Integrantes de la Confederación de Asociaciones de Policías de Baja California, denunciaron que prácticamente todos los municipios y el propio Estado, incumplieron con las promesas hechas a su gremio en torno a las exigencias de seguridad social.
La mañana del 30 de marzo, Alejandro Monreal Noriega encabezó una conferencia de prensa en las instalaciones del restaurante “El Vaquero” en Mexicali, donde se hizo acompañar de los representantes de todas las agrupaciones policíacas de Baja California; señaló que la mayoría de las instituciones públicas hicieron caso omiso a la publicación del reglamento de operaciones para acceder al fondo de 400 millones de pesos, que brindará los beneficios mutualistas.
Comentó que el Congreso del Estado estableció un periodo de 90 días para emitir la reglamentación correspondiente, pero sólo los municipios de Tecate y Tijuana cumplieron con su publicación.
Lo peor es que en ninguno de los municipios se solicitó la opinión técnica de las agrupaciones policíacas, por lo que encontraron severas omisiones que no cumplirían con ninguna -o la mayoría- de sus exigencias.
Monreal Noriega aseveró que ante la omisión de las autoridades de Mexicali, Rosarito, Ensenada, el Sistema Penitenciario y la Fiscalía General del Estado (FGE), el próximo martes 6 de abril se estará presentando formalmente una demanda de amparo para obligar a las instituciones gubernamentales a reglamentar los detalles de la Ley de Seguridad Pública del Estado.
Más de 70 policías de Baja California fallecieron durante el 2020 a causa de la pandemia o en cumplimiento de su deber y un gran porcentaje de sus familias no recibió beneficios mínimos, por la falta de seguridad social.
Fue en el mes de noviembre, previo a que el Congreso del Estado aprobará los proyectos de ingresos y egresos de los municipios y de la Fiscalía, que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una “alerta temprana” como un recordatorio de que debían contemplar las reformas necesarias para garantizar la seguridad social de los elementos policiacos. En ese momento solo la Fiscalía y el Ayuntamiento de Mexicali habrían dado el visto bueno al exhorto del organismo, pero no lo integraron.
En enero de este año la CEDH retomó el tema y recordó que aún se encontraba en integración en expediente CEDHBC/TIJ/632/20/4VG, derivado de la queja presentada por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California en el mes de julio del año pasado.
En esa queja se señaló la presunta violación de derechos humanos, en perjuicio de quienes conforman las distintas corporaciones policiales municipales de seguridad pública del estado, por la falta de seguridad social, entre otras prestaciones y condiciones laborales.
