El primer oficial mayor, y el último del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, han sido señalados de ilícitos. Jesús Núñez renunció tras ser señalado de recibir moches, e Israel Clemente González tiene antecedentes penales, al haber purgado una pena de siete años por lavado de dinero. En el inter hubo cinco oficiales mayores estatales, el que más duró en el cargo, casi seis meses, fue Octavio Hilton Reyes; el que menos, Alexandro Morán –hijo del diputado Víctor Morán-, quien apenas completó los quince días de gestión
Israel Clemente González, el séptimo oficial mayor del Gobierno del Estado en 14 meses de administración del morenista Jaime Bonilla Valdez, establece un círculo de corrupción entre quienes han encabezado el área.
Mientras al primer oficial mayor del gobierno estatal de Bonilla, Jesús Núñez Camacho, lo investigan (a saber, la FGE no ha cerrado el caso) por actos de corrupción al ser señalado de recibir moches con el compromiso de entregar contratos de gobierno, el último, Clemente González, fue despedido en diciembre de 2019 por Alonso Pérez Rico, titular de la Secretaría de Salud del Estado, cuando ocupaba la Subdirección General del Instituto de Servicios de Salud.
De hecho, Pérez Rico le inició un procedimiento administrativo por tener, y no haber notificado, antecedentes penales. En efecto, el flamante oficial mayor fue sentenciado en 2007 a siete años de prisión por el delito de lavado de dinero.
Las historias de corrupción en Oficialía Mayor, inician el 27 de septiembre de 2019, 36 días antes de tomar posesión Bonilla del gobierno, cuando en un filtro militar, soldados detienen a un colaborador de la que sería nombrada secretaria de Bienestar, Cinthya Gissel García Soberanes, con 2 millones de pesos y 600 mil dólares en efectivo que llevaba ocultos en la camioneta que manejaba.
Más adelante se conocería, y ZETA lo hizo público en su edición del 29 de noviembre de 2019, que la corrupción en la administración de Jaime Bonilla había comenzado antes de entrar al poder. El caso inmiscuía a por lo menos tres colaboradores cercanos del gobernador, a la referida secretaria de Bienestar, al oficial mayor Jesús Núñez y al secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
Un testigo explicaría y presentaría pruebas e imágenes de capturas de celular, que la trama corrupta consistía en que la secretaria solicitaba dinero para llevar a cabo los programas sociales de la fundación de Jaime Bonilla, que era “repartido” entre funcionarios que se comprometían con los empresarios de cuyas cuentas salía el recurso, a una vez tomada la posesión de la administración pública, entregarles contratos por obra, productos y servicios.
La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación, pero los primeros en “renunciar” al gobierno de Bonilla, serían la secretaria de Bienestar, Cinthya García, y el oficial mayor Jesús Núñez, quien dejó el cargo el 1 de diciembre de 2019, justo a un mes de haber tomado posesión.
De acuerdo con Guillermo Ruiz Hernández, fiscal general del Estado, este caso de corrupción en la administración de Bonilla no está cerrado. En algún momento, la investigación continuará. Núñez no volvió a la administración pública estatal.
Clemente González tomó posesión de Oficialía Mayor este 16 de marzo, a escasos ocho meses que concluya la administración de Jaime Bonilla Valdez. El nombre del nuevo colaborador del morenista, apareció en medios nacionales como quien fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 1 de enero de 2006, cuando transportaba -también en efectivo- 725 mil 494 dólares.
Veinte días después de la detención, en el Juzgado 12 de Distrito con sede en el centro del país, le dictaron el auto de formal prisión. Posteriormente recibió la sentencia de siete años de cárcel y quedó obligado al pago de una multa por 97 mil pesos.
A la fecha, el oficial mayor de Bonilla Valdez no ha declarado el origen lícito de esos recursos, por lo que fue acusado de lavado de dinero.
A Jesús Núñez Camacho lo suplió en la Oficialía Mayor Héctor Mares, viejo conocido de Bonilla que ha sobrevivido los últimos años a la sombra de este. Fue su suplente en la diputación federal (2012-2015) y en diciembre de 2018 entró como diputado suplente al Congreso de Baja California.
Para 2019, todavía en calidad de suplente, Mares fue señalado de presionar a diputados para votar a favor de lo que ya se venía cocinando, la infame Ley Bonilla, que daría al actual gobernador cinco años de administración y no dos para los cuales fue electo. Pero, ante las presiones y los señalamientos, el 8 de julio de 2019, día en que se presenta la iniciativa de Ley Bonilla, Mares sale por la puerta de atrás del Congreso del Estado y la reforma es presentada por Víctor Morán, quien era el diputado propietario.
Como en el Congreso, Héctor Mares no duró mucho en Oficialía Mayor. En febrero de 2020 fue sustituido por Salomón Faz Apodaca, quien se convirtió en el tercer oficial mayor de la administración bonillista.
Ex priista, Faz carga en su haber con una destitución, en abril de 2019, como responsable estatal de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, ya que en calidad de funcionario federal y en horario laboral, acudió a un acto proselitista, precisamente de Jaime Bonilla.
Un mes después, en mayo de 2019, se le nombró secretario del Agua y queda como encargado de despacho el hijo de Víctor Morán, Manuel Alexandro Morán Favela, quien había sido despedido de la administración municipal de Tijuana, tras una ineficiente labor como delegado de Playas.
Quince días después, el 30 de mayo, Morán fue relegado y tomó posesión de la Oficialía Mayor el quinto en titularla, Octavio Hilton Reyes, maestro en Administración que se había desarrollado en la Iniciativa Privada, hasta que llegó, en este gobierno, a la Dirección de Servicios Generales de Oficialía Mayor.
Hilton Reyes tiene el récord de haber sido oficial mayor del Gobierno del Estado durante seis meses, hasta el 20 de noviembre de 2020, cuando tomó posesión el sexto titular del área en la administración de Bonilla, Adalberto González Higuera, quien había sido secretario de Hacienda del Estado y de cuyo comportamiento no había buenas referencias al interior de la secretaría, y cuando solicitó una incapacidad por haber dado positivo a COVID-19, el espacio que ocupaba fue entregado a otro.
El 15 de marzo de 2021, a cuatro meses de encabezar la Oficialía Mayor, Adalberto González fue designado de nueva cuenta, secretario de Hacienda del Gobierno de Baja California, y sustituido por Israel Clemente González, el séptimo oficial mayor de Bonilla, quien completa el círculo de corrupción que inició con la investigación y posterior renuncia de Jesús Núñez Camacho.
