En la República Mexicana, funcionarios y entidades gubernamentales cometieron delitos, incluidos homicidios, “que a menudo quedaron impunes”, según denunció el Gobierno de Estados Unidos en el reporte titulado ‘Informes nacionales de 2020 sobre prácticas de derechos humanos: México”, que fue publicado este martes 30 de marzo.
“Hubo varios informes de que entidades gubernamentales o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales, a menudo con impunidad. Mientras que los grupos delictivos organizados estuvieron implicados en numerosos homicidios, actuando con impunidad y, en ocasiones, en connivencia con funcionarios corruptos a nivel federal, estatal, local y de seguridad”, indicó el informe.
En la Sección 2 del documento publicado por el Departamento de Estado -a cargo de Antony Blinken-, titulada ‘Respeto por las libertades civiles’ -en el que se incluyen ataques a la prensa-, ejemplificó el caso Sanjuana Martínez Montemayor, directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX).
La funcionaria federal supuestamente ordenó a los periodistas eliminar o no publicar contenido respecto a ciertas instituciones y funcionarios gubernamentales, según lo documentaron el medio digital Aristegui Noticias, Signa_Lab -del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)-, y la organización no gubernamental Article 19.
“La ley establece la libertad de expresión, incluida la de prensa, y el gobierno en general respetó este derecho. La mayoría de los periódicos, estaciones de televisión y estaciones de radio eran de propiedad privada. El Gobierno tenía una presencia mínima en la propiedad de los medios de comunicación, pero siguió siendo una fuente importante de ingresos publicitarios para muchas organizaciones de medios, lo que en ocasiones influyó en la cobertura”, señaló el Departamento de Estado de EE.UU.
“Los monopolios de los medios, especialmente en los mercados pequeños, restringieron en ocasiones la libertad de expresión […] los periodistas pueden criticar al gobierno y discutir asuntos de interés general sin restricciones. Sin embargo, los políticos desacreditaron y criticaron públicamente a estos periodistas”, abundó el informe del Gobierno estadounidense.
Asimismo, el Departamento de Estado de EE.UU. resaltó que los periodistas que asisten a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y le hacen cuestionamientos difíciles, son víctimas de ataques a través de redes sociales.
“Periodistas que hacen preguntas difíciles al presidente durante sus conferencias de prensa reciben ataques vía Twitter. Los tuits diseminan sus identidades y a los medios que representan y también hacen amenazas veladas”, indica el informe del Departamento de Estado estadounidense.
“Los medios independientes estuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricciones, pero a menudo se autocensuraron por temor a represalias. Los periodistas en Nogales, Sonora, dijeron que estaban al tanto de las líneas rojas tácitas al cubrir el crimen organizado y que cruzar las líneas, como mencionar el nombre de un presunto agresor, podría resultar en daños personales”, destacó el informe.
Asimismo, advirtió que los periodistas fueron asesinados o sometidos a ataques físicos y virtuales, acoso e intimidación -en especial por parte de agentes estatales y organizaciones delictivas transnacionales-, en respuesta a su trabajo, lo que limitó la capacidad de los medios para investigar e informar, ya que muchos de los reporteros ejecutados cubrieron el crimen, la corrupción y la política local.
“Los altos niveles de impunidad, incluidos los asesinatos o los ataques a periodistas, dieron lugar a la autocensura y la reducción de la libertad de expresión y de prensa”, señaló el informe del Departamento de Estado estadounidense.
LEER EL REPORTE COMPLETO AQUÍ: https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/mexico/
EL CASO DE BAJA CALIFORNIA
“El 16 de julio, más de 80 periodistas de Baja California firmaron una carta a la CNDH denunciando los ataques verbales del gobernador Jamie Bonilla contra el diario La Vo z de la Frontera, la corresponsal del diario Reforma Aline Corpus, la revista regional Semanario Zeta y su directora Adela Navarro”, recordó el Gobierno de EE.UU. en su informe.
El 18 de julio del 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó un llamado urgente al Gobierno de Baja California, encabezado por Jaime Bonilla Valdez, para que garantizara el respeto a la labor informativa de periodistas y se asegurara el respeto a la libertad de expresión y de acceso a la información, además de que reconociera su importancia social.
“Los derechos a la libertad de expresión, de prensa e información deben ser parte indispensable de la agenda pública […] Sólo una sociedad informada tendrá una participación activa en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas de los poderes públicos […] Una cultura de respeto a la libertad de expresión y de prensa garantiza una buena gobernanza”, indicó la Comisión, cuyo presidenta es María del Rosario Piedra Ibarra.
“La CNDH hace un llamado urgente a las autoridades estatales y municipales del Estado de Baja California para que tomen las medidas necesarias con las que se asegure el respeto al pleno ejercicio a la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información, y brinden las condiciones óptimas para que la labor informativa no se vea afectada de manera directa o indirecta”, señaló la CNDH en un comunicado.
“Recientemente medios destacados como Semanario ZETA, Diario Reforma, Aline Corpus, La Voz de la Frontera, y otros medios locales, han manifestado su preocupación por la ausencia de oportunidades para acceder a información de manera directa, personal, inmediata y pública, sobre distintos temas de interés común”, agregó la Comisión.
