después estamos las personas. Hoy tomo distancia para que el ruido de la politiquería no afecte el trabajo que debe hacerse en Jalisco, reitero mi compromiso de trabajar por México, mi agradecimiento y lealtad al Presidente @lopezobrador_”, dijo en otro tuit el ex delegado federal.
Un mes antes, los coordinadores parlamentarios de la oposición en el Senado de la República, promovieron un exhorto para que la SFP abriera una investigación y rindiera un informe sobre la situación patrimonial y de posible conflicto de interés de Lomelí Baños.
El Punto de Acuerdo suscrito por los líderes legislativos de los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), en la Cámara alta, apremia a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a investigar los contratos obtenidos por el grupo farmacéutico vinculado al ex funcionario federal.
Según una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), difundida el 20 de mayo del 2019, la red farmacéutica a la que se vincula a Lomelí Bolaños está conformada por nueve empresas “que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario sólo reconoce como propias cuatro de esas compañías”.
Según lo indica MCCI, tan sólo una de estas empresas, Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud) ganó, en lo que iba del 2019, más de 164 millones de pesos adjudicados por la Administración de López Obrador.
Además, el Gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, militante de Morena, asignó en diciembre del 2018, un contrato directo a esta misma compañía, por 36 millones de pesos.
La investigación de MCCI indicó que al frente de Abisalud habían estado José Hiram Torres Salcedo y Mario Vargas Lomelí, exsecretario y sobrino de Lomelí Bolaños, respectivamente. Además, en las otras ocho empresas del consorcio, habían participado 11 familiares y colaboradores cercanos al ex “súper delegado” de Jalisco, quienes habían intercambiado cargos en dichas compañías durante los últimos años.
“De las nueve compañías, las cuatro farmacéuticas que han sido reconocidas por el Súper Delegado Lomelí en su declaración 3de3, en el apartado de conflicto de interés, presentada en febrero pasado, son Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra. Sin embargo, en todas ellas colaboran las mismas personas que aparecen en las cinco empresas restantes, en donde el Súper Delegado no reconoce tener participación”, según indicó MCCI.
Las ocho compañías eran Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran, Laboratorio Bioterra, Lo Vending Group, MC-Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri y Grupo Quiropráctico del Bajío.
Asimismo, las personas a las que se hacía referencia son la exesposa de Lomelí Bolaños: Lourdes del Socorro Abundis Valdepeña, y sus hijos Carlos, Karla Millaray y Lourdes Saraí Lomelí Abundis; además de su actual esposa Karina Lucía Navarro Pérez, y los tíos de ésta, Jorge y Francisco Ramón Pérez Estrada.
“En la misma condición están operadores cercanos de Lomelí como José Hiram Torres Salcedo, quien fuera su secretario particular y candidato a la alcaldía de Zapopan por Morena en las elecciones de 2018, y Juan José Soltero Meza, excoordinador de la campaña a la gubernatura en Jalisco de Carlos Lomelí”, según reportó MCCI.
La ONG consultó registros públicos de Jalisco, Nayarit y Guanajuato, que también vinculan a esta red empresarial a Juan Carlos Tadeo Ramírez Martínez, esposo de la diputada local de Morena, Erika Pérez García, y a Journey García, amigo de Lomelí Bolaños.
La investigación de MCCI recordó que los contratos públicos de las empresas que integraban esta red ya habían sido objeto de señalamientos en el Congreso de la Unión y de autoridades sanitarias, como la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Las compañías vinculadas a Lomelí Bolaños, estaban acusadas, también, de vender a sobreprecios o distribuir medicamento falso. “Además, en al menos una ocasión Abisalud y Lomedic, participaron en una misma licitación por un contrato de 85 millones de pesos”, indicó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
La investigación de MCCI encontró, además, que varias de las farmacéuticas compartían domicilio. Ante ello, a partir de solicitudes a archivos públicos se documentó que Lomelí Bolaños compró en 2008 una finca de 162 metros cuadrados, sin número, sobre la calle Chicle de la colonia El Colli. Hoy ese inmueble está marcado con el número 205 y en ese predio está construido un edificio.
Según consta en los documentos consultados por la ONG, para obtener un contrato con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 2014, y también para darse de alta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en 2015, Abisalud dio como su domicilio la calle Chicle y el número 205-1.
Ya en junio de 2015, Lomelí Bolaños refirió como domicilio particular el número 205, interior dos, ante el mismo IMPI para registrar Lomedic, empresa que siempre ha reconocido como suya.
Además, la empresa MC-Klinical, fundada por su exesposa, y en ese entonces representada por su hija Lourdes, difundió en el padrón de proveedores de Zapopan, en diciembre de 2018, que su domicilio se encontraba también en la calle Chicle número 205.
En el mismo Registro Público de Jalisco se encontraron archivos en los que Lomelí Bolaños aparecía como dueño de otro lote localizado en el número 234 de la calle Chicle, justo frente a los domicilios de las empresas arriba mencionadas. En este segundo terreno se encontraban las oficinas de la empresa Lo Vending, entonces manejada por sus hijos y fundada por él.
Los documentos del Registro de Jalisco muestran que en noviembre de 2017 Lomelí Bolaños incorporó a un fideicomiso, manejado por BanRegio, dos lotes de su propiedad: predios que corresponden a los números 234 y 205 de la calle de Chicle.
Durante la campaña electoral de 2018, Lomelí Bolaños ya había negado su vinculación a Abisalud. “Es totalmente falso, eso no lo tengo que decir yo porque no es mi empresa, que vayan e investiguen y citen a la empresa y a las personas señaladas”, dijo en una de las ocasiones en las que fue cuestionado.
LOMELÍ NIEGA ACUSACIONES; AMLO Y SFP DICEN QUE NO SE TOLERARÁN CONFLICTOS DE INTERÉS
“En el gobierno de @lopezobrador_ no se toleran los conflictos de interés. Quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la #4T […] Los trabajos del equipo liderado por la Secretaria @Irma_Sandoval dan otro fruto rumbo a la nueva ética pública”, tuiteó la Secretaría de la Función Pública (SFP)
“La nueva ética pública del gobierno del presidente @lopezobrador_ está a la vista de todos y su compromiso con el combate a la corrupción y la opacidad está fuera de toda sospecha. Adelante con los trabajos e investigaciones de esta @SFP_mx en la 4T”, escribió Sandoval Ballesteros, titular de la SFP.
El 31 de mayo del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró durante una conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, que si el entonces delegado federal en Jalisco resultaba implicado en corrupción, sería denunciado y castigado.
“Lo único que puedo decir es que no actuamos con fobias ni con filias, es decir, es lo justo, si él está implicado en actos de corrupción va a ser denunciado, si no tiene delitos, si legalmente no tiene responsabilidad no podemos nosotros cometer injusticias”, afirmó el mandatario nacional.
“Si hay pruebas se castiga y salen del Gobierno, sea quien sea, es cero corrupción, cero impunidad […] Hay que esperar, para eso hay una autoridad y no hay intención de encubrir a nadie, de tapar a nadie”, abundó el presidente de la República.
