Carlo Emmanuel Herrero Soto es un hombre libre. El agente de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) fue declarado no culpable de la acusación de secuestro que se le imputaba y por la que permaneció varios meses preso.
Carlo Emmanuel es uno de los 5 agentes acusados de sustraer, golpear y quitarle una fuerte suma de dinero a un empresario de Mexicali, en uno de los casos más polémicos registrados, pues la Fiscalía de Secuestros logró la vinculación de 4 de los agentes con una nota con los nombres de los implicados.
Poco meses después de que fue secuestrada la víctima, apareció una hoja pegada en el cerco de su negocio donde aparecían los nombres de los implicados en el caso.
La audiencia se llevó a cabo el lunes 3 de mayo y culminó la madrugada del día 4, tiempo en el que la defensa a cargo de Elías Flores Gallegos, presentó una serie de pruebas donde se demostraba su ubicación al momento de los hechos-diferente a la escena del crimen- y los errores de la FGE de realizar el reconocimiento facial, mismos que ocasionaron la confusión con otra persona, además de desacreditar la nota donde se le implicaba.
Cabe señalar que Carlo Emmanuel se entregó ante las autoridades para demostrar su inocencia, pero durante la primera audiencia de formulación de imputación fue declarado presunto responsable e internado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Mexicali.
Su abogado particular apeló la decisión y luego de varios meses se repuso el procedimiento, donde se aportaron nuevas pruebas que desestimaron las acusaciones de la FGE, decretando su libertad inmediata.
En el mismo caso, la Fiscalía aun tiene acusaciones contra los agentes Leonardo David Ornelas Barrios, Salvador Zepeda Solano y Jesús Alberto Castañeda Nario, en el expediente 02-0202-24090 los cuales son representados por otro abogado particular.
Hay un quinto agente de nombre Saul Cruz Rodríguez, que se encuentra fuera del Estado evitando el cumplimiento de la orden de aprehensión, siguiendo su proceso por medio de amparos, de los cuales ya obtuvo una suspensión definitiva a su favor.
Según la acusación en contra de los uniformados, el 6 de agosto intervinieron al empresario y a un trabajador cuando circulaban sobre la carretera al aeropuerto en Mexicali, donde tiene su negocio; ambos fueron obligados a descender de su vehículo y sometidos de forma violenta.
Los agentes tenían “acento chilango” según refirió la víctima durante su testimonio.
Las dos unidades repletas de sujetos armados, encapuchados y con equipo táctico, obligaron al empresario a regresar al rancho donde lo golpearon y le quitaron una fuerte suma de dinero, para posteriormente llamar a su esposa y exigirle más dinero por su rescate.
Eso no fue suficiente y los supuestos agentes le reclamaron más dinero a un familiar residente de Tijuana; entre dólares y pesos, los criminales obtuvieron más de un millón de pesos