“[…] toda vez que se ha condicionado el acceso a la información a requisitos previos, como son cuestionarios específicos o bien al uso de sitios web oficiales, que por su naturaleza permiten centralizar los contenidos, organizar las fuentes informativas y orientar la navegación de los usuarios, pudiendo incidir con ello en el libre acceso e intercambio de información”, abundó el organismo defensor de los DDHH.
“Al respecto, la CNDH en concordancia con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) subraya que cualquier restricción en la circulación libre de ideas y opiniones, la imposición de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo violan el derecho a la libertad de expresión”, detalló el documento de la institución, difundido a través de sus cuentas en las redes sociales.
“Para la CNDH es de suma relevancia que las autoridades de los tres niveles de gobierno reconozcan y difundan la relevancia de la labor que realizan las y los periodistas en beneficio de la sociedad, y de esta manera se fortalezca una cultura de respeto a sus derechos humanos”, insistió la Comisión.
“Es necesario crear un frente común para apoyar y defender a quienes, inclusive a riesgo de su propia vida, ejercen su libertad de expresión para comunicar, difundir y denunciar públicamente temas que nos atañen a todos, y cuyo fin último es asegurar la participación consciente e informada de la ciudadanía”, agregó la CNDH.
“El pleno ejercicio de la libertad de expresión y de prensa debe ser prioritario, solo así se asegurará el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho y, en consecuencia, el irrestricto respeto a los derechos humanos”, finalizó el comunicado de la Comisión.
El 17 de julio del 2020, un grupo de periodistas extendieron una misiva a la presidenta de la CNDH, así como al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Defensores Humanos, y al Sistema Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, denunciando los ataques directos en contra de medios de comunicación, entre ellos al semanario ZETA y al periódico Reforma, así como bloqueos informativos por parte del gobernador bajacaliforniano.
La carta firmada por 86 periodistas de diversos medios de comunicación de la entidad, denunciaron que desde el inicio del Gobierno de Bonilla Valdez, la información relevante solo es divulgada en sus transmisiones en la red social Facebook, no permitiendo la retroalimentación. Además, reclamaron que el mandatario estatal ha utilizado su cargo para agredir y estigmatizar a algunos medios de comunicación que se dedican al periodismo de investigación.
Por su parte, Artículo 19, organización no gubernamental internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, envió el 15 de julio del 2020, una carta dirigida a Jaime Bonilla Valdez, en la cual dijo estar preocupada por los ataques contra la prensa y periodistas en dicha entidad.
La misiva titulada ‘Carta al gobernador de Baja California: Preocupante los ataques contra la prensa y libertad de expresión en la entidad’, que difundió la ONG en su Oficina para México y Centroamérica, señaló que ha documentado una serie de agresiones contra el semanario ZETA, de parte de funcionarios de la Administración de Bonilla Valdez, así como del mismo gobernador bajacaliforniano.
“En particular, resalta el más reciente escalamiento de estas agresiones cuando al culminar una transmisión en vivo se utiliza el término ‘MENTIRAZ CON ZETA’ para calificar cualquier trabajo periodístico el cual discrepe con los datos oficiales presentados”, indicó Artículo 19, que en México y Centroamérica era entonces dirigida por Ana Cristina Ruelas Serna.
La ONG internacional pidió al gobernador Bonilla Valdez, en su carta, dar al semanario ZETA “las mismas garantías de acceso informativo que se dan a los medios de comunicación para garantizar el libre flujo de la información en Baja California”.
La organización no gubernamental llamó, también, a cesar los comentarios estigmatizantes hacia las y los reporteros de ZETA, “así como a reconocer la importancia de labor del trabajo del semanario dentro de la democracia en Baja California”.
Por último, Artículo 19 en su oficina para México y Centroamérica, recordó que “las autoridades deben siempre garantizar el pleno ejercicio de la labor periodística en base al derecho de acceso a la información, particularmente dentro del contexto actual de pandemia”.
Asimismo, Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización no gubernamental internacional con sede permanente en París, que defiende la libertad de prensa en el mundo y, en concreto, a los periodistas perseguidos por su actividad profesional, se sumó a la condena de los ataques en contra de Adela Navarro Bello, directora general del semanario ZETA, además de que pidió a Bonilla Valdez “garantizar el ejercicio periodístico en su gobierno”.
Un día antes, el 14 de julio del 2020, la periodista Adela Navarro Bello, directora general del semanario ZETA, denunció a través de su cuenta en la red social Twitter, que el gobernador Bonilla Valdez arremetió contra el citado medio, pero también contra su persona, ya que al mandatario estatal le molesta la información que dicho medio publica.
Al respecto, durante una gira de trabajo por Ensenada realizada el 17 de julio del 2020, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, aseguró que “no leyó, ni le preocupa”, el desplegado que un grupo de 86 periodistas lanzaron a nivel nacional para exigir transparencia, libertad de prensa y respeto hacia los medios de comunicación de la entidad.
