En pleno proceso electoral, el gobernador Jaime Bonilla Valdez quiere darle otro regalo a su compadre, Guillermo Ruiz Hernández, fiscal general del Estado, y pasar a sus manos la total administración de las fiscalías especializadas en el combate a la corrupción y de delitos electorales.
El dictamen 86 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, encabezada por el diputado Juan Manuel Molina, preparó la iniciativa que de acuerdo a versiones extraoficiales será presentada a votación este miércoles 21 de abril, sin un análisis profundo y sin socialización del tema.
El documento de 53 páginas propuesto por el gobernador Jaime Bonilla Valdez y su secretario Amador Rodríguez Lozano, pretende modificar los artículos 3, 9, 28, 29 y décimo transitorio, así como la adición de los artículos 24 BIS, 24 TER, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la abrogación de las leyes orgánicas de las fiscalías anticorrupción y contra los delitos electorales.
La modificación básicamente pretende acabar con todas las facultades autónomas de ambas fiscalías especializadas y anexarlas a la FGE, para que respondan a su mando, otorgándoles solo autonomía técnica y operativa.
El argumento previsto para dicha modificación es que -según el dictamen- que el Artículo 21 de la Constitución Mexicana establece que la investigación de los delitos solo puede caer en manos del Ministerio Público, quien es el único facultado para ejercer acción penal y presentar a un imputado ante el Juez, por lo que dichas fiscalías son totalmente contrarias a la Constitución.
Además de ello, otorga facultades a la Comisión Estatal de Seguridad, a cargo de Carlos Alberto Flores, para operar la Dirección del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4); la Dirección de Seguridad Privada; la Dirección del Sistema de Información de Seguridad; y la Coordinación del Centro Estatal de Denuncia Anónima.
La iniciativa también modifica la relación laboral prevista anteriormente entre el personal de base y la FGE, para que sea el Poder Ejecutivo el que determine la adscripción de los mismos.
