La comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) protagonizó dos protestas en contra del presunto despojo que la empresa inmobiliaria Vidabac efectuó en perjuicio de la universidad.
La primera manifestación fue el lunes 29 de marzo, en las instalaciones del nuevo Centro del Gobierno del Estado, donde fueron recibidos por el gobernador Jaime Bonilla Valdez; la segunda, al día siguiente, en los mismos terrenos de la UPN, ubicados en el fraccionamiento Las Américas de la delegación Otay Centenario.
El director de la UPN, el maestro Juan Gabriel López Ochoa, compartió que apenas hace unas semanas se colocó un letrero dentro de los terrenos de la universidad donde se indicaba que era propiedad privada, parte del fraccionamiento que desarrolló la empresa a un costado. Cuando indagaron, la empresa les afirmó que esa área les pertenecía porque les fue otorgado desde la administración de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid.
“Es un terreno que le corresponde a la educación, es patrimonio de la educación. El gobierno recibió en donación estos terrenos en 1994, para que la UPN y la Escuela Normal tuvieran donde instalarse; solo nosotros nos venimos para acá y se nos permitió construir en una de las dos hectáreas donadas”, informó López Ochoa.
El terreno restante, a pesar de no ser de su propiedad, estuvo en mantenimiento por parte de la UPN, que lo solicitó formalmente en 2014 para construir un Centro de Investigación docente. Aunque aún no se consolidaba el proyecto, la UPN lo continuó limpiando y lo usaba para que sus alumnos realizaran actividades al aire libre.
“Si esta empresa llega a demostrar que son poseedoras de terreno, pues lo tendremos que ver en otra instancia, porque le corresponde a la propia autoridad determinar eso”, añadió el director.
A pesar de que actualmente no llevan a cabo ninguna actividad presencial en sus instalaciones, comentó que no van a permitir que los despojen de una parte de su propiedad, la cual debe ser destinada para la educación, porque así se dispuso desde que se les fue entregado a mediados de los años noventa.
Sobre la reunión con Jaime Bonilla, compartió que el gobernador les reiteró lo mencionado durante su videoconferencia del lunes -la cual ocurrió mientras los docentes y maestros se manifestaban-, que era una irregularidad cometida por el exgobernador e integrantes de su gabinete.
También les aseguró que el tema sería investigado por la propia Fiscalía General del Estado (FGE), y se integraría a la serie de carpetas de investigación por presuntos delitos cometidos por Vega de Lamadrid y sus funcionarios.
Por su parte, Bonilla fue quien reveló en su videoconferencia que el tema estaba relacionado directamente con la esposa del exgobernador, la señora Brenda Ruacho, y la construcción del centro CRIT en un terreno que le pertenecía a la empresa en cuestión.
